SEVILLA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -
La agencia IDEA, personada como acusación particular en la causa por las presuntas irregularidades en Invercaria, ha solicitado seis años de cárcel para el expresidente de esta empresa pública de inversión en capital riesgo de la Junta Tomás Pérez-Sauquillo en relación a la ayuda de 300.000 euros concedida a la empresa Fumapa.
En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, la agencia IDEA pide para Pérez-Sauquillo seis años de prisión y 25 de inhabilitación por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, la misma pena que ha solicitado la Fiscalía Anticorrupción para este acusado.
Asimismo, IDEA pide dos años y medio de cárcel y once años de inhabilitación para los administradores de Fumapa, Fulgencio Canales Rodríguez y Francisco Gutiérrez Cañizares, mientras que reclama que todos los acusados indemnicen a la agencia IDEA con 300.000 euros.
IDEA cifra en 359.581,60 euros "el perjuicio total" causado a Invercaria e IDEA, una cantidad que "puesta en relación con los fondos propios del año 2008 destinado a inversiones suponen un daño relevante en las propias cuentas de la entidad y en los posibles fondos destinados a otros proyectos en fase semilla o arranque".
De igual modo, la agencia IDEA no acusa a tres miembros del consejo de administración de Invercaria que han sido procesados, como son Isabel de Haro, Jacinto Cañete y Ramón Martín López, para los que el Ministerio Público ha reclamado seis años de cárcel, ya que "lo único acreditado es que asistieron" a la sesión del Consejo de Administración de Invercaria de 1 de julio de 2008.
Estos tres miembros del Consejo de Administración, "cuyo interés personal en el asunto no se ha acreditado, y en la creencia que la inversión en Fumapa en nada se diferenciaba de las otras que no planteaban irregularidades de procedimiento ni de fondo, a la vista de la información trasladada por el presidente del Consejo de Administración que dieron por buena y suficiente, en su buena fe adoptaron la decisión que ellos entendieron adecuada".
El abogado del servicio jurídico de IDEA relata que Fumapa era una sociedad limitada constituida el 13 de diciembre de 1988, cuyo objeto social es la fabricación y venta de carpintería metálica y aluminio y cristal y su capital social de 45.436,52 euros.
En fecha no determinada, los socios de Fumapa y Fumapra mantuvieron una reunión en La Carolina (Jaén) con Pérez-Sauquillo, "del que nació el compromiso de una inversión en alguna de sus empresas", tras lo que, el 8 de abril de 2008, ambos socios se reunieron con el presidente de Invercaria en la sede de esta empresa pública "para la concreción de la petición de inversión y ayuda".
"DOS FOLIOS MANUSCRITOS"
"Pese a ser conscientes que no cumplían con los presupuestos exigidos por Invercaria como empresa capital riesgo, le propusieron una inversión a modo de préstamo participativo", asevera IDEA, que añade que, en dicha reunión, "como toda documentación, no le entregaron más de dos folios manuscritos, en el que contenía una serie de gastos entre 2005 y 2008, así como un inventario de inmovilizado de Fumapa y Fumapra".
Ya a finales de 2006, dice que tanto Fumapa como Fumafra presentaban fondos propios negativos por 27.644 y 165.037 euros, respectivamente, y ambas "se encontraban en una situación comprometida desde el punto de vista económico a todos los niveles".
IDEA asevera que Pérez-Sauquillo, "a pesar de ser consciente de la irregularidad del inicio del trámite y de la inviabilidad en todos los sentidos de tal ayuda, con estos datos y documentos, hizo llegar a través de su secretaria el interés del mismo en que se analizara la inversión, dándose traslado de estos documentos a personal" del Departamento de Promoción, cuyo director era entonces Cristóbal Cantos, denunciante del caso y cuya causa en esta pieza fue archivada.
En este departamento se realizó un preinforme que consistió en una ficha informativa "incompleta, de apenas unos párrafos en medio folio y un informe informativo", dice IDEA, que agrega que este informe "de medio folio" concluía que ambas empresas mostraban "problemas de liquidez a corto y que se carecían de datos que indicasen la operación a realizar, inversión, y qué financiación se pedía a Invercaria".
Posteriormente, y según relata, el propio Cantos "fue requerido" en una reunión con el acusado "a realizar un análisis de urgencia, dado que según se decía, el proyecto tenía una alta consideración para la sociedad", de forma que Cantos elaboró un informe el 19 de mayo de 2008 que únicamente iba referido a Fumapa.
"El documento se realizó sin atenerse a los estándares de Invercaria y sin formato oficial" y en el mismo "se dice carecer de datos para los informes que se han requerido y se habla de la alta consideración e importancia del proyecto", advirtiéndose también de la "deficiente situación de liquidez, fondos propios negativos y fuerte dependencia de un solo cliente".
POR UNANIMIDAD
El informe "concluía acerca de la necesidad de la auditoría de cuentas del ejercicio 2007, la diversificación de la cartera de clientes y un informe sobre la gestión de la empresa", a pesar de lo cual "se informó que una vez atendida estas recomendaciones, la solicitud de Fumapa presentaba un perfil positivo para recomendar la inversión solicitada".
Así, "ninguno de los tres aspectos señalados" en ese informe "como necesarios se realizó posteriormente ni el presidente dio orden en tal sentido", señala el abogado, que indica que Pérez-Sauquillo, "sin completar el expediente con las comprobaciones" a las que Cantos hacía referencia en su informe, "y sin análisis de la inversión, decidió presentarlo sin más" al Consejo de Administración de Invercaria.
Para finalizar, recuerda que, el 1 de julio de 2008, se celebró Consejo de Administración de Invercaria, siendo la de Fumapa "una operación de las seis que aprobó" dicho consejo en una sesión "que se desarrolló como cualquier otra".
De esta forma, el Consejo de Administración de Invercaria "acordó por unanimidad la concesión de un préstamo participativo a Fumapa por importe de 300.000 euros", y el préstamo finalmente se formalizó en póliza de 23 de julio de 2008, sostiene IDEA, que añade que, dos días después, su administrador, el acusado Fulgencio Canales, realizó un traspaso de 150.000 euros a Fumapra, préstamo que "no se incluyó" en las cuentas anuales por parte de Fumapa.
Posteriormente, e instado el concurso de Fumapa, este acusado "no incluyó el préstamo" en la documentación presentada al Juzgado Mercantil y al administrador concursal, lo que "imposibilitó" que el Juzgado conociera el préstamo a Invercaria, lo que "unido a lo deficiente que fue el seguimiento por Invercaria dio lugar a que se comunicara el crédito al Juzgado de lo Mercantil de manera tardía, perdiéndose en definitiva el capital".
Ya el 1 de octubre de 2009, Invercaria "era consciente de la comprometida situación económica" de Fumapa y "de sus problemas" con Hacienda y la Seguridad Social a través de una reunión mantenida con personal de la misma y donde "hasta entonces no se habían afrontado los pagos de principal e intereses del préstamo".
Cabe recordar que el juez que investiga el caso Invercaria ha concluido ya la instrucción de las cinco primeras piezas, como son las relativas a las ayudas a Fumapa, Servivation --donde la Fiscalía ha pedido seis años de cárcel para el exconsejero de Innovación, Ciencia y Empresa Francisco Vallejo--, Operador Aéreo Andalus --en la que Anticorrupción ha solicitado dos años y medio de cárcel para el exconsejero de Cultura José María Martín Delgado--, Lolita Canalla y la diseñadora Juana Martín.