Abogado de Guerrero lamenta que sus compañeros no hayan consensuado defender la legalidad de ayudas de ERE

A su juicio, el Decreto de 2012 de convalidación de las ayudas aprobado por la Junta, "invade competencias" y podría ser inconstitucional

SEVILLA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El abogado José Ávila, que defiende al ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero en el juicio que celebra la Audiencia de Sevilla contra 21 ex altos cargos de la Junta acusados de prevaricación y malversación por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, ha alegado que estas ayudas eran "legales", en base a la Orden Ministerial de 1995 que regulaba las ayudas excepcionales para trabajadores afectados por procesos de reestructuración laboral.

Por ello, ha lamentado que esto se podría, incluso en la presente vista, "haber defendido aún mejor si cabe, si muchas de las defensas de los encausados en la presente, hubiesen consensuado esta postura, en lugar de defender postulados individuales, y al margen del resto, como también ha sido evidenciado a lo largo de esta larga vista y sus múltiples sesiones", según ha expuesto Ávila en su informe final en la representación procesal de Guerrero, que se enfrenta en este juicio a ocho años de prisión y 30 de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito continuado de malversación.

Ávila, en el tercer bloque de su informe, ha abordado la normativa aplicable en la concesión de ayudas extraordinarias a trabajadores afectados por procesos de reestructuración de empresas, ayudas de los ERE, al amparo de la Orden Ministerial de 5 de abril de 1995. Así, ha analizado tanto ésta como la Orden Ministerial de 1994, de ayudas previas a la jubilación ordinaria.

Tras esto, ha considerado que existen "sólidos argumentos" para asegurar que "las ayudas objeto del presente procedimiento son absolutamente legales, concedidas a trabajadores, no concedidas a empresas, y sustentado en un amplio y consistente marco normativo, que no ha sido ni considerado, tenido en cuenta, o bien interpretado a lo largo de todo este procedimiento, ni entendido por los instructores actuantes --Mercedes Alaya y Álvaro Martín-- ni contemplado por los peritos de auxilio judicial de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), y en consecuencia, ni tan siquiera citado en los atestados elaborados por la Unidad Central Operativa (UCO), bases en las que se sustentan las acusaciones".

GUERRERO ACTUÓ "AL DICTADO DEL PARLAMENTO Y EL CONSEJO DE GOBIERNO"

Y todo ello para concluir -Ministerio Fiscal y acusaciones del PP-A y Manos Limpias-- "de manera inquisitorial en las acusaciones tan graves, como injustas, contra los encausados en este proceso en general, y particularmente, contra la persona de Guerrero, actuó en la concesión de estas ayudas, primero al dictado de las órdenes emanadas por el Parlamento andaluz, y del Consejo de Gobierno, en el seno de la Dirección de su Consejería correspondiente, y al amparo de sus potestades y responsabilidades, aplicando todo este conglomerado normativo".

El abogado, que de manera insistente durante la sesión de mañana ha defendido la legalidad de las ayudas en base al marco normativo estatal, pues era el Gobierno quien tenía competencias en material laboral, expone que con esto "quedaría desvirtuado el contenido del informe pericial de la IGAE", base de las tesis acusatorias, que concluyen que las ayudas concedidas eran subvenciones y que debían seguir el cauce establecido en la Ley General de Subvenciones de Andalucía para las subvenciones ordinarias, y que tiene que constar su publicidad y concurrencia, tratándose de ayudas a empresas.

"¿UN DECRETO PARA DEFENDER A UN GABINETE SIN IMPORTAR SUS ANTECESORES?"

En este punto, ha remarcado la importancia de Decreto-Ley 4/2012, de 16 de octubre, aprobado por los grupos parlamentarios de PSOE-A e IULV-CA y con la abstención del PP-A, y que "en esencia viene a actualizar las medidas extraordinarias y urgentes en materia de protección sociolaboral a extrabajadores que han estado afectados por procesos de reestructuración de empresas y sectores en crisis", convalidando las ayudas de los ERE. La Cámara, "ante las primeras informaciones y diligencias del presente procedimiento", con esta norma pretendía "actualizar el sistema normativo que ha venido dando amparo a las ayudas sociolaborales".

En este sentido, Ávila señala que "el legislador no crea una norma que ampare las ayudas concedidas, sino que actualiza el sistema normativo previo" y pretende "mejorar" el sistema de las ayudas concedidas hasta esa fecha, "lo que implica intrínsecamente el reconocimiento de la legalidad de dichas ayudas previas".

No obstante, para el abogado de Guerrero, este Decreto-ley "invade el título competencial del Estado, dado el carácter de sociolaboral que el mismo Decreto establece para estas ayudas", si bien el Gobierno andaluz altera la naturaleza desde la sociolaboral a la asistencial "para así poder proceder a legislar, hecho que pudiera ser sometido a alguna cuestión de inconstitucionalidad", precisamente, por la invasión del título competencial".

Este Decreto-ley no ha sido impugnado "por nadie", pero "cómo se iba a impugnar dadas las circunstancias de conflicto social imperante en el momento de su aprobación, con más de 6.500 extrabajadores en una situación de alarma social, con movilizaciones diarias y con un campamento en las puertas del palacio de San Telmo", se ha preguntado el abogado, añadiendo que "dicho decreto adolece de inconstitucionalidad", al legislar sobre una materia --laboral--, para la que la Comunidad Autónoma no tiene competencias legislativas y sólo meramente ejecutiva.

La Junta podía conceder ayudas sociolaborales y para eso están las órdenes ministerial de 1994 y 1995, pero "en ningún caso podía hacer lo que hizo, corregir los errores que se cometen, quizás presionado por la propia instrucción judicial y la presión social y mediática, legislando algo para lo que es manifiestamente incompetente".

Este hecho prueba, a juicio de la defensa de Guerrero, "las contradicciones, sin razón jurídica, y el desconocimiento de las normas y garantías jurídicas que deben ceñir la acción legisladora". "No decimos como los peritos de la IGAE que se haya inducido a error a los parlamentarios andaluces" por parte del Ejecutivo andaluz, es que "ha puesto en evidencia a los propios servicios jurídicos" de la Junta y del propio Parlamento, y "a toda la estructura supervisora legislativa".

Y ello "para qué, ¿para defender a un gabinete concreto, sin importar lo que sucediera con sus antecesores?", ha planteado el abogado, advirtiendo de que quizás "había que tapar los errores de aplicación y no conceder veracidad ni convalidación a las actuaciones anteriores, aunque tuviesen un fuerte fundamento legal, porque la presión mediática y social determinaban otra cosa".

En este sentido, ha afirmado que hubiese sido mejor "haber bajado el balón al suelo, y con la cabeza fría, se hubiese ordenado, estudiado y dado razón de certeza a todo un amplio abanico jurídico que sustentaba en derecho las actuaciones realizadas en materias de ayudas sociolaborales en Andalucía", algo que se podría haber defendido "aún mejor si cabe" en este juicio "si muchas de las defensas de los encausados en la presente hubiesen consensuado esta postura, en lugar de defender postulados individuales, y al margen del resto".

De otro lado, ha insistido en "la obcecación" de la Fiscalía "en su afán acusatorio inquisitorial" y que el PP-A "lo que persigue no es un pronunciamiento justo y en equidad, como se demanda de la jurisdicción penal, sino conseguir un pronunciamiento favorable a sus pretensiones, de suerte que lo que se establezca es un juicio político, que puedan aclarar su ya dañada imagen ante los ciudadanos, por causas bien conocidas por todos, y que ha supuesto que dicho partido haya perdido el Gobierno de la Nación".