Málaga cierra 2016 con un incremento del 52% en inversión en obra pública

Los empresarios consideran estas cifras "insuficiente" ya que están "muy por debajo" de lo destinado hace una década

MÁLAGA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Málaga cerró el ejercicio 2016 con 194.913.172,43 euros de inversión en obra pública, lo que supuso un incremento del 52 por ciento con respecto a 2015, cuando se alcanzaron los 127.467.660,45 euros, según los datos aportados por la Asociación de Constructores y Promotores (ACP) malagueña.

Las dos obras "estrella" en Málaga para los constructores y promotores fueron la de la facultad de Psicología (28,4 millones) y el enlace de la AP-7 al municipio malagueño de Benalmádena (14,88 euros). Sólo estas dos actuaciones representaron el 22 por ciento del total licitado.

Así, destacan especialmente los 108.174.842,22 euros licitados por las administraciones locales durante 2016 a infraestructuras, seguido de los 50.723.461,17 euros de la Junta de Andalucía y los 36.014.869,04 euros del Gobierno central. El trimestre más destacado fue el segundo, con 87,2 millones.

Según el informe de inversión pública en la provincia de Málaga de ACP, consultado por Europa Press, la licitación en el cuarto trimestre ha sido más baja que los anteriores, con 32,2 millones, por lo que han apuntado que habrá que estar atentos a este año 2017 "para confirmar, o no, el crecimiento de los datos de inversión".

No obstante, la patronal considera que estas cifras siguen siendo "insuficientes"; de hecho, se sitúan "muy por debajo" de los más de 350 millones de euros que se invertían trimestralmente entre 2005 y 2007, "en los que la inversión fue la más alta de las conocidas en Málaga".

Desde la ACP han sostenido que la evolución positiva de la inversión pública en Málaga con respecto a 2015 contrasta con lo que está ocurriendo en el resto de Andalucía, siendo la provincia malagueña la que mejores registros tiene. De hecho, el cómputo global en la Comunidad Autónoma es un 31 por ciento inferior a la del año pasado.

Tal y como revelan los datos aportados, del total destinado a Andalucía, un 27 por ciento se ha invertido en la provincia de Málaga. Así, en la región se han licitado obras por 721.975.888,54 euros frente al 1.047.107.362,75 euros de 2015, destacando la caída del 73 por ciento en inversión estatal y del 51 por ciento en autonómica.

ADVIERTE DEL INCREMENTO DE LAS BAJAS

La patronal ha alertado asimismo de las bajas que se están produciendo en las contrataciones y que pueden ocasionar, a la larga, problemas no sólo a las empresas sino a las propias administraciones.

En este sentido, conocidos los resultados de adjudicación del 52,90 por ciento de lo licitado por la Administración local, del 39,82 por ciento en la autonómica y del 76,79 por ciento en la central, se comprueba que la media de bajas supera ya el 30 por ciento, "no habiendo mucha dispersión en el resultado por cada administración".

Este porcentaje de bajas es superior al de 2015, siendo entonces las mismas del 25 por ciento de media, según se ha indicado en el informe de ACP, que añade que las adjudicaciones de la Diputación de Málaga "se llevan la palma con unas bajas que se sitúan de media por encima del 40 por ciento".

Han explicado asimismo que estas bajas, en muchos casos, conllevan que el contratista tenga que comprometerse a hacer obras adicionales por la vía de las mejoras, "que aunque no queden reflejadas en los porcentajes de baja sí que suponen un aumento de los costes para la empresa".

A juicio de los constructores y promotores malagueños, estas bajas en aumento se deben a una "insuficiente actividad para el sector, que en muchas ocasiones se arriesgan a coger obras a pérdidas, sólo por mantener su estructura".

Han aclarado también que en los datos de este informe no se incluyen anualidades de obras publicadas en años anteriores y sólo se tienen en cuenta licitaciones de contratos de obra, excluyéndose los contratos de servicios, aunque tuvieran que ver con la obra en sí, como redacciones de proyectos, consultorías, asistencias, mantenimientos, conservación, etcétera. Tampoco se atienden las inversiones de las administraciones que cofinancian obras, imputándose toda la inversión al organismo que la licita.