Málaga.- Tribunales.- La Audiencia rechaza de nuevo poner en libertad al ex alcalde de Estepona Antonio Barrientos

MÁLAGA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Málaga ha rechazado por segunda vez la puesta en libertad del ex alcalde de la localidad malagueña de Estepona Antonio Barrientos, en prisión desde el pasado 20 de junio por su presunta implicación en el denominado caso 'Astapa', contra la corrupción municipal en dicho municipio, según el auto de la Sección Segunda.

La Sala desestima el recurso de apelación presentado por la defensa contra un auto dictado a finales de agosto por el Juzgado de Instrucción número 1 de Estepona, que investiga el caso, en el que se denegó la solicitud de libertad. En su resolución, a la que tuvo acceso Europa Press, la Audiencia argumenta que no han variado las circunstancias iniciales.

Así, el Tribunal señala que "debe ser congruente" con su decisión ya tomada a finales de julio de mantener en prisión al ex regidor esteponero, al que se le imputan los delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación y blanqueo; y recuerda que uno de los fines de la prisión es "neutralizar el riesgo de sustracción a la acción de la justicia".

En su primera resolución, la Audiencia precisaba que el hecho de que Barrientos hubiera renunciado como alcalde y a su afiliación en el PSOE "no implica ni hace desaparecer la hipotética posibilidad de destrucción de pruebas o más bien la probabilidad de influir en las diligencias de investigación pendientes de practicar".

La Sala entendía entonces que se deducía en ese momento "que concurren todos los requisitos o presupuestos necesarios para la adopción de la medida privativa de libertad" que considera "proporcionada y legítima", recordando algunas de las imputaciones que ya hizo la jueza en su auto de prisión.

La titular del juzgado encargado del caso, Isabel Conejo, estimó que Barrientos, como alcalde de la localidad, "resultaría el máximo responsable de una estructura" en el entorno del Ayuntamiento "orientada a obtener fondos de distintos promotores y empresarios" con el fin de "financiar actividades tanto públicas como privadas de los partidos políticos en coalición", así como para "enriquecerse personalmente".

Señalaba que una de las principales fuentes para obtener ingresos "era la infravaloración de los aprovechamientos urbanísticos, propiciando un notable incremento en la plusvalía en los promotores y empresarios a los que como contrapartida se les solicita el pago de cantidades de dinero".

Además, añadía que existían también indicios de que éste "ha permitido y realizado actividades de mediación en la contratación de numerosas personas por razones de titulación personal o afinidad política, sin seguir los cauces legalmente establecidos para ello"; así como que se realizó presuntamente contratación pública de obras y servicios "sin cumplir las exigencias legales y la concurrencia de interesados".