Condenan a un profesor de la UMA por pedir sexo a una alumna a cambio de aprobarle una asignatura

MÁLAGA 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial ha condenado a un año de prisión y a seis de inhabilitación a un profesor de la Universidad de Málaga (UMA) que pidió sexo a una alumna a cambio de aprobarle la última convocatoria de una asignatura de Magisterio.

En concreto, los hechos han sido calificados por la Sala como una falta de vejaciones injustas --por los tocamientos sin ánimo libidinoso-- y un delito de abuso de funcionario en el ejercicio de su función. Además, deberá indemnizar a la joven con 2.000 euros por los daños morales sufridos.

Según consta en el apartado de hechos probados de la sentencia, el acusado es funcionario de la Junta de Andalucía y profesor de una asignatura del último curso de Magisterio; y la víctima era alumna no presencial del tercer curso, "y no hubo contacto previo alguno con anterioridad a estos hechos".

El profesor ha negado su participación en los hechos, asegurando haber faltado a su despacho tras sufrir un cólico. Por ello la citó en su casa, donde le hizo "un examen oral", tras el que le dio un cinco, según publica este jueves La Opinión de Málaga. Además, ocultó a la joven que aún le quedaba una convocatoria de gracia.

Por su parte, la declaración de la ofendida ha sido "sincera, coherente y verosímil" para el tribunal, que no ve motivos espurios en su denuncia, pues ella misma habló con el decano para que anularan la nota. De hecho, la consideraron aprobada tras una reunión de la junta directiva. La UMA no ha sido declarada responsable civil subsidiaria, como en un principio pidió la Fiscalía.

RELATO

Al parecer, la joven suspendió el examen escrito de la última convocatoria de la única asignatura que le quedaba para terminar Magisterio, por lo que, para evitar tener que marcharse a otra universidad para finalizar la diplomatura, acudió al departamento de la facultad y le explicó al acusado "su delicada situación académica".

Así, el profesor le pidió su número de móvil, entre otros datos, y le citó de nuevo en su despacho el 16 de febrero de 2010, pero la perjudicada recibió luego otra llamada a su teléfono para pedirle que fuera a su domicilio de Málaga a las 19.30 horas del día siguiente.

Ésta acudió al lugar junto a su hermana, su cuñado y un amigo, "al resultarle extraño el lugar y el modo en el que había sido citada"; y "el acusado le franqueó la entrada de su casa, cerró la puerta con llave y se sentaron en el salón de la vivienda", apunta la Sala.

Así, "tras mantener una breve conversación sobre su futuro profesional, el acusado le dijo que si quería aprobar tendría que hacer algo, a lo que ella opuso que a qué se refería" y, finalmente, éste le dijo que "si quería aprobar tenía que darle sexo", señala el tribunal.

De esta forma, "ella se levantó inmediatamente diciéndole que se estaba equivocando, y él la sujetó del brazo, le levantó la camiseta y comenzó a tocarle de cintura para arriba preguntándole si llevaba micrófonos". En su búsqueda, que la Sala desposee de ánimo lúbrico, llegó a tocarle "el pecho, por lo que ella comenzó a gritar".

La hermana, que se encontraba en la escalera, escuchó a la joven y comenzó a golpear "fuertemente la puerta", por lo que el profesor la abrió y la dejó salir. Una vez fuera del domicilio, la víctima relató lo sucedido a sus amigos, que la esperaban en el portal.

En ese momento, el acusado llamó al móvil de la chica, que descolgó el cuñado y al que dijo que no debía preocuparse porque estaba aprobada, como así comprobaron más tarde, una vez en casa. El tribunal asegura que llamaron a la Policía para denunciar los hechos, y el 17 de febrero de 2010 la joven fue atendida en el Servicio de Urgencias del Hospital Carlos Haya, donde se le diagnosticó un síndrome de ansiedad reactiva.

DAÑOS MORALES

La Sala califica la actuación del profesor como "reprobable", al tiempo que considera "indemnizables los daños morales que la actuación del acusado ha causado a la denunciante, habida cuenta de la reprobable acción del acusado".

Añade que a éste, "al igual que a cualquier otro ciudadano, en este caso, por su condición de funcionario público y profesor universitario, le es exigible un mayor, adecuado y honesto comportamiento profesional y con los alumnos, máxime tratándose de un profesor de psicología que imparte su materia en la Facultad de Ciencias de la Educación".