MÁLAGA 7 Dic. (EUROPA PRESS) -
El grupo de Izquierda Unida en la Diputación de Málaga ha presentado una moción en la que, entre otras cosas, propone que tanto la institución provincial como la Junta de Andalucía pongan en marcha ayudas económicas "extraordinarias y urgentes" para ayudar a la reposición de los daños que se han producido a causa de las fuertes lluvias del pasado fin de semana.
Desde IU han señalado que las del pasado 4 de diciembre fueron las "peores lluvias de los últimos años", con un resultado "catastrófico" en varios municipios en los que, además de la muerte de una mujer en Estepona, ha habido daños materiales "que en una primera valoración superan los 25 millones de euros".
"La apremiante necesidad de atender con carácter inmediato a los damnificados por estas catástrofes naturales, así como de favorecer el rápido restablecimiento de los servicios y la vuelta a la normalidad de las zonas siniestradas, nos hacen apelar al principio constitucional de solidaridad y por aplicación de los de equidad e igualdad de trato en relación con situaciones precedentes", han señalado desde IU en un comunicado.
Así, han sostenido que la magnitud de lo sucedido "obliga a los poderes públicos a adoptar medidas extraordinarias consistentes en un régimen de ayudas específicas, así como en la adopción de un conjunto de medidas paliativas y compensatorias dirigidas a la reparación de los daños producidos en personas y bienes y a la recuperación de las zonas afectadas".
En la moción, los diputados Guzmán Ahumada y Teresa Sánchez quieren también que Diputación inste al Gobierno Central a aprobar un Real Decreto de medidas urgentes para paliar los daños producidos por las inundaciones sufridas y otras catástrofes naturales. Además de que el organismo supramunicipal de Málaga proceda "a la urgente reparación y limpieza de las carreteras de titularidad provincial, que permita el normal funcionamiento del tráfico y evite situaciones parecidas ante posibles lluvias venideras".
Se reclama asimismo a la Junta de Andalucía y al Gobierno central, dentro de sus competencias, a aprobar, y mantener en el tiempo, un plan de limpieza y mantenimiento de los cauces de los ríos y arroyos de la provincia que son de su competencia "y que en muchos casos están siendo atendidos por los ayuntamientos".