Andalucía ya pidió en 2022 la "cogestión" del IMV y apela a que el Gobierno transfiera también fondos para su gestión

SEVILLA 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía, a través de su consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López (PP-A), pidió en septiembre de 2022, en una reunión con el entonces ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, la "cogestión" del Ingreso Mínimo Vital (IMV), y ha remarcado este miércoles que la cesión de la gestión de este recurso a la que se ha abierto el Ejecutivo central para las comunidades autónomas con régimen común que lo soliciten debe ir acompañada también de una cesión de "los recursos y fondos necesarios para gestionar esta prestación".

Así lo han precisado este miércoles a Europa Press fuentes de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad al hilo del anuncio que ha realizado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la última reunión del año del Consejo de Ministros, que ha aprobado la cesión de la gestión del IMV a las comunidades autónomas con régimen común que lo soliciten para equipararlas a las comunidades autónomas de régimen foral que ya lo tenían cedido, como son País Vasco y Navarra.

Sánchez ya había acordado el traspaso de la gestión de esta prestación para Cataluña, el pasado 21 de diciembre, en su reunión con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonés, y de esta forma se extiende para el resto de comunidades autónomas.

Al respecto, desde la Consejería de Inclusión Social han remarcado que, "nada más llegar" Loles López a dicho departamento del Gobierno andaluz --cargo del que tomó posesión a finales de julio de 2022-- se le remitió una carta al citado ministro "en el mismo sentido" de pedir la "cogestión" del IMV, "además de pedirlo en el Parlamento en varias ocasiones".

Desde la Consejería han criticado que aún están "esperando una respuesta" del Gobierno tras la referida reunión entre la consejera y el ministro Escrivá de septiembre de 2022, y han remarcado que la cesión de la gestión del IMV también debe suponer "transferir los recursos y fondos necesarios para gestionar esta prestación".

Esta prestación se puso en marcha el 1 de junio de 2020, en el primer año de la pandemia de la Covid-19, y entonces, el Ministerio de Inclusión, Seguridad y Migraciones, que dirigía José Luis Escrivá y que ahora encabeza Elma Saiz, preveía que esta prestación llegara a 850.000 hogares.

Si bien, por el momento, a finales de noviembre, el IMV había llegado a 710.341 hogares --en los que viven 2.079.233 personas--, es decir, 139.659 hogares menos que los previstos inicialmente.

Sobre la posibilidad de que la Junta solicite la gestión del IMV le han preguntado al consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, en la rueda de prensa posterior a la última reunión semanal del año del Ejecutivo andaluz.

Al respecto, el consejero portavoz ha defendido que, como traslada el Gobierno andaluz respecto a "todas las competencias que el Estado tiene y que se ejecutan en el territorio de Andalucía", por parte de la Junta "no queremos más competencias porque pensemos que debemos abrir una batalla" con el Gobierno central, sino que lo que quiere el Ejecutivo regional "es que las competencias se ejecuten de la mejor manera posible en beneficio de los andaluces".

"Y si entendemos que esas competencias se prestarían mejor por parte de la Junta que del Estado, pues la pediremos", ha remachado el consejero portavoz respecto al IMV.