El promotor acusado de corrupción urbanística en Casares niega que pagara al exalcalde

MÁLAGA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El dueño de la sociedad que promovió la urbanización 'Majestic' en Casares (Málaga), acusado en el caso de supuesta corrupción urbanística en esa localidad, ha asegurado este lunes que "nunca" pagó "ni un duro" al entonces alcalde, Juan Sánchez, --también procesado en esta causa-- "ni a nadie del Ayuntamiento" para obtener un trato de favor para desarrollar dicha promoción.

La Sección Novena de la Audiencia de Málaga ha comenzado este lunes el juicio del denominado caso 'Majestic', en el que se juzga a un total de nueve personas, entre ellas el exregidor, tres exediles y este acusado, responsable de dicha sociedad y también, según sostiene el fiscal, uno de los representantes en España de una organización internacional supuestamente dedicada al blanqueo de capitales.

La Fiscalía Anticorrupción explica que a finales de los 90 se asentó en España ese "presunto grupo criminal de ámbito internacional", de origen ruso, cuya actividad "se ocultaba tras un entramado societario que giraba en torno a la denominación genérica de Majestic". Sus principales responsables en España eran un hombre que está declarado en rebeldía y este acusado.

Uno de los objetivos del grupo fue "la inversión de capitales procedentes del exterior en el sector inmobiliario de la Costa del Sol, y más concretamente en el municipio de Casares", señala la acusación pública. El responsable de una de dichas empresas ha admitido que él constituyó la sociedad para comprar un terreno y desarrollarlo, pero ha negado relación con un grupo organizado.

"Todo eso que se dice de mafia rusa es una invención", ha respondido al fiscal este acusado, quien ha apuntado que el otro procesado que está huido y la madre de éste también estaban en el negocio con él, aunque no intervinieron en las reuniones con el Ayuntamiento para concretar la promoción, algo que se llevó a cabo con encuentros entre técnicos de ambas partes.

Así, ha explicado que se hicieron grupos de trabajo entre técnicos del Consistorio y otros contratados por él, que mantenían encuentros a los que él asistía y "algunas veces" también estaba el entonces alcalde. Ha indicado que las modificaciones urbanísticas aprobadas por el Ayuntamiento supusieron un aumento del número de viviendas, pero no del techo.

Ha explicado que solicitó la licencia de obras y que se la llevó, a pesar de no pagarla, porque se acordó que lo haría la empresa compradora de la promoción. Así, este acusado, uno de los principales, ha negado que hubiera un trato de favor hacia su sociedad por parte del Ayuntamiento, al contrario, apuntando que el Consistorio "nos debe mucho dinero".

El juicio sigue este martes con la declaración del exalcalde. La operación policial, desarrollada en mayo de 2012, permitió destapar una supuesta trama de blanqueo y corrupción urbanística, relacionada con esa presunta organización criminal, investigada en otra pieza que aún no ha llegado a juicio. En la tercera pieza, sobre alzamiento de bienes, ya hay condena para este acusado, ha indicado el fiscal.

En el trámite de cuestiones previas, las defensas han planteado este lunes varias nulidades y han expresado supuestas irregularidades en esta causa por vulneración de derechos fundamentales relacionadas con las intervenciones telefónicas para investigar delitos no incluidos en la querella inicial, las investigaciones patrimoniales y la falta de fundamentación del secreto de sumario y las prórrogas.

ESTA CAUSA

La Fiscalía Anticorrupción solicita en sus conclusiones provisionales, a las que tuvo acceso Europa Press, 18 años y medio de prisión para el exalcalde Juan Sánchez, al acusarlo de los delitos de prevaricación, fraude en la contratación, malversación, cohecho y blanqueo de capitales.

A través de dos sociedades se impulsó entre 2000 y 2006 la promoción denominada 'Majestic', sobre el sector urbanístico del mismo nombre, y, para ello, "se articularon un total de cinco modificaciones urbanísticas", según explica la acusación pública en su escrito inicial.

Dichas modificaciones, sostiene el fiscal Anticorrupción, fueron pactadas por el dueño de la sociedad que está acusado y por el que era en ese momento alcalde, que fue detenido por este caso en mayo de 2012 y quedó en libertad tras pagar 200.000 euros de fianza. Así, en el escrito se describen los tres convenios urbanísticos que se firmaron para este fin.

Al respecto, se indica que el exregidor concertó dichos convenios "con pleno conocimiento" de que perjudicaban al municipio, además de con "una elusión burda de la ley administrativa", ya que en un caso se aprobó "sin verificar datos elementales" y sin pedir informes del Ayuntamiento; y en otros hubo un aumento del número de viviendas y se firmó antes de aprobarse en pleno.

Se precisa que en los convenios se hizo "una adjudicación directa de los derechos económicos --aprovechamientos urbanísticos-- que obligatoriamente correspondían a los ciudadanos, con una manifiesta infravaloración de los mismos y el consiguiente desvío a manos privadas de derechos patrimoniales públicos". Se produjo un "desvío" de fondos y el incremento patrimonial "ilícito" de las sociedades.

El fiscal señala que la junta de gobierno de septiembre de 2005, formada por Sánchez y otros tres acusados --entonces ediles; entre ellos la que luego fue alcaldesa Antonia Morera--; aprobó conceder licencia de obras para 115 viviendas "a pesar de tener conocimiento de todas las ilegalidades y de que las normas urbanísticas que amparaban dichas licencias no estaban vigentes".

Asimismo, la acusación pública apunta que otro acusado, asesor jurídico, emitió "de forma totalmente arbitraria" un informe a favor con el fin de "amparar artificiosamente la concesión de la licencias"; mientras que el que era secretario municipal, también procesado, emitió un certificado "íntegramente mendaz".

Anticorrupción pide que el responsable de las sociedades acusado y el exregidor indemnicen solidariamente al Ayuntamiento con 2,5 millones de euros.

Asimismo, esta acusación sostiene que los responsables de las sociedades abonaron al exregidor entre 2004 y 2005 "diversas cantidades de dinero, nunca inferiores a 286.200 euros", con el fin de "obtener un trato preferente por parte en todas las actuaciones urbanísticas que proyectaron", así como conseguir "notables beneficios económicos".

Para dar apariencia legal a los fondos, el exalcalde y su mujer --también acusada-- presuntamente se valieron de sociedades interpuestas, según señala el ministerio público.

Además, compraron boletos de lotería premiados a uno de los procesados, con lo que consiguieron "dar apariencia legal a 165.000 euros", adquiriendo, posteriormente, dos locales comerciales. Asimismo, hicieron ingresos en efectivo "no justificados" a nombre de empresas, dice el fiscal.