SEVILLA, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno andaluz quiere comparecer ante el Consejo de Estado para presentar sus alegaciones al Plan Hidrológico del trasvase del Tajo-Seguro ante el recorte del agua que se destina al consumo de las agriculturas del Levante español, decisión que afecta, además de Andalucía, a Murcia y Valencia, comunidades que han presentado ya una iniciativa similar a la que ha tramitado este martes el Ejecutivo autonómico.
La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ha explicado esta iniciativa en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno tras considerar que aunque "el leitmotiv" del Gobierno andaluz es la negociación, ante "este hachazo grandísimo no podemos estar ni callados ni cruzados de brazos", de ahí que la solicitud de comparencia ante el Consejo de Estado haya sido una iniciativa incluida como "punto de urgencia, que no nos hubiera gustado llevar" en el Consejo de Gobierno.
"El presidente (de la Junta) está firmando la petición de audiencia al Consejo de Estado, que se tiene que pronunciar el día 20", ha detallado Crespo, quien ha proseguido aclarando que "enviaremos estas aletgaciones antes de que se pronuncie el día 20", para seguidamente sostener que el trasvase responde a "una decisión política", que ha atribuido "a un pacto que se haya tenido con el presidente de Castilla La Mancha (Emiliano García Page)".
"Vamos a defendernos ante esta situación de injusticia", ha dicho Crespo, quien ha barruntado la aprobación por un Consejo de Ministros posterior al cónclave del Consejo de Estado del día 20.
Crespo ha narrado que el punto de partida del trasvase Tajo-Segura es una sentencia judicial que obliga a preservar el caudal ecológico del Tajo y que para ello se estimó que con una cantidad de 6 metros cúbicos por segundo se podría dar cumplimiento a esa exigencia.
La iniciativa, ha explicado la consejera de Agricultura, se abordó en una reunión del Consejo Nacional del Agua de diciembre y que había consenso entre las comunidades autónomas afectadas en asumir la medida, pero no así en la cantidad finalmente decidida para preservar el caudal ecológico del Tajo, que es de 8,6 metros cúbicos por segundo, una cifra que "no han avalado ni Murcia ni Valencia ni Andalucía" y colegir la consejera que "han cambiado las reglas del juego".
Tras rechazar la cifra de 8,6 metros cúbicos porque "creemos en la sensatez, no en decisiones caprichosas", Crespo ha sostenido que elevar el caudal protegido para restringir el agua trasvasada es "un jaque mate a la supervivencia del Levante español, de las frutas y hortalizas".
La titular de Agricultura ha considerado que se trata de "decisiones que afectan mucho a la población, a la más seca" y ha lamentado que "se está obviando la situación solo por capricho", antes de apuntar datos como la repercusión del recorte de agua trasvasada sobre 25.000 hectáreas y 15.000 empleos tras "un recorte de 105 hectómetros cúbicos que llega al Levante español".
Cuestionada por el hecho de que las comunidades de Murcia y Valencia hayan presentado sus alegaciones al Consejo de Estado, Crespo ha negado diferencias y lo ha atribuido a que este martes ha retomado la actividad el Consejo de Gobierno, y reiterar que "se ha trabajo de forma unida con Valencia y Murcia" por cuanto "durante toda la Navidad hemos hablado de este tema".
"Quien ha faltado a la verdad ha sido el Gobierno", ha afirmado la consejera de Agricultura, quien ha recriminado al Ejecutivo de la Nación aprobar el Plan Hidrológico del Tajo con una reserva de agua de 8,6 metros cúbicos.
BONIFICACIÓN DEL AGUA DESALADA
En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, la consejera de Agricultura ha denunciado también que "se acabó la bonificacion del agua desalada", que hasta ahora abonaban los beneficiarios a un precio de 0,45 euros a las desaladoras de Acuamed (Aguas de las Cuencas Mediterráneas), una empresa dependiente del Estado, y que sin esa subvención pasa a ser de 1,3 euros, una cifra que le ha llevado a concluir que la hace "inviable para el cultivo".
Además de la bonificación, Crespo ha reclamado que sea extensible "no solo para las desaladoras de Acuamed, sino de todo el sistema", tras poner de manifiesto que "el agua que va al mar, es muy gráfico", y poner como ejemplo el caso de la desaladora de Almería, en cuyo caso no se bonifica por el hecho de no pertenecer a Acuamed.
Crespo ha reclamado "alternativas para regantes y el abastecimiento" por cuanto un precio del agua desalada a "un 1,4, 1,3 euros es inviable" y advertir de que hay "municipios donde sus ciudadanos solo beben agua desalada".
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