Junta reitera su "voluntad de entenderse con el Ayuntamiento" de Málaga sobre el metro, pero "no puede pedir ilegalidad"

JAÉN 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Felipe López, ha reiterado este jueves la "voluntad de entenderse con el Ayuntamiento" de Málaga con respecto al metro de la ciudad, aunque ha dejado claro que lo que no puede pedir es transitar el "camino de la ilegalidad".

Así lo ha indicado en Jaén y a preguntas de los periodistas después de que el alcalde, Francisco de la Torre, haya acusado a la Junta de "gastar y tirar dinero" con los retrasos de las obras, en concreto, del tramo de Vialia al Guadalmedina, lamentando "las contradicciones llamativas o errores de gestión" de la Junta, a la que sería el Consistorio el tenía que "reclamarle cuánto vale la pérdida de imagen de la ciudad y las molestias al tenerlo empantanado".

"No comparto para nada la reflexión del alcalde de Málaga, en ésta como en otras tantas ocasiones", ha asegurado López, quien ha insistido en esta infraestructura como el resto en la comunidad "no es resultado de la imposición de la Junta a ningún ayuntamiento", sino de "un acuerdo previo" con cada uno.

De esta manera, "es un proyecto compartido en todo, en la estrategia, en la firma de explotarlo" y ha recordado que en la mesa en la que se adjudicó la concesión de obras y servicios "estaba el Ayuntamiento de Málaga", por lo que "las cosas que dice que no conoce o entiende es porque no ha querido conocer ni entender".

El consejero ha señalado que el itinerario del metro, con dos líneas en explotación en la actualidad, era "conocido y compartido", aunque "es verdad que se vio modificado en el desarrollo de la propia obra y "la discrepancia viene cuando en 2013 se redefine uno de los tramos".

En concreto, la Junta planteaba ir hacia la zona Atarazanas y La Malagueta en superficie y el regidor "decide que por allí no se pasa", lo que "obligó a replantearse el tema de acuerdo con el Ayuntamiento", surgiendo ahí el ramal hacia el Hospital Civil. Sin embargo, "tampoco le gusta la solución la Hospital Civil que él había pactado en 2013" y en una "cinta dialéctica" pide un metrobús "para seguir hablando de metro pero realmente habla de un autobús".

CAMBIO "SUSTANCIAL"

Al respecto, ha aludido a la potestad municipal "para poner las líneas de autobuses que quiera", pero "lo que no puede pretender es que la Consejería haga una ilegalidad" con un cambio de un sistema ferroviario por uno de autobuses que "no es posible hacerlo", ya que supondría "modificar sustancialmente" a posteriori las condiciones del concurso para la concesión.

Para el titular de Fomento, De la Torre "pretende defenderse de eso con argumentos que no se sostienen", punto en el que ha resaltado que en virtud de un acuerdo del Consejo de Gobierno se está "soportando un coste más elevado en estos momentos" del que habrá cuando este complete la red, cuya ejecución está en el 89 por ciento. Y es que, según ha agregado, los gastos de explotación "serán muy parecidos" mientras que los ingresos aumentarán al pasar de los 5,4 millones de usuarios anuales a 20,7.

"Ese periodo transitorio está establecido hasta junio julio de 2018 y el alcalde lo sabe. Por tanto, que no se invente cosas para tratar de colocar supuestamente en responsabilidad de la junta cosas que están funcionando y fueron objeto de acuerdo", ha dicho López, quien ha reconocido que "cosa distinta" son las dificultades y molestias "inherentes" en el desarrollo de una obra de esta envergadura en una ciudad viva, pero que "tienen una compensación" asociada a la explotación posterior.

Así las cosas, ha reiterado que "la voluntad de la Junta es entenderse con el Ayuntamiento de Málaga". "Lo que no nos puede pedir es que transitemos un camino que es el de la ilegalidad. Si nos ponemos de acuerdo, estaremos dando la mejor respuesta social a los ciudadanos de Málaga y la mejor racionalidad en términos económicos financieros a la hora de explotar el sistema", ha apostillado López, quien ha dicho esperar que "en el último paso", cuando el Consejo de Gobierno acuerde la declaración de interés metropolitano y el Ayuntamiento tenga que pronunciarse, "acabe desistiendo de su empeño".