PSOE y Unidas Podemos en Málaga celebran que Fiscalía investigue para saber si hay irregularidades en parking Pío Baroja

MÁLAGA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, y la concejala de Unidas Podemos por Málaga (UPporMálaga) Remedios Ramos han celebrado que la Fiscalía malagueña inicie unas diligencias para investigar presuntas irregularidades en la gestión de la empresa de aparcamientos de la capital malagueña, Smassa; en concreto relacionadas con las obras del parking de calle Pío Baroja, a raíz de las denuncias presentadas por ambos grupos municipales.

Pérez se ha congratulado de que el ministerio fiscal haya decidido incoar estas diligencias de investigación penal "por si los hechos denunciados fueran constitutivos de delito de prevaricación administrativa por presuntas irregularidades referidas en el contrato" de ese estacionamiento ubicado en la zona de El Palo de la capital.

Así, ha advertido de que "los grupos del PP y de Ciudadanos van a quedar retratados", después de que los votos en contra de ambos contra una moción del PSOE "impidiera la creación de una comisión de investigación en nuestro Ayuntamiento para poner luz y taquígrafos sobre lo que está ocurriendo en Smassa", en la construcción de dicho aparcamiento.

El socialista ha señalado que la situación "es insostenible" tras la dimisión del secretario del Consejo de Administración con "una hoja de trabajo intachable en 27 años"; con la apertura de expediente sancionador a un trabajador "que objetó sobre supuestas irregularidad" y con una "supuesta presión y acoso a la jefa de la Oficina Técnica, que afirmó en sesión plenaria que 'le obligaron a cruzar líneas rojas que le podrían haber llevado a la cárcel'".

Ha recordado que optó por llevar el asunto a la Fiscalía tras "la negativa de PP y de Cs para investigar este asunto con comparecencias de técnicos y del propio gerente, Manuel Díaz Guirado, en el Consistorio". "Hoy hemos recibido la notificación por parte del fiscal que abre diligencias a lo que el Ayuntamiento ha impedido un ejercicio de transparencia para conocer la realidad. Vamos a conocer qué ha ocurrido en la sociedad municipal", ha insistido Pérez.

Según Pérez, el cronograma de las actuaciones en el parking "lo hemos visto con recelo desde el inicio de las obras que empezaron con casi un año de retraso, se inició sin tener el suelo Smassa, comenzó sin financiación; se licitó en conjunto las fases a sabiendas que una no se llevaría a cabo, se actuó sin tener en cuenta los avisos de la asesoría jurídica de la empresa con la respuesta de que ya no hay tiempo para cambiar, sigamos con el plan establecido aunque se aparte de la legalidad".

Ha recordado que "las obras del aparcamiento subterráneo en el patio del colegio Valle-Inclán se trazó con el rechazo de cinco técnicos, dos de ellos municipales, que pertenecen a la dirección facultativa de la obra. También se ocultó toda la información a los consejeros que los grupos de la oposición tienen en la empresa Smassa", ha zanjado.

Por su parte, Ramos ha aplaudido la "celeridad" con la que la Fiscalía ha actuado para iniciar estos trámites a raíz de las denuncias y ha animado a "seguir investigando para que salga a la luz si estas irregularidades manifiestamente se han ejecutado o no". "El Ayuntamiento, el alcalde, Francisco de la Torre, el equipo de gobierno y el gerente de Smassa tendrán que asumir las diligencias de la Fiscalía", ha dicho.

"Nosotros seguimos dispuestos a colaborar con la Fiscalía en todo lo que sea menester, en aportación de documentación, como ya hemos manifestado, y en todos los conocimientos que tenemos sobre la gestión de este aparcamiento y de las denuncias que manifestó en su momento la exjefa de la Oficina técnica de Smassa", según ha abundado.

La edil de Unidas Podemos ha remarcado que "sobre el aparcamiento de la calle Pío Baroja planea la sombra de la sospecha desde su concesión y todo su desarrollo ha estado salpicado de polémicas por su mala gestión, los retrasos, los sobrecostes, los accidentes y ahora por el presunto caso de acoso laboral para forzar a la firma de unas certificaciones".