Antonio Sanz (c) en una reunión con responsables de instituciones jiennenses.
EUROPA PRESS
Actualizado: lunes, 4 septiembre 2017 16:05

ARCHIDONA (MÁLAGA), 4 (EUROPA PRESS)

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Archidona (Málaga) ha decidido dejar sin efecto la orden de localización y presentación dictada sobre la mujer que desde finales de mes de julio estaba en paradero desconocido junto con sus dos hijas a las que debía de entregar a su padre en cumplimiento del régimen de visitas. La mujer ha informado del domicilio en el que estaban las menores y ha quedado en libertad provisional.

Así lo han informado desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), apuntando que esta decisión se ha adoptado tras haber tomado declaración a la mujer en calidad de investigada por un delito de sustracción de menores, con la presencia del representante del ministerio fiscal y de los dos letrados de los padres.

Desde el alto Tribunal andaluz han indicado que las dos partes en conflicto mantienen conversaciones a través de sus representantes para acordar un régimen de visitas para el padre de los niños. Además, dicho juzgado sigue tramitando la denuncia por violencia de género presentada por la mujer el pasado 30 de mayo contra su expareja.

La mujer, de 41 años y vecina de dicha localidad, se ha personado voluntariamente en la mañana de este lunes en el juzgado, acompañada por su letrado y su madre. Al parecer, en su declaración, habría indicado que las niñas estaban con la familia materna, según otras fuentes.

Se le investiga por un presunto delito de sustracción de menores, al haber estado ilocalizada con sus dos hijas, de siete y cinco años, desde finales del mes de julio, fecha en la que las menores debían haber sido entregadas al exmarido, quien presentó una denuncia contra su exmujer por esto. La orden requisitoria para su localización llegó a las Fuerzas de Seguridad el pasado 14 de agosto.

Ese mismo juzgado sigue tramitando la denuncia por violencia de género que presentó la mujer contra su exmarido el pasado 30 de mayo en virtud de la cual se dictó una orden de alejamiento contra el exmarido. Ese día, la jueza escuchó a la mujer, a su expareja y a varios testigos, y a petición del fiscal acordó una orden de protección para ella.

Además, el pasado 10 de julio, también a petición de la Fiscalía, la jueza solicitó a través de un oficio a la Unidad de Valoración Integral de Violencia de Género un informe psicológico de la mujer para analizar la veracidad de su declaración judicial. El 31 de julio, la jueza escuchó la declaración de otro testigo en relación con los hechos denunciados.

La mujer contrajo matrimonio con un ciudadano de nacionalidad griega, con el que tuvo a las dos niñas. Al parecer, la pareja se separó y en los últimos tiempos no se veía a la mujer por el municipio, algo que no extrañó a los vecinos, ya que su pareja pasaba largas temporadas fuera trabajando.

La mujer no había solicitado los servicios municipales del Centro de Información a la Mujer ni tampoco era usuaria de los servicios del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), dependiente de la Junta de Andalucía.

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