El Gobierno aprueba 183 proyectos de Garantías de Renta en 102 corporaciones locales de Málaga en la comisión del PFEA

Reunión en la Subdelegación del Gobierno por la Comisión de Seguimiento de PFEA Málaga.
Reunión en la Subdelegación del Gobierno por la Comisión de Seguimiento de PFEA Málaga. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO MÁLAGA
Publicado: miércoles, 3 julio 2024 12:16

MÁLAGA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España destina 15,7 millones de euros a un total de 183 proyectos del Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) 2024-2025 en su modalidad de Garantía de Rentas en 102 corporaciones locales de la provincia de Málaga.

Gracias a estos fondos los municipios podrán financiar la contratación de trabajadores desempleados, preferentemente del sector agrario, para la ejecución de obras de interés general y social, según han explicado desde la Subdelegación del Gobierno en Málaga en un comunicado.

El Programa de Fomento de Empleo Agrario se divide en dos programas específicos, el Programa de Garantía de Rentas, dotado con 15,7 millones de euros; y el Programa Generador de Empleo Estable, que cuenta con un presupuesto de 4,48 millones de euros.

Las cantidades del Programa de Garantía de Rentas se han aprobado en la reunión celebrada en la Subdelegación del Gobierno por la Comisión de Seguimiento de PFEA Málaga, que preside el subdelegado, Javier Salas, y que está formada por representantes del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), la administración autonómica y administraciones locales, sindicatos y organizaciones agrarias.

En una próxima reunión se abordarán los proyectos del Programa Generador de Empleo Estable. El PFEA "tiene un doble objetivo, ya que por un lado permite mejorar y crear nuevas infraestructuras en los municipios donde se desarrolla y, por otro, garantiza el empleo y rentas a los trabajadores desempleados, preferentemente eventuales agrarios, en épocas fuera de campañas", ha resaltado Salas.

El subdelegado ha puesto de manifiesto "el compromiso del Gobierno con este programa y con el empleo, traducido en el incremento del 24% en la dotación presupuestaria para el PFEA desde el año 2018 hasta 2024".

Según ha recordado, "el Servicio Público de Empleo Estatal ha realizado un total de 16.858 contratos que han arrojado 308.940 jornales en la provincia de Málaga en el PFEA 2023-2024 que se está terminando de ejecutar".

El Gobierno de España, a través del Servicio Público de Empleo Estatal, aporta a través de estos 20,2 millones de euros el 65% de estos proyectos, que llegan a la práctica totalidad de municipios de la provincia. El resto de la financiación corresponde a las administraciones regional y local.

El PFEA es una herramienta "vital" para los municipios de la provincia de Málaga, sobre todo para los que tienen una actividad mayoritariamente agrícola, cuyo objetivo es mantener el empleo de los trabajadores del campo malagueño durante la época de paro en el campo.

Se trata de actuaciones diversas fundamentalmente de reparación y modernización de infraestructuras urbanas de servicios, culturales, deportivas y agrarias, así como medioambientales y forestales o la puesta en marcha de instalaciones para actividades productivas.

Este programa está encuadrado dentro de las Políticas Activas de Empleo que gestiona el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en Andalucía.

Se determinó en 2022 con el Real Decreto 4/2022 y posteriormente con el Real Decreto 18/2022 de 18 de octubre la reducción del número de jornadas reales cotizadas para acceder a la renta agraria a favor de los trabajadores y trabajadoras eventuales agrarios deberá ser igual o superior a 20 y 10 jornadas cotizadas, respectivamente, considerándose acreditado las 35 jornadas cotizadas que históricamente eran necesarias para acceder a la renta agraria.

Es el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) quien destina créditos con cargo a sus presupuestos anuales para subvencionar los costes salariales y de cotización empresarial de trabajadores desempleados, preferentemente eventuales agrarios, contratados por las corporaciones locales.

Estas contrataciones deben tener por objeto la ejecución de proyectos de interés general y social, siempre que sean competencia de las corporaciones locales y que sean ejecutados en régimen de administración directa o en régimen de adjudicación.