Suspendido el juicio a un exedil de Benalmádena (Málaga) y otros dos acusados al renunciar a un abogado

MÁLAGA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Málaga se ha visto obligada a la suspensión del juicio con jurado popular que tenía previsto comenzar este pasado lunes 18 de noviembre, debido a la renuncia de uno de los acusados al abogado de oficio que le había sido designado.

Este juicio se iba a celebrar durante dos semanas contra el exedil independiente de Benalmádena (Málaga) Francisco José Salido, acusado por el supuesto desvío de dinero de unas subvenciones a una asociación para un comedor social; y otras dos personas.

Según han informado desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en una comunicación, la renuncia del acusado a su letrado se produjo cuando ya habían sido seleccionados los nueve miembros del jurado popular que tenían la misión de juzgar este caso de presunta malversación de caudales públicos e infidelidad en la custodia de documentos.

Así, han indicado que la Oficina del Jurado de Málaga aún no ha puesto nueva fecha de celebración del juicio para el que habrá que seleccionar a otros miembros diferentes del Tribunal popular.

Estaba previsto que la vista se prolongara hasta el próximo día 29 de noviembre. En el juicio iban a intervenir más de 60 testigos durante la próxima semana por lo que desde la Oficina del Jurado se están librando exhortos urgentes para dejar sin efecto las citaciones que ya habían sido remitidas.

La Fiscalía de Málaga solicita para el exedil ocho años de prisión al acusarlo de un delito continuado de malversación, por el que acusa también a los otros dos procesados; y de otro de infidelidad en la custodia de documentos, del que solo acusa al exconcejal, según el escrito inicial de esta acusación, al que tuvo acceso Europa Press.

En la sesión de este lunes, una vez ya formado el jurado y tras la lectura de los escritos de las partes, Salido interrumpió el turno de alegaciones para pedir un aplazamiento para designar un letrado particular, según adelanta Diario SUR. "Siento indefensión porque no he hablado con mi abogado para mi propia defensa", expuso Salido. "Me estoy jugando ocho años en la cárcel", agregó.

El fiscal sostiene en sus conclusiones provisionales que en noviembre de 2011, el entonces edil, como concejal de Bienestar Social, firmó un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y una asociación para varias actuaciones, entre otras, prestar los servicios de comedor social en el municipio.

El Ayuntamiento se comprometía "a la aportación de subvenciones equiparables a los servicios prestados" mediante transferencia bancaria; y a su vez, se acordaba que tales ayudas "procederían de los beneficios obtenidos por el uso y gestión del recinto ferial de Arroyo de la Miel mediante un mercadillo", dice el escrito inicial de acusación.

Asimismo, la asociación "quedaba obligada a presentar asiento contable de las subvenciones recibidas y justificación de los gastos imputados a las mismas".

Como entonces concejal, el acusado "era responsable de la custodia de la documentación referente a los expedientes y procedimientos correspondientes al área municipal"; mientras que los otros dos procesados eran secretario y tesorero de la asociación, "estando ambos al cargo de los gastos e ingresos del comedor y la llevanza de su contabilidad y evitar eventuales irregularidades".

Según la calificación de la acusación pública, a la que tuvo acceso Europa Press, supuestamente, "los acusados, de manera coordinada y con propósito de procurarse un ilícito beneficio para sí o para terceros, dedicaron cantidades de las destinadas a la financiación de la Asociación Comedor Social para los objetivos preestablecidos, a fines ajenos a la actividad de la asociación".

Y, señala el ministerio fiscal, presuntamente lo hicieron "por varias vías, llegando a abonar a los voluntarios del comedor ingresos análogos a las retribuciones propias de una relación laboral, destinando efectivo para gastos no previstos en los fines de la actividad asociativa".

El escrito inicial señala que en agosto de 2014 la Intervención municipal inició expediente de comprobación del cumplimiento y desarrollo del acuerdo y se "comprobó la falta de aportación de libros contables en que constase el asiento de los importes recibidos", lo que supondría "la falta de llevanza de la contabilidad".

Al respecto, el fiscal indica que se comprobó supuestamente que "de los 324.500 euros recibidos en concepto de subvenciones por la asociación en el período comprendido entre los días 5/01/2012 y 29/04/2012, sólo se habían justificado oportunamente gastos por un importe de 72.933,13 euros, restando 251.566,87 euros sin justificar".

Una vez iniciado el expediente de intervención y solicitadas a la Delegación de Bienestar Social las facturas justificativas del destino de la subvención, el entonces edil y los otros dos acusados "retiraron de las dependencias del jefe de la Unidad de Bienestar Social copias de facturas entregadas" como anexo en la Memoria Justificativa de la Subvención 2011 al 2012 y toda la documentación aportada hasta la fecha como justificación del periodo 2012-2013.

Así, para la acusación los hechos relatados son constitutivos de un delito continuado de malversación, del que acusa a los tres procesados, solicitando para cada uno la pena de cinco años de prisión; y de otro de infidelidad en la custodia de documentos, del que solo acusa al exconcejal, para el que pide otros tres años de cárcel más.

Para Salido pide también cinco años de inhabilitación absoluta, 20 meses de multa a razón de 20 euros de cuota diaria y otros cinco años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. Además, insta a que los acusados indemnicen al Ayuntamiento de Benalmádena con 251.566,87 euros.