La Fiscalía de Málaga se opone a unir la investigación del ático de Ignacio González al caso 'Lezo'

MÁLAGA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Málaga se ha opuesto a que la investigación que se sigue en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de la localidad malagueña de Estepona sobre el ático del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González en dicho municipio se una al caso 'Lezo', por el que éste fue detenido y se encuentra en prisión provisional.

Así lo han asegurado a Europa Press fuentes judiciales, quienes han apuntado que fue la Asociación de Afectados por la Gestión de la Televisión Pública Madrileña, que está personada como acusación particular en la causa del ático, la que solicitó la inhibición a favor de esa otra causa que se instruye en la Audiencia Nacional.

Las fuentes han explicado que la Fiscalía malagueña se opone a esa inhibición a favor del Juzgado Central de Instrucción número 6, encargado de la instrucción del denominado del caso 'Lezo', porque en la petición formulada por dicho colectivo no se expresa la razón que la justificaría.

Al respecto, el ministerio público considera que en todo caso habrá que esperar a lo que pueda resultar de la investigación que se sigue en ambas diligencias judiciales. A esta petición, también se ha opuesto la defensa de Ignacio González y su mujer, según han precisado las fuentes.

Por otro lado, la Fiscalía señala que tampoco procede por el momento reclamar ciertos testimonios de esa otra causa que se sigue en la Audiencia Nacional, ya que se encuentra parcialmente bajo secreto.

En la causa del juzgado de Estepona se investigan los presuntos delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y cohecho. Las pesquisas van dirigidas a determinar cómo, cuándo y por qué llegó el ático a González y su mujer --ambos investigados--, quienes primero, en 2008, lo alquilaron; y ya en diciembre de 2012, lo adquirieron por 770.000 euros.

Recientemente, la instructora ha acordado prorrogar la declaración de complejidad de la causa, lo que supone tener 18 meses más para seguir la investigación, ya que sigue pendiente llevar a cabo pruebas periciales y los resultados de comisiones rogatorias remitidas, por ejemplo, a Estados Unidos, entre otras diligencias.