Exalcalde Estepona dice que sentencia de Astapa constata su gestión "impecable" que generó "plusvalías extraordinarias"

MÁLAGA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El exalcalde de la localidad malagueña de Estepona Antonio Barrientos, condenado por un delito de cohecho pasivo por el caso 'Astapa', ha asegurado que la sentencia reconoce "la escrupulosa legalidad de todos los convenios urbanísticos" y, además, "constata que se obtuvieron, gracias a la buena gestión de mi Gobierno, unas plusvalías extraordinarias de más de 100 millones de euros para el pueblo, para las arcas públicas".

"Que Antonio Barrientos fue un alcalde honesto, íntegro y decente, que pude meter la pata, pero que jamás metí la mano", ha asegurado el exregidor, quien ha dado este jueves una rueda de prensa para analizar la sentencia de este caso que se dicta 18 años después de que comenzara la investigación de esta causa, en la que finalmente han sido condenadas 15 personas a penas menores de inhabilitación o suspensión y 31 han sido absueltas.

El expolítico ha explicado que los convenios con promotores fue "la piedra angular" sobre la que se formó este caso, hablando de presuntas irregularidades que "se han mantenido durante casi 18 años en la acusación de este procedimiento", pero que la sentencia rechaza y descarta, ya que concluye que se siguieron los cauces legales, "con escrupulosa legalidad".

En este sentido, ha señalado que de la resolución también se desprende que su gestión fue "impecable" y que "siempre actué en defensa de lo público, en defensa de los intereses de mi pueblo, de los ciudadanos de Estepona" y, además, ha asegurado que se indica que "ningún promotor fue ni presionado ni amenazado ni coaccionado" para supuestas irregularidades.

A pesar de esto, Barrientos, que ha dicho que no volverá a la política, ha asegurado que no puede estar contento con el fallo, por lo que ha recordado que su defensa ya ha anunciado la interposición de un recurso de casación contra la condena a cinco meses de suspensión de empleo y cargo público por un delito de cohecho.

En relación con esta condena, el exalcalde ha señalado que "algo me tenían que buscar", pero ha manifestado que quiere demostrar su inocencia "por la memoria de mi madre y por mi hijo, para que el día de mañana nadie le pueda decir que su padre tuvo una mancha en el traje".

Ha criticado la actuación del fiscal y del denunciante, y ha señalado las consecuencias de este proceso: "Después de 18 años de esta atrocidad, de esta aberración, de este sufrimiento que hemos pasado, ha habido gente que se ha quedado en el camino, que ha habido ruinas de personas a nivel profesional, que ha habido gente que ha tenido problemas y ha enfermado", insistiendo en "muchas destrucciones de muchas familias por esta infamia, como se ha quedado demostrado al final".

La sentencia, consultada por Europa Press, señala que "no se ha probado" que los exresponsables municipales, entre los que estaba Barrientos, "impartieran instrucciones a técnicos y empleados para que realizaran manipulaciones documentales o maniobras de impulso o ralentización de determinados expedientes" y que se trata de convenios "perfectamente lícitos", así como que "se cumplieron todas las exigencias", también en el ámbito de la disciplina urbanística.

Sobre el aspecto de enajenación de aprovechamientos urbanísticos, se indica que "en la tramitación de todos los convenios, cuya legalidad no se cuestiona, se cumplieron de forma escrupulosa todas las exigencias procedimentales, habiéndose, además, establecido por parte del alcalde como trámites adicionales, algunos que no resultaban legalmente exigibles".

En cuanto a la disciplina urbanística, bloque en el que solo estaba acusado Barrientos, aunque se admite que se iniciaron muchísimos expedientes "que luego quedaban paralizados, lo que acabó produciendo la prescripción", estima que tales hechos no son imputables al exalcalde porque no era responsable al haber delegado la competencia en este punto concreto.

Pero, además, para la Sala "no existe prueba alguna de que diera el señor Barrientos órdenes expresas a los funcionarios y técnicos competentes para que paralizaran los expedientes de disciplina urbanística".

En general, se indica que los pagos, contribuciones, donaciones, o aportaciones extraconvenio "fueron voluntariamente asumidos por los distintos promotores". "Nadie dijo haber sido chantajeado, amenazado o coaccionado para que hiciera una determinación contribución que se le pidió, o se sugirió hiciera desde el Ayuntamiento", apostilla la resolución.