SEVILLA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -
Andalucía se encuentra entre las seis comunidades que han mejorado su puntuación global en el Índice DEC 2023 y se sitúa en el décimo lugar de la clasificación general, en el nivel 'débil' con una puntuación de cinco puntos, tras aumentar 24 décimas respecto a la anterior aplicación.
Según el informe del Índice DEC, consultado por Europa Press, el principal déficit de Andalucía en este apartado es "la falta" de publicación del Catálogo, seis años después de aprobar su nueva Ley de Servicios Sociales, constituyendo así "el reto más importante" de esta comunidad para la ordenación y desarrollo de sus servicios sociales.
En cambio, cumple la mayor parte de los nuevos requisitos que valora el IDEC en este apartado: historia social única, plan de investigación y partidas específicas para ello, y estrategia de ética, a falta sólo de constituir el Comité de Ética de Servicios Sociales en Andalucía.
El Índice DEC del año 2023 arroja que las administraciones públicas andaluzas aumentaron en 43,3 euros su gasto corriente por habitante y año en servicios sociales, pasando de 398,4 euros en 2021 a 441,7 euros en 2022. Sigue siendo una cuantía inferior a la media estatal, que es 512 euros. El porcentaje que supone el gasto de la Junta de Andalucía y de las Entidades Locales de su territorio en servicios sociales respecto al PIB regional se reduce tres centésimas, pasando de 2,11% en 2021, a 2,08% en 2022, lo que rompe por segundo año consecutivo la tendencia creciente que se venía registrando desde 2014. No obstante, continúa por encima de la media estatal, que es del 1,81%.
Por último, el porcentaje del gasto en servicios sociales que realiza la Junta y las Entidades Locales de Andalucía, aumenta 0,78 puntos, pasando de 9,63% en 2021 a 10,41% en 2022, ligeramente superior a la media estatal (10,24%). Así, el Gobierno andaluz aporta el 72,1% del presupuesto total de los servicios sociales en esa Comunidad, mientras que el 27,9% restante corresponde a las Entidades Locales de su territorio, unos porcentajes similares a la media estatal.
COBERTURA EFECTIVA DE PRESTACIONES Y SERVICIOS
El índice destaca positivamente a Andalucía en el servicio de ayuda a domicilio que, con una cobertura del 18,2% de las personas mayores de 70 años, supera la media estatal que es del 7,6%. De la misma manera, la intensidad de este servicio es mayor en Andalucía, con una media de 27,8 horas mensuales, que en el conjunto de España, con 20,2 horas.
También valora el servicio de teleasistencia, que alcanza al 22,3% de las personas mayores de 70 años en Andalucía, frente al 14,0% de media estatal, y el de acogimiento familiares a menores, que suponen en Andalucía el 57% del total de acogimientos, 4,8 puntos más que la media estatal, situada en el 52,2%. En cuanto a la atención a la dependencia, también se encuentra por encima de la media en 0,51 puntos, con 7,5 puntos en la Escala del Observatorio de la Dependencia.
Por el contrario, el Índice DEC sitúa entre los principales déficit de la comunidad la cobertura de sus Rentas Mínimas de Inserción, que solo alcanzaban al 1,5% de la población bajo el umbral de la pobreza en Andalucía, frente al 8,0% de media estatal, y las plazas residenciales de financiación pública para personas mayores de 70 años, con una cobertura del 2,71% frente a 3,91% de media estatal.
También advierte del décifit en las plazas residenciales para personas con discapacidad, con una cobertura del 1,23% frente a la media de 1,78% y las plazas diurnas y ocupacionales, con una cobertura del 1,8% frente a la media de 3,1%, así como en las de acogida para mujeres víctimas de violencia de género (7,2 plazas por cada cien mujeres con orden de protección en Andalucía frente al 14,3 de la media estatal) y las de alojamiento para personas sin hogar, con 31,1 plazas por cada 100.000 habitantes en Andalucía, frente a 58,5 de media estatal.
EQUILIBRIO
El Índice DEC señala la mejora "notable" del equilibro entre las tres dimensiones del Sistema Público de Servicios Sociales andaluz, superando los desequilibrios de partida. Así, con la aprobación en 2017 de su Ley de Servicios Sociales, corrigió su cobertura en riesgo, es decir, el escaso desarrollo del reconocimiento de derechos en relación con la cobertura real de prestaciones y servicios. La Ley supuso en Andalucía "un paso necesario" para dotar al Sistema de una base jurídica en la que fundamentar su desarrollo y permitir a los ciudadanos exigir sus derechos ante cualquier intento de recortar, limitar o desmontar las prestaciones y servicios sociales que están percibiendo.
Por eso, el informe subraya como necesario que, en cumplimiento de lo que la propia Ley establece, se desarrolle el Catálogo que concrete estos derechos, y que supondría un paso importante para la mejora del Sistema Público de Servicios Sociales en Andalucía.
También mejora su coste eficiencia, es decir, presenta un buen equilibrio entre gasto y cobertura efectiva de prestaciones y servicios, y se acerca cada vez más al grupo de las Comunidades coste-eficientes.
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