Andalucía, cuarta CCAA con más privatización sanitaria tras Madrid, Baleares y Cataluña según Defensa de Sanidad Pública

Archivo - Médico enseñando una radiografía a un paciente en la consulta.
Archivo - Médico enseñando una radiografía a un paciente en la consulta. - ISTOCK - Archivo
Publicado: miércoles, 8 mayo 2024 13:05

SEVILLA/MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

Andalucía es la cuarta comunidad autónoma con mayor grado de privatización sanitaria sólo superada por Madrid, Baleares y Cataluña y Andalucía, según refleja el informe 'La Privatización Sanitaria en las Comunidades Autónomas 2024' publicado este miércoles por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP).

El portavoz de la FADSP, Marciano Sánchez-Bayle, ha sido el encargado de presentar los datos en una rueda de prensa en la que ha hecho hincapié en que "la privatización del sistema sanitario es un gran problema de la sanidad pública", ya que "incrementa los costes de manera muy importante y mercantiliza un derecho fundamental de las personas, que es uno de los pilares clave del Estado del Bienestar".

Así, el informe, realizado con datos del año 2023, destaca que la privatización ha aumentado en todas las CCAA. El documento contiene una serie de criterios que sitúa a Madrid, con 28 puntos, como la región con mayor privatización sanitaria de España, seguida de Baleares (27), Cataluña (26) y Andalucía (25).

Dentro de estas variables, se han evaluado aspectos de aseguramiento, financiación privada (en seguros sanitarios y gasto de bolsillo), recursos y utilización del sector privado y porcentaje de gasto sanitario público dedicado directamente a contratación con los centros privados, así como la existencia de fórmulas de colaboración público-privadas establecidas en la comunidad autónoma. Solo se han utilizado datos que se encuentran publicados y en las fuentes disponibles: Ministerio de Sanidad (MS), Instituto Nacional de Estadística, Barómetro Sanitario, IDIS.

Con un grado intermedio de privatización sanitaria se encuentra Aragón (24), Comunidad Valenciana (24), Asturias (23), Canarias (23), Murcia (22), Castilla y León (21), Cantabria (20), Galicia (20), País Vasco(19), La Rioja (19).

"Cuanto más dinero público se deriva para financiar al sector privado, menos dinero existe para financiar al sistema público. Cuanto menos presupuesto tienen los centros públicos, menos capacidad tienen de atender la demanda, y cuanto menos capacidad tienen de atender la demanda, más se necesita acudir al sector privado", ha matizado el portavoz de la FADSP.

Por último, dentro de las regiones con menor grado de privatización, se sitúa Castilla-La Mancha (18), Extremadura (16) y Navarra (16). En este grupo sólo se mantiene Extremadura en todos los informes, que hace dos años dejó de ser la comunidad autónoma con menor grado de privatización.

Los movimientos más llamativos en cuanto a mayor privatización entre los dos últimos informes son el de Cantabria que aumenta 6 puestos, Murcia y Aragón que aumentan 4 , Asturias 3 , Andalucía y Valencia que aumentan 2 y Baleares y País Vasco que aumentan 1.

Además, Navarra baja 12 puestos (el año anterior había aumentado 8), Galicia 5, Canarias 4, La Rioja 2, y Cataluña 1. Solo 3 CCAA mantienen la misma posición que en 2023 (Madrid a la cabeza y Castilla - La Mancha y Extremadura en las últimas posiciones).

"POCO ESFUERZO" POR PARTE DE LAS CCAA

Sánchez-Bayle ha manifestado que "en general, no ha habido ninguna comunidad autónoma que haya hecho un esfuerzo importante en el gasto del sector sanitario privado". "Durante algún año se produjo, en el caso de la Comunidad Valenciana, con la desprivatización de algunos de los centros sanitarios, pero esta situación con el cambio de gobierno ha dejado de ser así", ha agregado.

Además, desde la Federación lamentan que la principal limitación del estudio está en la ausencia de transparencia de las administraciones sanitarias que "dificulta enormemente el encontrar datos homogéneos para todas las CCAA, lo que es un fraude a la ciudadanía que es la que las sufraga con sus impuestos y un incumplimiento notorio de la denominada ley de transparencia, que desgraciadamente no ha mejorado de manera sustancial la información sanitaria disponible".