Los menores de 12 años protagonizan más de la mitad de los casos de acoso y violencia hacia profesores en Málaga

MÁLAGA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los menores de 12 años han protagonizado en el curso 2018-2019 más de la mitad de los casos de acoso y violencia de estudiantes hacia profesores de la provincia de Málaga.

Para el sindicato ANPE, que ha presentado este miércoles el Informe anual de El Defensor del Profesor de la provincia, es una novedad durante los últimos años el hecho de que la mayoría de los actos de violencia hacia los profesores sean protagonizados a medida que pasa el tiempo por niños de menor edad.

"Y además es un fenómeno que parece más acentuado en la provincia de Málaga, puesto que ni más ni menos que el 46 por ciento de los casos, 17 de los 36 denunciados, tuvieron a menores de 12 años como protagonistas", ha resaltado desde ANPE.

El sindicato ha explicado que hasta hace solo unos años, la mayoría de estas agresiones procedía de estudiantes de Secundaria, pero desde hace aproximadamente tres cursos la edad ha bajado progresivamente hasta los datos actuales.

"Pero la situación es aún peor, porque junto a estos casos de acoso y violencia de los niños de diez y once años, cada vez son más frecuentes problemas, como la falta de respeto y consideración a los maestros de niños más pequeños, de siete a ocho años", han advertido.

Al alumnado de Primaria sigue el de Secundaria, con un 40 por ciento de los casos del año pasado en la provincia, especialmente de estudiantes de primero y segundo de ESO, es decir, niños de 12 y 13 años.

Por otro lado, el número de docentes atendidos por el Servicio del defensor del Profesor de ANPE durante el pasado curso a nivel nacional es de 2.174 de los cuales 200 se atendieron en Andalucía y 36 en Málaga, que son tres más que el anterior curso y comparativamente en los últimos cuatro años la tendencia sigue siendo al alza.

Asimismo, desde ANPE han apuntado que otro de los problemas a los que se enfrenta el colectivo docente a la hora de denunciar el acoso es la falta de agilidad y la gran carga burocrática para activar el protocolo establecido por la Junta en estos casos. "Ahí están las cifras que evidencian que el procedimiento no resulta efectivo: de las 36 situaciones denunciadas, sólo cinco iniciaron el procedimiento", han lamentado.