MÁLAGA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Asociación Provincial de Empresas de Transporte y Agencias de Málaga (Apetam) ha reclamado colaboración para "entre todos" buscar "una solución a los daños ocasionados en los vehículos durante los servicios de transporte escolar". Así, estiman que cada año los daños suponen unos 90.000 euros.
Los profesionales dicen no entender "que los desperfectos y roturas ocasionados durante estos desplazamientos, tengan que ser asumidos por las empresas operadoras".
Han incidido en que los daños ocasionados en los vehículos destinados al transporte escolar en la provincia de Málaga "se han cuantificado en más de 90.000 euros, siendo principalmente roturas en asientos, tapicerías, reposición de elementos de seguridad como los cinturones de seguridad, martillos de emergencias o en los mecanismos de climatización o de apertura de puertas".
El presidente de Apetam, Antonio Vázquez, ha apuntado que "a pesar de que se contemplan medidas de sanción en los pliegos de las licitaciones, estás nunca se cumplen, a pesar de las reclamaciones de las empresas de transporte".
Así, ha solicitado "la colaboración de la Agencia Andaluza de Educación como prestador del servicio, para que reclame a los centros esos daños. Las empresas no pueden asumir más esta situación".
Ha detallado que en los pliegos del concurso de transporte escolar, se señala expresamente que "los centros que dispongan de transporte escolar, a fin de garantizar el uso adecuado de este servicio, deberán recoger en su Proyecto Educativo las normas de convivencia, de organización y funcionamiento, que garanticen el debido comportamiento y el uso adecuado de este servicio".
"Asimismo, establecerán las medidas preventivas y correctoras oportunas, así como el procedimiento de su aplicación de acuerdo con el artículo 32 del Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación especial y el artículo 33 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria".
Desde Apetam insisten en que conforme a las funciones que le corresponden al centro escolar, "debe tomar las medidas adecuadas para corregir el comportamiento y articular las medidas que procedan para garantizar el uso adecuado del servicio de transporte escolar por parte de los alumnos que hacen uso del mismo".
"Además, cada alumno de centro público en Andalucía, que esté debidamente matriculado, forma parte de diferentes pólizas de responsabilidad civil para este tipo de cuestiones, y que deberían ser aplicadas cuando la gravedad de los hechos así lo requiera. Hay establecida una serie de sanciones que deberán asumir los padres de los alumnos que llegan a establecer multas de 100 euros por alumno". "Pero la realidad es que nunca se ponen sanciones, aunque lo denuncie el transportista", ha añadido el presidente de Apetam.
Ha recordado que en el último año "hasta un centenar de incidentes de cierta gravedad se han dado en autobuses con alumnado en la provincia de Málaga, siendo la tapicería, las lunas, el mecanismo de las puertas, los martillos de emergencias, los cinturones de seguridad, los extintores o los conductos de aire acondicionado los principales objetivos de agresiones y actos vandálicos".
"En el curso anterior y lo que se lleva transcurrido del presente, se han computado más de 90.000 euros en daños, que tiene que pagar la pyme del transporte en un servicio público vital, con un margen de lo más ajustado. Estas roturas en los vehículos no entran en las pólizas de seguro habituales --estas no cubren daños propios en el interior del vehículo-- por su enorme coste o por la negativa de las aseguradoras, con lo que el coste de cada reparación es más que considerable", ha añadido Vázquez.
Por ello, desde la Asociación de Empresas de Transporte de Málaga piden "a la Agencia Andaluza de Educación, que articule fórmulas para compensar a las empresas, y que se atiendan las reparaciones de los vehículos y a la Consejería de Educación que de instrucciones a los directores de los centros para tomar las medidas que sean necesarias para evitar estos actos vandálicos".
También reclaman los profesionales que "se impulsen cursos y charlas de nociones básicas de comportamiento al inicio de cada curso, con el objetivo de fomentar trayectos seguros y sin incidencias, velar por la Seguridad Vial de todos y evitar daños en los bienes comunes que se usan durante el curso escolar". "Todo esto también forma parte de la educación cívica de una sociedad", ha concluido Vázquez.
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