Andalucía, molesta con el Gobierno por ligar tasa de reposición a prórroga presupuestaria: “Es chantaje”

Montero subraya que Andalucía va a seguir con su hoja de ruta en materia de OPE y que prevé convocar las 8.000 plazas

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha trasladado este lunes a la secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado, el "malestar" de la administración regional con que la central haya "ligado" la tasa de reposición en el empleo público con la prórroga presupuestaria.

La Junta considera que "es chantaje", relacionar una cosa con otra y sembrar así, especialmente en el sector educativo, una "incertidumbre" que "no tiene sentido", y con esa misma palabra se lo ha dicho Montero a Collado en la reunión que ambas han mantenido esta tarde en Madrid. "Lo hemos tildado de chantaje y de la misma forma que lo hemos trasladado a los medios de comunicación así lo hemos hecho en la mesa de la reunión a la secretaria de Estado", ha señalado.

En declaraciones a los periodistas al término del encuentro, Montero ha indicado que el Estado ha pedido información jurídica sobre lo que implica la prórroga de presupuestos pero ha añadido que a la Junta le avalan sus informes para afirmar que "la tasa de reposición se puede aplicar de la misma manera que el año pasado".

La responsable de la administración pública andaluza ha explicado que el encuentro ha servido para trasladarle a la secretaria de Estado la "hoja de ruta de Andalucía en materia de empleados públicos", desde la firma del acuerdo con los sindicatos el año pasado a las perspectivas que recogen las cuentas regionales y a la "decisión de continuar con la oferta pública de empleo".

"Nosotros hemos sido extraordinariamente claros con que la comunidad va a seguir con su hoja de ruta en materia de oferta pública de empleo y que prevé convocar las 8.000 plazas", siendo las más perentorias las del sector educativo, ha incidido la consejera al término del encuentro.

Montero ha señalado que entiende que el Ministerio "trabaja" con las organizaciones sindicales pero ha añadido que no le ha sido trasladada la "decisión final que va a adoptar" aunque --ha recordado-- la "voluntad que quieren expresar es que, a través de la ley de presupuestos, se pueda contemplar que exista una tasa de reposición en el mismo límite que se estableció en la anterior".

En lo que sí coincide la voluntad de ambas administraciones es en desarrollar el acuerdo alcanzado en la Conferencia de Presidentes para que los interinos tengan opciones a tener su plaza en propiedad "y consolidar así el empleo público, que en los años de crisis ha tenido la dificultad en la tasa de reposición que cada año han ido marcando los PGE".

Asimismo, Collado ha traslado a la consejera que todas las comunidades autónomas "están comprometidas con ese proceso masivo de consolidación", no obstante, Andalucía ha advertido de que "es necesario trasladar la seguridad de que oferta se va a celebrar en condiciones adecuadas".

Este proceso "sí tiene vocación de hacerse de manera coordinada para evitar movilidades innecesarias o efecto llamada", ha indicado Montero que, no obstante, ha ahondado en que Andalucía "tiene el compromiso con el conjunto empleados públicos y con las organizaciones sindicales, que evidentemente va a cumplir, sin perjuicio de que se pueda mejorar con esos procesos de consolidación masiva o cuestiones salariales".

Y es que el Gobierno central también ha abordado con el andaluz que está manteniendo reuniones sindicales para la negociación de los presupuestos en relación con las subidas salariales y Montero ha recordado que Andalucía, en previsión de la subida salarial del uno por ciento, lo consignó en sus presupuestos y está a expensas de que el Gobierno lo incorpore a su ley de presupuestos o en el decreto de prórroga.

Por último, la consejera ha explicado a los medios de comunicación que en la reunión se ha hablado de por qué Andalucía había decidido recuperar la jornada de 35 horas para los funcionarios pero ha dicho que no se ha entrado a valorar la "legalidad" de la medida ni el Gobierno ha aportado nada al respecto ya que este tema corresponde a "otro ámbito" y debe abordarse, por lo tanto, en comisión bilateral entre el Estado y la comunidad.