El PSOE reclama al Gobierno que 52.000 cuidadores familiares de Andalucía recuperen la cotización a la Seguridad Social

Presenta una iniciativa en el Congreso para que tengan una pensión "digna"

MÁLAGA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados y del PSOE de Málaga, Miguel Ángel Heredia, ha anunciado este jueves que los socialistas han registrado una Proposición no de Ley en el Congreso con la que exigen al Gobierno que recupere las cotizaciones a la Seguridad Social de 163.000 cuidadores familiares, más de 52.000 en Andalucía y 10.000 en la provincia de Málaga, en su mayoría mujeres, y les garantice así una pensión "digna" en el futuro. La iniciativa se debatirá el próximo martes.

Heredia ha defendido que la Ley de Dependencia, "la mejor ley en muchos años en nuestro país que hizo un Gobierno socialista", tenía como objetivo atender a las personas en situación de dependencia, apoyar a sus familias, crear empleo y también que muchas mujeres tuviesen una pensión "digna" en el futuro. Sin embargo, ha recordado, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en 2012 "eliminó la cotización a la Seguridad Social a los cuidadores no profesionales de las personas no dependientes, en su mayoría mujeres".

"Mujeres que no tendrán en el futuro una pensión digna", ha apuntado Heredia, que ha detallado que por esa decisión hoy hay 163.000 cuidadores familiares en España que no cotizan a la Seguridad Social, más de 52.000 en Andalucía y casi 10.000 en la provincia de Málaga, la mayoría mujeres.

Heredia ha criticado que Rajoy dijera "desde el primer día que la dependencia no era sostenible y se ha esforzado por desmantelarla". En este sentido, ha recordado que primero "paralizó el calendario de aplicación de la ley e impidió que casi 400.000 personas con dependencia moderada accedieran a una prestación. Después, recortó los presupuestos con la eliminación de la financiación para el nivel acordado, que en 2011 con un Gobierno socialista era en España de 283 millones de euros para todas las comunidades autónomas".

Ha aludido también al decreto de julio de 2012, "que fue la puntilla para la ley: suprimió los dos niveles en que se dividía cada grado; redujo en un 13 por ciento de la aportación del Estado para la financiación del nivel mínimo de protección; recortó en un 15 por ciento la prestación económica a los cuidadores y eliminó la cotización a la Seguridad Social de las del entorno familiar".

Las cotizaciones, ha añadido, pasaron a ser a cargo de los cuidadores". Ahora, ha incidido en rueda de prensa en Málaga, "vamos a pelear para que estos cuidadores recuperen la cotización y su dignidad".

Heredia ha expuesto que estos cuidadores tienen en el 93 por ciento de los casos el perfil de una mujer de 52 años con pocos recursos económicos que no ha cotizado nunca o ha dejado de trabajar para cuidar de sus padres, mujeres que cuando llegan a la edad de jubilarse no tienen derecho a una pensión.

"Los socialistas defendemos que el Estado tiene que asumir esa cotización a la Seguridad Social. Por justicia social y dignidad vamos a exigir al Gobierno de Rajoy que recupere la cotización a la Seguridad Social", ha reiterado.

"LA JUNTA PAGA LA DEPENDENCIA A PULMÓN"

Según el dirigente del PSOE, "mientras Rajoy intenta desmantelar el servicio de atención a la dependencia, Andalucía, con Susana Díaz, apuesta por defender y ampliar este derecho". Así, ha subrayado que la Junta ha puesto en marcha un plan de choque en materia de dependencia "ante los numerosos recortes que está llevando a cabo el Gobierno de Rajoy".

En concreto, ha detallado que dichos "recortes" han provocado que Andalucía deje de recibir 508 millones de euros desde 2012, además de otros 16 millones por el pago de la teleasistencia avanzada. Actualmente la Junta financia el 78 por ciento de la inversión total asociada a esta prestación, y el Gobierno central el 22 por ciento restante, "en contra del compromiso de cofinanciación al 50 por ciento que marca la ley".

El plan de choque del Gobierno de Susana Díaz va a permitir mejorar la atención a la dependencia y alcanzar la cifra de 230.000 dependientes atendidos en Andalucía. Asimismo, Heredia ha señalado que la Junta destina este año 10,3 millones de euros entre las ocho diputaciones provinciales y los 83 municipios andaluces de más de 20.000 habitantes para financiar el mantenimiento de los contratos de los cerca de 400 trabajadores sociales que forman parte del personal de refuerzo para la atención a la dependencia.

"Andalucía es la única comunidad autónoma que sufraga íntegramente el refuerzo de profesionales y el servicio de ayuda a domicilio; mantiene la ley de dependencia a pulmón", ha resaltado, añadiendo que actualmente hay en Andalucía 239.000 prestaciones concedidas para 185.000 personas; 52.000 andaluces reciben el servicio de ayuda a domicilio, lo que supone el 31 por ciento del total nacional, mientras que otras 74.865 son usuarias de la teleasistencia --alrededor del 46 por ciento--.

En la provincia de Málaga, ha expuesto, 27.900 personas se benefician de la Ley de Dependencia y se conceden 36.300 prestaciones de esta ley.

Precisamente, el dirigente socialista ha mantenido este jueves una reunión con representantes de las 16 trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio contratadas por el Ayuntamiento de Estepona "y despedidas por el alcalde del PP, José María García Urbano".

Este Consistorio, ha dicho Heredia, contrató en 2015 a 16 trabajadoras para el cuidado de personas mayores y dependientes del municipio, que fueron despedidas en agosto de 2016. Ahora, ha apuntado, estas trabajadoras "están ganando juicios individuales con sentencias que condenan al Ayuntamiento de Estepona a readmitirlas y abonar los salarios que dejaron de percibir desde la fecha de sus despidos".

Por su parte, el representante de los trabajadores afectados de este servicio de ayuda a domicilio de Estepona, Antonio Benítez, ha agradecido al PSOE que atienda su problemática y ha señalado que la no readmisión por parte del Consistorio "le está costando a las arcas municipales 1.300 euros diarios que desde agosto de 2016 acumulan un total de más de 300.000 euros", acusando al alcalde de Estepona de no querer "ningún acuerdo" y de mostrar "insensibilidad".