IU pide que la Diputación se oponga al cierre de los registros civiles en los municipios

MÁLAGA 6 May. (EUROPA PRESS) -

IU Para la Gente ha presentado una moción para su debate en la próxima comisión informativa de servicios a la ciudadana en la que pide que la Diputación se oponga al cierre de los registros civiles, tal y como propone la ley 20/2011 del Ministerio de Justicia que regula la reforma integral de los registros civiles.

De igual modo, IU pide que la Diputación valore el registro civil como un instrumento "básico y esencial" que presta un servicio a sus vecinos al cual "no estamos dispuestos a renunciar" y que la institución inste al Gobierno de la nación a "paralizar" la aplicación de esta ley, que está prevista entre en vigor a primeros de julio, a que rectifique su decisión y a que mantenga los registros civiles que existen actualmente en los municipios".

En la moción, firmada por el portavoz de IU Para la Gente, Guzmán Ahumada, y la diputada Teresa Sánchez, recuerdan que el Ministerio de Justicia lleva tiempo planteando una reforma integral de los Registros Civiles, precisando que la ley 20/2011, que entrará en vigor el 1 de julio, es la que regula esta reforma y en la misma sólo se mantendría una oficina del Registro Civil en cada Comunidad Autónoma y, como máximo, otra más por cada 500.000 habitantes.

IU ha explicado que "tras los intentos de privatización de este servicio, afortunadamente parados por la movilización ciudadana, sindical y de las entidades locales, en favor de los Registradores de la Propiedad y Mercantiles que promovió el anterior ministro de Justicia, se consiguió que el actual equipo de este Ministerio haya aceptado que el Registro Civil siga quedando en el ámbito de la Administración de Justicia, como en la actualidad".

No obstante, han criticado que en la propuesta de modificación de la mencionada Ley 20/2011 que el ministro de Justicia ha entregado en la Conferencia Sectorial a los Consejeros Autonómicos correspondientes "se mantiene la intención de cerrar la mayoría de las actuales oficinas de Registro Civil, incluidas la de la Comarca de la Axarquía".

En este punto, IU ha recordado que hasta ahora, y desde hace casi 150 años, "todos los trámites que se realizan ante cualquier Registro Civil son totalmente cercanos" a la ciudadanía y realizados por personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia o personal idóneo de los Ayuntamientos, poniendo como ejemplo el caso de la Comarca de la Axarquía "donde lo llevan de una forma profesional, cercana y con asesoramiento personalizado en todos los trámites requeridos".

"La materialización de este proyecto de reforma de la distribución territorial de los Registros Civiles supondrá el alejamiento de este servicio público de la ciudadanía pues conllevaría la desaparición de las oficinas del Registro Civil en la mayoría de las medianas y pequeñas poblaciones", recuerdan en la moción.

Según IU, se traduciría, por tanto, "en el traslado de dichos registros a las capitales de tamaño superior, obligando con ello a los vecinos de las localidades más pequeñas a cubrir decenas de kilómetros para ejercer su derecho o acudir, pagando los honorarios correspondientes, a gestorías o despachos profesionales, además de suponer un deterioro en la dinámica social y económica de los medianos y pequeños núcleos de población".

"No está garantizado, incluso, que los vecinos de la mayoría de los pueblos de la comarca puedan seguir inscribiendo a sus hijos como nacidos en esas localidades cuando nacen en los hospitales comarcales o provinciales, provocando, a medio plazo, la inexistencia de personas nacidas en los mismos", han sostenido.

Así, han valorado que el Registro Civil es un servicio público "profundamente arraigado" en los municipios, donde la población ha venido realizando los trámites obligatorios de forma gratuita y directa y donde los vecinos han podido consultar sus antecedentes y los de sus familiares, ascendientes y descendientes "lo que ahora, con su desaparición no podrán seguir haciendo".

Por ello, han afirmado que "es comprensible, por tanto que nos opongamos a semejante pretensión, que tendría como consecuencia un grave deterioro del servicio público, eliminando recursos y suprimiendo empleo".

Además, han criticado que es "una reforma más, alejada de la sociedad, que el Gobierno actual, siguiendo el camino ya marcado de desmantelamiento y deterioro del servicio público ha emprendido".