MARMOLEJO (JAÉN), 4 (EUROPA PRESS)
El alcalde de Marmolejo (Jaén), Manuel Lozano, ha anunciado que remitirá a las dirección regional y federal del PSOE un escrito pidiendo que no se le aplique el código ético del partido una vez que el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Andújar (Jaén) ha ordenado la apertura de juicio oral en una causa en la que el primer edil ha sido investigado como presunto autor de un delito de prevaricación urbanística.
El código ético del PSOE establece literalmente que "cualquier cargo público u orgánico del PSOE al que se le abra juicio oral por un procedimiento penal dimitirá de su cargo en el mismo momento en el que se le dé traslado del auto de apertura del mismo y solicitará la baja voluntaria. En caso contrario, será suspendido cautelarmente de militancia y, en su caso, expulsado del partido".
Manuel Lozano, en declaraciones a Europa Press, ha indicado que explicará a las direcciones de su partido sus argumentos de defensa con lo que espera que no se le aplique el código ético y que pueda permanecer en las filas socialistas hasta que haya sentencia sobre el caso.
"Solo puedo y quiero decir que estoy deseando que se aclare todo", ha dicho Lozano. Ha lamentado que las explicaciones finalmente las tenga que dar sentado en el banquillo de los acusados, pero se ha mostrado convencido de su inocencia porque "estoy plenamente convencido de que no hay nada irregular en mi actuación".
Ha insistido en que este caso "nadie se ha llevado ni un euro de dinero público" por lo que cualquier tipo de supuesta irregularidad se circunscribe al ámbito administrativo.
El Ministerio Fiscal ha pedido la inhabilitación durante ocho años de Lozano acusándolo de conceder al margen de la legalidad y obviando advertencias de la Junta de Andalucía una licencia al tanatorio cuando era edil de urbanismo en 2005. El escrito del Ministerio Fiscal pide también ocho años de inhabilitación para el que fuera arquitecto técnico del proyecto.
Tanto al alcalde como al aparejador municipal están encausados como presuntos autores de un delito de prevaricación supuestamente cometido en 2005, cuando el primer edil era concejal de Urbanismo. En concreto, los cargos son por la licencia concedida al tanatorio promovido por la empresa PMC Servicios SL, que según el Ministerio Público, se otorgó al margen de la legalidad y a pesar de las advertencias realizadas desde la Junta de Andalucía.