Andalucía pide al Gobierno una "moratoria" del impuesto por el depósito de residuos al vertedero y negociar con la FAMP

SEVILLA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha instado este martes al Gobierno central a que aplique una "moratoria" en la aplicación de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular que recoge un nuevo impuesto por el depósito de residuos en vertederos y que se siente a negociar con los ayuntamientos a través de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) para que la aplicación de la normativa "no sea una desastre".

En respuesta a una pregunta formulada por el grupo parlamentario Vox en comisión, Catalina García ha afeado al Ejecutivo central el que no se haya sentado con los ayuntamientos. "Podía haber llegado a acuerdos para aplicar esta Ley, pero no ha pasado nada de eso y ahora nos encontramos con unos ayuntamientos que tienen que aplicar una Ley que es imposible, porque no tienen medios ahora mismo para dilucidar quiénes son los que más o menos contaminan ni en zonas rurales ni en municipios grandes".

"Es una obligación de este Gobierno sentarse con la FAMP, con la que tanto hablaba antes pero con la que ahora habla un poco menos. Ahí están representados todos los alcaldes de España y tienen obligación de sentarse con la Federación para poner soluciones y lo primero que tienen que hacer es demorar la entrada en vigor de la Ley". Fue el propio presidente de la FAMP y alcalde de Córdoba, José María Bellido, quien reclamó recientemente a la Junta de Andalucía que la recaudación del impuesto al vertedero, la nueva tasa implantada que estiman en unos cien millones de euros en la comunidad, "revierta" a los ayuntamientos para hacer inversiones en instalaciones de gestión de residuos.

Bellido explicaba que el cálculo aproximado es de en torno a cien millones de euros "lo que en toda Andalucía se puede estar pagando por esa tasa", por lo que demandaba que esos cien millones de euros vuelvan a los ayuntamientos porque "nosotros somos los que ponemos la tasa y recaudamos y luego se transmite a la Junta de Andalucía". Además, pedía que "esa tasa vuelva a los ayuntamientos gestores de centros de residuos, no a todos los ayuntamientos, porque no tendría sentido", así como a las diputaciones "que prestan el servicio y hagan las inversiones necesarias en sus instalaciones para dejar de depositar los residuos en el vertedero y a su vez dejar de cobrar esa tasa, que no deja de ser penalizadora por enterrar la basura".

En este sentido, por unanimidad hacía un llamamiento a que la recaudación de la tasa llegue a los ayuntamientos, porque "es un impuesto que deriva primero de una directiva europea, que se aprueba y se transmite al ordenamiento jurídico español a través de una Ley que aprueba el Congreso, y que, como consecuencia de esa Ley, las comunidades son las encargadas de obtener la recaudación y somos los ayuntamientos los que tenemos que colocar la tasa".

Sobre gestión de residuos, la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha movilizado 217,6 millones destinados a la mejora de la gestión y la puesta en marcha de proyectos orientados a fomentar la economía circular. Esta inversión "refuerza" el compromiso del Gobierno andaluz con el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente, en consonancia con los objetivos marcados por la Unión Europea en materia de sostenibilidad y transición ecológica, ha subrayado la Junta en una nota de prensa.

Así lo ha trasladado Catalina García en la comisión, donde ha subrayado que "estas subvenciones nos permiten avanzar hacia una Andalucía más limpia, sostenible y preparada para los desafíos futuros". Este esfuerzo, ha indicado, es posible gracias a la movilización tanto de fondos europeos como propios que permiten dotar a los municipios de los recursos necesarios para mejorar la gestión de residuos y, en consecuencia, la calidad de vida de los andaluces.

De los 217,6 millones de euros, 146,56 millones se han dirigido específicamente a subvenciones para ayuntamientos y entidades locales, con el objetivo de modernizar los sistemas de recogida de residuos y adaptarse a los criterios de sostenibilidad establecidos por la normativa europea. Esto incluye la creación de sistemas de recogida separada de biorresiduos, la mejora de infraestructuras de reciclaje y el impulso de proyectos innovadores en materia de economía circular.

Además, Catalina García ha destacado que el resto de la inversión, más de 71 millones de euros, se ha destinado directamente a proyectos gestionados por la Junta de Andalucía, incluyendo la construcción de infraestructuras clave como puntos limpios, plantas de transferencia y el sellado de vertederos. Del mismo modo, ha resaltado que estos proyectos también dinamizan la economía local, creando empleo y nuevas oportunidades en el ámbito de la economía verde.

CALIDAD DEL AIRE

Por otro lado, la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha abordado la ampliación de los planes de calidad del aire en Andalucía, un pilar "esencial" en la Estrategia Andaluza de Calidad del Aire para la protección de la salud pública y la lucha contra la contaminación atmosférica. La consejera ha informado sobre la puesta en marcha de diez planes de mejora de la calidad del aire que abarcan las siguientes áreas: la Bahía de Cádiz, Sevilla y su área metropolitana, Málaga y la Costa del Sol, Villanueva del Arzobispo y su entorno, núcleos de 50.000 a 25.000 habitantes, así como varias zonas industriales y rurales.

Catalina García ha hecho hincapié en que, a pesar de la reducción general de contaminantes como las partículas en suspensión, el ozono y los óxidos de nitrógeno, las condiciones climáticas de Andalucía, con alta insolación, escasas lluvias la estabilidad atmosférica y la proximidad al continente africano, agravan la situación en comparación con otras regiones. Los nuevos planes incluyen una serie de medidas concretas para reducir las emisiones, como el fomento del uso de vehículos eléctricos, la rehabilitación energética de edificios, la limitación de la quema de residuos agrícolas o la implementación de mejores técnicas industriales disponibles, entre otras.

"Todas estas medidas estarán acompañadas de campañas de concienciación ciudadana con el objetivo de involucrar a la población en la protección del medio ambiente. Estos planes, además, se centrarán en prevenir futuras superaciones de estos niveles, asegurando una mejor calidad del aire", ha dicho. Además, ha puesto de relieve que los planes se han elaborado de manera participativa, con jornadas de consulta en las provincias afectadas, asegurando el respaldo de todos los actores implicados.