El tribunal que juzgará el caso Astapa por presunta corrupción en Estepona (Málaga), con 50 acusados, pide refuerzos

MÁLAGA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sección Tercera de la Audiencia de Málaga, que es la encargada de juzgar a los acusados en el denominado caso 'Astapa', sobre la presunta corrupción política y urbanística en la localidad malagueña de Estepona, ha solicitado refuerzo de personal y de magistrados para afrontar el enjuiciamiento de esta causa, que cuenta con 351.114 folios y 50 acusados.

Así consta en la providencia dictada por esta Sala, que recibió en julio de este año todo el procedimiento, en el que están acusados exresponsables municipales, empresarios y funcionarios. Además, hay 284 testigos y 48 peritos, tres acusaciones y otras 27 personas o entidades como supuestas responsables subsidiarias o a título lucrativo.

La causa, según el escrito de la Sala, al que ha tenido acceso Europa Press, consta de 128 tomos principales --más de 71.000 folios-- y 646 de piezas documentales --260.472 folios--; a lo que hay que añadir las piezas de responsabilidades civiles y pecuniarias, medidas cautelares y de situación personal. Además, en los escritos de defensa se anuncian diversas cuestiones previas.

El Tribunal dice que están ya fijando juicios para noviembre de 2023 y precisa que para evitar toda dilación en el enjuiciamiento se hace necesario "el nombramiento de refuerzos de personal" no solo para el juicio sino también "para posibilitar la normal actividad" del resto de asuntos, porque "en otro caso se generaría un grave menoscabo en el funcionamiento de esta sección".

Ante esto, la Sala informa de que ha dirigido oficio al organismo competente para pedir el nombramiento de funcionarios, técnicos informáticos y demás personal auxiliar necesarios para la tramitación de esta causa y también que se va a solicitar a la Presidencia de la Audiencia de Málaga "la designación de dos magistrados para actuar en la Sección Tercera de dicho Tribunal".

La otra gran causa de corrupción en la provincia de Málaga, el caso 'Malaya', fue juzgada por un Tribunal de la Sección Primera de la Audiencia de Málaga y contó con 95 acusados y unos 400 testigos. El juicio, para el que hubo refuerzos, tuvo casi 200 sesiones, comenzando el 27 de septiembre de 2010 y terminando el 31 de julio de 2012.

'Astapa' llegó a la Audiencia malagueña 15 años después de la investigación en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Estepona. Entre los 50 acusados está el exalcalde Antonio Barrientos y otros exresponsables municipales del PSOE y del Partido de Estepona (PES). Se investigan delitos de falsedad, fraude, malversación, cohecho, prevaricación y tráfico de influencias.

La Fiscalía Anticorrupción acusa por supuestamente tener "una 'Caja B' con aportaciones de promotores con intereses inmobiliarios", a través de donaciones o patrocinios de actividades; y por supuestas irregularidades en los convenios urbanísticos --tanto de planeamiento como de aprovechamiento-- para "beneficiar a ciertos empresarios". Estima en 28 millones de euros el perjuicio al Ayuntamiento.

La acusación pública entiende que "para eludir cualquier mecanismo de control interno o externo" los acusados "optaron por financiar buena parte de ese gasto con la creación de una 'Caja B', procedimiento ya empleado en otros municipios de la Costa del Sol, que básicamente se nutriría de aportaciones de promotores y empresarios con intereses inmobiliarios".

En su escrito inicial, el fiscal considera que las contribuciones supuestamente "se tradujeron en donaciones directas al Ayuntamiento, en patrocinios de actividades" y también en "asumir como gastos propios de las empresas deudas municipales". Además, "se normalizó una práctica irregular que supeditaba cualquier iniciativa relevante en materia urbanística a una previa negociación y acuerdo con la cúpula de uno u otro partido".

El exalcalde siempre ha defendido su inocencia y su actuación en todo momento "dentro de la legalidad"; además de asegurar que "nunca se ha enriquecido ni obtenido beneficio alguno, ya sea directo o indirecto", fuera de las retribuciones propias de su cargo como regidor. Además, incide en que los informes existentes están "plagados de errores" y planteará nulidades al inicio del juicio.