Jueces de Málaga creen que el plan para cláusulas suelo será "un fracaso" y piden al CGPJ que "lo reconsidere"

MÁLAGA 4 May. (EUROPA PRESS) -

Los jueces de Primera Instancia de Málaga creen que el plan de urgencia para atender a las demandas por cláusulas suelo será "un fracaso" en su aplicación en la provincia "por la falta de medios", por lo que han vuelto a pedir al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que "reconsidere" dicha propuesta, considerando necesario al menos cinco juzgados bis, con seis funcionarios cada uno.

Así lo ha explicado en rueda de prensa el juez decano de Málaga, José María Páez, acompañado por los magistrados y letrados de la administración de justicia --antiguos secretarios judiciales--, competentes en esta materia, señalando que el plan contempla la especialización de un juez que, con un letrado de la administración de justicia y cuatro funcionarios asumiría este tipo de demandas.

Páez ha señalado que los juzgados de lo Mercantil, que antes tenían la competencia, tiene pendiente de juicio más de 3.000 procedimientos sobre cláusulas suelo y tardan cuatro años en resolver; a lo que hay que sumar las 1.200 demandas que se repartieron el pasado año entre 15 juzgados de la capital, que resuelven en dos años; y otras tantas en la provincia; además de que actualmente ya son 600 las registradas en Málaga capital.

Ahora, con la iniciativa del Consejo, "que tiene buena voluntad", se pretende "encapsularlo todo en un juzgado", ha explicado el juez decano, quien ha asegurado que esto sitúa a los jueces "en una situación de compromiso ante los ciudadanos, a los que queremos dar el mejor servicio y no queremos defraudar sus expectativas, pero entendemos que con este plan se consigue precisamente eso".

El juez decano de Málaga ha recordado que esta situación se produce tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, de diciembre de 2016, que instaba a devolver el dinero desde el inicio del préstamo, lo que "ha generado unas expectativas en las personas que tienen hipoteca que acuden a nosotros a que declaremos abusivas esas cláusulas".

Al respecto, ha lamentado que estos ciudadanos "van a tener que esperar muchos años y no van a ser precisamente los más beneficiados de este plan, sino aquellas entidades que deberían hacerse cargo de las cláusulas declaradas abusivas". Así, ha incidido en que se presentan unas condiciones de trabajo "muy difíciles" con ese plan, que no ven viable en la provincia malagueña.

Páez ha apuntado que los indicios sobre los resultados del decreto del Gobierno en el que se establecía un procedimiento para que entidades bancarias y clientes llegaran a un acuerdo "dista mucho de las previsiones que había" y el periodo termina el 1 junio. De hecho, ha dicho que "nos tememos que va a haber muy pocos acuerdos y una tremenda avalancha" de demandas, también por los gastos de hipotecas.

Ante esto, ha insistido en que piden al Consejo --han elevado tres escritos-- que "se reconsidere" el poner un sólo magistrado a llevar todas las causas existentes y las que puedan llegar, añadiendo que, además, "la preocupación es máxima", ya que "en teoría" se trataría de un juez que "no ha terminado su periodo de formación en la Escuela Judicial".

Al respecto, ha señalado que "nos parece que no es de recibo que se encargue esta misión que con las cifras que hay va a ser muy dura a un juez que, aunque tenga la máxima voluntad, carece de experiencia". Asimismo, también ha precisado que los magistrados de Primera Instancia ya superan "con creces" el módulo establecido por el Consejo.

Con todas estas circunstancias, ha lamentado el juez decano, "vamos a defraudar las expectativas que los ciudadanos puedan tener en nosotros y con estos medios es imposible afrontar esta tarea con un mínimo de celeridad que es una de las cosas principales que el ciudadano demanda".

Por tanto, ha reiterado que serían necesarios al menos cinco juzgados para "afrontar esto con un mínimo de garantía y darle una respuesta pronta a los ciudadanos". Además, ha apuntado que el personal es "fundamental", indicando que no tienen constancia de que la Comunidad autónoma "haya dado un paso adelante a decir que todos los funcionarios que serían necesario están disponibles".

Los jueces de Primera Instancia de Málaga ya acordaron en una junta el pasado mes de febrero pedir que no se aplicara el plan, al entender que "su implantación tendría un único y exclusivo beneficiario: las entidades bancarias que introdujeron en perjuicio de miles de ciudadanos y de forma abusiva" dichas condiciones, consiguiéndose "un resultado contrario al pretendido".

Según en el acta de dicha reunión, estos magistrados consideraban, algo que siguen manteniendo, que de aplicarse dicho plan se "colapsaría prácticamente de forma inmediata" el juzgado o los juzgados que resulten especializados, lo que colocaría a los consumidores en "una situación intolerable e incompatible con el derecho a la tutela judicial efectiva".

Entonces ya señalaban que de aplicarse ese plan "se llegaría a un resultado contrario al pretendido por el propio Consejo" y los ciudadanos que han sido "víctimas de las cláusulas suelo abusivas" tendrían que "esperar cinco o seis años" desde la presentación de la demanda para tener una resolución por parte de dicho juzgado, especializado y "colapsado".