Agente de la UCO señala una transferencia "sin justificar" de 2,5 millones de la empresa satélite de UGT-A al sindicato

Avisa de un pago de 2,1 millones de euros justificado "con el concepto genérico de pagos a cuenta"

SEVILLA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Durante el juicio que celebra la Audiencia hispalense contra el ex secretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla y otros cuatro antiguos responsables de la organización sindical por un presunto delito continuado de fraude de subvenciones en concurso con un delito continuado de falsedad en documento mercantil, un sargento de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encargado de un atestado sobre el "circuito financiero" del sindicato ha señalado una transferencia de casi 2,5 millones de euros, desde la sociedad instrumental de la organización a las cuentas de la misma, sin que fuese "encontrada justificación" alguna para dicha maniobra.

Durante esta nueva sesión del juicio en la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla ha comparecido de como testigo un sargento de la UCO que participó en la investigación policial de este caso, por el cual se han sentado en el banquillo de los acusados el ex vicesecretario de Organización y ex secretario general del sindicato Francisco Fernández Sevilla; el que fuera secretario general de Administración de UGT-A, Federico Fresneda; la ex secretaria de Gestión Económica, María Chapín; la ex responsable del departamento de Compras de UGT-A, Dolores Sánchez; el consejero delegado de la entidad Soralpe I Mas P Asociados S.L., Enrique Goicoechea; y diez personas que actuaron como proveedores del sindicato a través de las empresas que representaban.

Tiempo atrás, recordémoslo, el juez instructor Juan José Vélez decretó el sobreseimiento de las actuaciones respecto al exsecretario general del sindicato Manuel Pastrana, dada su "situación de incapacidad sobrevenida", así como con relación a otras siete personas.

Según el Juzgado de Instrucción número nueve, entre 2009 y 2013 mediaron "procedimientos concertados entre los responsables de UGT-A y determinados proveedores, a fin de que pudieran facilitar al sindicato una vía de financiación para la práctica de sus actuaciones propias", incurriendo en ello en "la aplicación de los fondos recibidos a través de subvenciones públicas a unos fines distintos al destino que dichos fondos deberían haber tenido", que eran "la práctica de acciones formativas, a personal ocupado y desocupado".

PARA SOSTENER LOS GASTOS CORRIENTES

"En la consecución de aquellos fines fraudulentos de financiación era precisa la implicación de sociedades que, como proveedores, facilitaran la infraestructura documental y contable que permitiera obtener fondos destinados a formación, para poder desviarlos, con el fin de sostener los gastos corrientes del sindicato", explicaba el juez instructor, según el cual "el cómputo global de las cantidades defraudadas en los expedientes en los que se ha contado con la información documental necesaria asciende a 40.750.047,74 euros".

En este marco, este sargento de la Guardia Civil ha explicado que la entidad Soralpe I Mas P Asociados S.L., gestionada por Enrique Goicoechea, miembro de UGT, "prestaba servicios" para UGT Andalucía y más del 87 por ciento de su financiación derivaba del sindicato y de IFE, la fundación de formación de UGT Confederal. Dicha empresa, según ha dicho, apenas contabilizaba algo más de 300.000 euros fruto de otras entidades ajenas al círculo del sindicato.

Ha destacado que la contabilidad analizada arrojó que el sindicato transfirió 5,2 millones de euros a Soralpe, que contaba en usufructo con las sedes y locales de UGT-A, para el alquiler de las aulas donde la organización realizaba sus cursos de formación incentivados con fondos públicos; corroborando la tesis del fiscal Fernando Soto sobre el "artificio" creado en torno a los citados alquilerres.

LA "DIFERENCIA" RESPECTO A LAS FACTURAS

También ha señalado especialmente que la detección de otra transferencia de unos dos millones de euros sin que fuese posible precisar "a qué corresponde" dicha cuantía trasladada a Soralpe, así como una "diferencia" de 1,6 millones de euros entre las cuantías facturadas por la entidad al sindicato y el dinero en cuestión.

Las pesquisas, según ha dicho, no pudieron "precisar exactamente a qué se debe" esa diferencia de 1,6 millones de euros respecto a "lo facturado" y lo ajeno a tal parámetro.

Igualmente, este investigador ha prestado especial atención a una transferencia de 2,49 millones de euros, pero esta vez desde Soralpe a UGT-Andalucía, una transferencia para la cual no fue "encontrada justificación" alguna a la hora de revisar las cuentas; así como el hecho de que más de 2,1 millones de euros fuesen justificados "con el concepto genérico de pagos a cuenta", extremo ante el cual ha mostrado su sorpresa.

Otro de los aspectos que ha enfatizado este investigador fue la detección de 65 transferencias por valor de 257.222 euros desde Soralpe a la empresa Bat Gestión, donde Enrique Goicoechea, consejero delegado de la primera entidad, figuraba como "administrador único". Según ha avisado, las pesquisas no arrojaron "ninguna factura" relacionada con tales transferencias, sin que haya quedado aclarado tampoco "qué servicios" habría prestado Bat Gestión para Soralpe.