MÁLAGA, 11 (EUROPA PRESS)
La Fiscalía Anticorrupción en Málaga ha rebajado a dos años de prisión --inicialmente pedía diez años y nueve meses-- la petición de pena para el exalcalde de Estepona (Málaga) Antonio Barrientos por el denominado caso 'Astapa', sobre la supuesta corrupción política y urbanística en dicha localidad. En total, mantiene la acusación para 37 procesados.
Así se desprende del escrito de acusación definitivo que ha presentado el fiscal encargado del caso desde el principio ante el Tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia de Málaga que juzga esta causa, que investiga el periodo 2003-2008, y que llegó a tener más de 100 procesados.
Tras 16 años de investigación, en enero de 2023 comenzó el juicio con casi 50 acusados, entre ellos el exalcalde socialista Antonio Barrientos, para el que el fiscal solicitaba entonces una pena de diez años y nueve meses de prisión e inhabilitación para empleo público por 38 años y multa por un delito continuado de falsedad, fraude y malversación, por otro de cohecho, por prevaricación y tráfico de influencias.
Ahora, en sus conclusiones definitivas, que serán expuestas la próxima semana y a las que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal mantiene para Barrientos la acusación por el delito continuado de falsedad, fraude y malversación, por el de cohecho y por el de prevaricación, pero rebaja considerablemente la petición por cada delito hasta un total de dos años de cárcel y nueve años y tres meses de inhabilitación para cargo público.
La acusación pública sostiene, como ya hizo en su primer escrito, que se han producido dilaciones indebidas en este procedimiento, que considera "extraordinarias", por lo que insta a que se aplique esta circunstancia que atenúa la pena pero ahora como muy cualificadas y que por esto se rebaje la pena a imponer en dos grados.
Asimismo, retira toda petición de indemnización tras haberse apartado como acusación el Ayuntamiento de Estepona, que se ha reservado la posibilidad de ejercer acciones civiles en su caso, y "no haber más perjudicados" en esta causa.
En esta causa están procesados otros exresponsables municipales entonces miembros del PSOE y del Partido de Estepona; así como empresarios y funcionarios. En sus conclusiones definitivas, Anticorrupción pide la absolución de nueve personas para las que retira la acusación y rebaja las penas solicitadas para el resto de acusados.
Para el resto de los acusados, las penas oscilan entre el pago de una multa y los dos años y medio de cárcel en el caso de dos de los procesados, como son el exedil de Hacienda, que llegó a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía, y el que estuviera al frente del Gabinete de Alcaldía en ese momento. En cuanto a las multas, las cuantías también han bajado, pasando, por ejemplo, en el caso del exalcalde, de un millón a 40.000 euros.
La Fiscalía Anticorrupción ha sostenido desde el inicio de esta causa que los procesados que eran políticos, a través de sus puestos de responsabilidad, supuestamente realizaron acciones "orientadas a obtener fondos de promotores y empresarios" para "financiar actividades públicas y privadas de los partidos políticos en coalición" y también presuntamente para beneficio propio.
Así, ha venido manteniendo la supuesta existencia de "una 'Caja B' con aportaciones de promotores con intereses inmobiliarios", a través de donaciones o patrocinios de actividades, con el fin de "eludir controles"; y por supuestas irregularidades en los convenios y aprovechamientos urbanísticos para "beneficiar a ciertos empresarios".
Ahora, en su escrito definitivo mantiene el relato inicial, aunque matiza respecto a determinados convenios que a lo largo del juicio "no se ha probado que en la negociación de tales acuerdos los responsables municipales de urbanismo antepusieran el interés de promotoras al del municipio" o que "no se ha demostrado que tuvieran causa ilícita" las aportaciones de algunas empresas para eventos deportivos o musicales.
Añade que no se han probado determinados regalos o promesas económicas y precisa que al haberse anulado las escuchas telefónicas, tras estimarse las cuestiones previas de las defensas de los acusados, no se han podido acreditar en el juicio determinadas actuaciones y pagos inicialmente considerados irregulares a varios de los procesados.
También introduce la acusación pública precisiones y correcciones en cuanto a la tramitación de expedientes en materia de disciplina urbanística entre 2003 y 2008, que si se hubiesen tramitado con normalidad el Ayuntamiento "habría podido recaudar por la vía de sanciones unos 43 millones de euros", pero debido a su caducidad y "la ausencia de actos de reactivación" habían prescrito.
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