Un año y medio de prisión para el exalcalde de Zújar (Granada) y su teniente de alcalde por malversación

GRANADA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada ha condenado por un delito de prevaricación en concurso con otro de malversación a una pena de un año y medio de prisión al exalcalde de Zújar, Juan José Pérez (PSOE), y a la que fue su primera teniente de alcalde, Rosario Moreno (PP), por la contratación con fondos públicos unos informes periciales que "sólo a ellos beneficiaban".

Así consta en la sentencia, de fecha 13 de diciembre, contra la que cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y a la que ha tenido acceso Europa Press. Detalla que Moreno es condenada también al pago de una multa de 1.440 euros y a tres años y medio de inhabilitación especial para cargo o empleo público.

Pérez a su vez habrá de pagar 1.260 euros de multa y estará inhabilitado para cargo o empleo público por tres años. Ambos indemnizarán de forma conjunta y solidaria al Ayuntamiento de Zújar, que ha ejercido la acusación particular en este caso, representado por los letrados Rafael Revelles y Carlos Jiménez, en la cantidad de 3.614 euros.

Los hechos se remontan al 2 de agosto de 2018, según detalla la sentencia en sus hechos probados, cuando ambos se pusieron "de acuerdo" para encargar esta pericial sobre unos mensajes publicados en una red social sobre Moreno, acordándose para ello tres meses después un pago por un importe de 3.410 euros, que con IVA fue de la cantidad con la que ahora ambos condenados han de indemnizar al Ayuntamiento.

La edil "recibió personalmente los informes periciales" que se derivaron de este contrato menor, los cuales "sólo a ellos beneficiaban", explica el tribunal en sus fundamentos de derecho. Luego, "tras recibirlos personalmente, no dejó constancia de su existencia y recepción en el Ayuntamiento, utilizándolos en su único y exclusivo beneficio personal, para interponer una querella".

La Fiscalía pedía un año y medio de prisión y 14 años y medio de inhabilitación para ambos por presuntos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación en la contratación con fondos públicos. Ambos defendieron en la Audiencia la legalidad de su actuación en este asunto durante el juicio que se celebró contra ellos en la Sección Primera a principios de diciembre.