Un convenio entre Junta, Diputación y ayuntamientos permitirá mejorar y agilizar la respuesta en Dependencia

JAÉN, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha suscrito este lunes un convenio con Diputación de Jaén y los ayuntamientos de Alcalá la Real, Andújar, Martos, Linares y Úbeda, que se enmarca en el plan aprobado por el Consejo de Gobierno "para mitigar los efectos de los recortes" del Gobierno en materia de dependencia, avanzar en la atención de las personas sin prestación reconocida y reducir los tiempos de respuesta.

La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha detallado que este acuerdo permitirá mejorar y agilizar la respuesta en los procesos de reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones.

Ha reconocido, además, "el importante desarrollo" que está teniendo el sistema de dependencia en la comunidad andaluza "gracias al papel de las corporaciones locales". "Son la puerta de entrada al sistema a través de los servicios sociales comunitarios, de ahí que reforcemos la colaboración entre la Junta y las corporaciones locales", ha afirmado.

La consejera ha insistido en que, con estas medidas, se pretende contrarrestar los recortes del Gobierno central en los últimos años, que se cuantifican en 625 millones de euros desde 2012. Junto a ello, ha denunciado que los Presupuestos Generales del Estados suponen "de nuevo, una dejadez del Sistema de Dependencia, a los que se suman otros 17 millones por el pago de la teleasistencia avanzada, lo que permitiría atender a 105.000 personas más en Andalucía".

La nueva estrategia, de carácter anual, cuenta con un presupuesto de 25 millones de euros que permitirá atender en Andalucía a más de 234.000 personas en situación de dependencia en marzo de 2018, (alrededor de 28.800 en la provincia de Jaén).

La consejera ha informado que desde la puesta en marcha de este Plan, se han incorporado al sistema 15.130 personas (1.841 en la provincia de Jaén) con un total de 20.698 prestaciones (2.795 en Jaén).

A fecha de 31 de julio, Andalucía cuenta con 186.800 personas en situación de dependencia ( 23.092 en la provincia de Jaén) que se benefician de 239.800 prestaciones (30.010 en territorio jiennense). En la provincia de Jaén se han creado 4.900 empleos en la atención a la dependencia, unos 2.320 en el Servicio de Ayuda a domicilio.

CENTROS DE PARTICIPACIÓN ACTIVA

Sánchez Rubio ha resaltado, igualmente, que este acuerdo supone un importante avance para la incorporación de las personas con dependencia moderada reconocida, ya que, entre otras medidas, se potenciará la utilización de la red de Centros de Participación Activa (más de 900 en Andalucía), tanto los gestionados por la Consejería (168 en Andalucía, 17 en la provincia de Jaén) como por las corporaciones locales, para los servicios de promoción de la autonomía personal y promoción de la dependencia. "Todo ello con el fin de alcanzar el mayor nivel de autonomía y calidad de vida", ha dicho.

Este acuerdo establece que los servicios que pondrán en marcha las corporaciones locales se prestarán mediante la realización de programas y actividades grupales de carácter preventivo y actividades ocupacionales.

Estarán orientadas a mantener o mejorar la capacidad para realizar las actividades básicas de la vida diaria, evitar la aparición de limitaciones en la actividad, potenciar el desarrollo personal y la integración social, fomentando y desarrollando las capacidades comunicativas y de interrelación personal, generación de grupos y otras habilidades sociales.

La norma plantea que las corporaciones locales garantizarán el acceso a las actividades grupales que se programen a las personas que tengan prescritos los servicios en su Programa Individual de Atención. Estas actividades se deben diseñar y realizar atendiendo a las necesidades de mujeres y hombres, sobre todo en lo relativo a la organización de espacios, horarios y contenido de las actividades programadas, así como atendiendo específicamente las necesidades de mujeres en situación de especial vulnerabilidad.

La financiación de dichas actividades correrá a cargo de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, que consignará anualmente en sus presupuestos el crédito adecuado y suficiente para la financiación de los servicios.

APUESTA INEQUÍVOCA

Por su parte, el presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, ha valorado el convenio destinado a impulsar actuaciones que potencien la autonomía personal en personas reconocidas con un grado de dependencia leve. "Su firma es una muestra inequívoca de la apuesta del Gobierno de Andalucía, con su presidenta Susana Díaz a la cabeza, por las políticas sociales", ha destacado.

En esta línea, ha considerado que "si hay ámbitos en los que Andalucía está marcando diferencias con el resto de comunidades autónomas es en las políticas sociales" y ha puesto como ejemplo lo que está sucediendo la Dependencia, donde a día de hoy el Gobierno de España financia en Andalucía "el 19 por ciento", mientras que la Junta "asume el 81 por ciento".

Sin embargo, al ponerse en marcha esta ley el compromiso era financiarla al 50 por ciento por Estado y comunidades, según ha recordado Reyes, quien ha señalado que ese descenso inversor en la partida estatal está siendo compensado por la Junta.

"Estamos hablando de recursos que se dedican a la dependencia, porque no vamos a dejar colgadas a las personas dependientes en Andalucía", ha asegurado. Junto a ello, ha ponderado la vertiente laboral de los servicios sociales, ya que, "además de atender a estas personas, se genera un empleo que además no se deslocaliza y es una apuesta clara por los más desfavorecidos".

Por todo ello, ha agradecido a la consejera que firme estos convenios con la Diputación de Jaén y los ayuntamientos y que también "dé la oportunidad a las diputaciones de ser ese instrumento de la Junta para que aquellos que más lo necesitan puedan recibir servicios de calidad en los municipios donde se encuentran".

"Es un sector en el que hay que seguir haciendo el esfuerzo que estamos haciendo, porque el dinero que se dedica a servicios sociales no es un gasto, sino una inversión en calidad de vida de los usuarios, en calidad de vida para sus familiares y tiene el valor añadido de la creación de empleo en los distintos territorios", ha comentado el presidente de la Diputación.