El exalcalde de Estepona Antonio Barrientos declara durante diez horas por el caso Astapa

MÁLAGA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El exalcalde de Estepona (Málaga) Antonio Barrientos ha declarado este jueves durante unas diez horas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de dicha localidad, que investiga el caso 'Astapa', sobre la supuesta corrupción en ese municipio, para "aclarar" todo lo que se le ha preguntado por parte del juez y del fiscal Anticorrupción.

En esta causa, Barrientos sólo declaró cuando fue detenido en junio de 2008, por lo que ha asegurado que ha sido una comparecencia "muy positiva porque después de diez años me han dado la posibilidad de expresarme y de dar las explicaciones oportunas". "Salgo muy satisfecho, aunque sé que de este cáliz voy a tener que seguir bebiendo, pero he podido explicar muchísimas cosas", ha dicho en declaraciones a los periodistas.

El exregidor ha explicado que ha pedido un contrainforme de los informes periciales patrimoniales realizados sobre él, donde hay datos bancarios, sobre viajes o unas obras en su domicilio "que no se corresponden con la realidad" y que contienen, además, "interpretaciones".

Ese contrainforme, encargado a un catedrático de derecho financiero, se remitirá al juzgado cuando esté terminado "y me pondré a disposición del magistrado para contestarle a todos los pormenores que se dicen", ha manifestado, apuntando que ha pedido al juez que saque del proceso a su madre, investigada por la recalificación de una finca, "porque ha quedado demostrado que es urbana desde 1994 y mantiene la misma calificación urbanística a día de hoy".

Además, ha señalado que ha contestado a todo lo relativo a los expedientes administrativos y al "cien por cien" de lo preguntado sobre los convenios urbanísticos investigados, supuestamente, infravalorados, apuntando en declaraciones a Europa Press que "no ha habido ninguna pregunta que haya dicho 'no me acuerdo' o 'no lo sé'", por lo que ha esperado que todo "haya quedado suficientemente claro".

En este punto, ha asegurado que ha mostrado documentación relativa a los convenios de planeamiento y ha indicado que en su declaración ha dicho que "si volviera a ser alcalde, que Dios no lo quiera, no me gustaría tener una empresa como Valle Romano, sino 50".

LA CAUSA

El procedimiento se encuentra en la "recta final" de la fase de instrucción y ya se han incorporado informes tanto a nivel policial como a nivel pericial que estaban pendientes. Durante este mes de diciembre, declararán otros investigados.

En la primera fase de la operación policial del caso 'Astapa', desarrollada en junio de 2008, fueron detenidos cargos políticos y concejales, como el entonces alcalde, que pasó seis meses en prisión; así como empresarios, técnicos y empleados municipales y algunos familiares de éstos. Actualmente, son más de cien las personas investigadas.

En este caso, se investiga una presunta estructura de corrupción municipal "orientada a obtener fondos de distintos promotores y empresarios" para financiar actividades públicas y privadas "de los partidos políticos en coalición" y "enriquecerse personalmente", según se desprende de lo actuado por parte de los investigadores y la Fiscalía Anticorrupción.

Así, entre los delitos que se investigan están el de cohecho, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, prevaricación o fraude. Los investigadores han realizado numerosos informes tras analizar la abundante documentación intervenida en los distintos registros practicados y, además, se han remitido comisiones rogatorias.

Inicialmente, se señalaba que una de las principales fuentes para obtener ingresos "era la infravaloración de los aprovechamientos urbanísticos, propiciando un notable incremento en la plusvalía en los promotores y empresarios a los que como contrapartida se les solicita el pago de cantidades de dinero". El sumario apuntaba a un supuesto enriquecimiento de los investigados.

El juzgado declaró compleja la causa, dando el instructor varios argumentos como "la cantidad de delitos objeto de investigación" y el que ha sido necesario recurrir a las comisiones rogatorias a varios lugares, como Andorra, Reino Unido o Suiza; y contar con informes periciales que "constituyen el pilar fundamental para poder dictar resolución trascendental".