Anticorrupción pide el ingreso en prisión de Guerrero, Fernández, Viera y Márquez por los ERE

SEVILLA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía Anticorrupción de Sevilla ha pedido que se celebre una vista para estudiar el ingreso en prisión de los exconsejeros de Empleo Antonio Fernández y José Antonio Viera y de los exdirectores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez tras su condena a penas de cárcel por prevaricación y malversación en la pieza política del caso ERE.

  Antonio Fernández y Francisco Javier Guerrero han sido condenados por la Audiencia Provincial de Sevilla a penas de siete años y 11 meses de prisión, mientras que José Antonio Viera y Juan Márquez lo han sido a penas de cárcel de siete años y un día.

   La Fiscalía ha pedido el ingreso en prisión de estos cuatro ex altos cargos, mientras que para los otros condenados a prisión como el expresidente de la Junta Juan Antonio Griñán; la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo; el exconsejero de Innovación, Ciencia y Empresa, Francisco Vallejo; el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez; el exdirector general de IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano y el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá no lo ha hecho.

   En concreto, la Fiscalía Anticorrupción de Sevilla ha solicitado a la Sala la comparecencia de prisión del 505 LECrim respecto a estos cuatro condenados de los cuales dos de ellos, Guerrero y Fernández, ya han estado en la cárcel desde que comenzó la instrucción del caso de los ERE hace ocho años. El primero estuvo desde marzo a octubre de 2012 y desde marzo a junio de 2013 y Fernández desde abril a agosto de 2012.

   La Audiencia de Sevilla ha condenado a Guerrero por el delito continuado de prevaricación teniendo en cuenta el elevado número de ejercicios presupuestarios que abarca su periodo en el cargo, así como el elevado número de convenios particulares que firmó y de ayudas que concedió, "prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido", y el déficit que originó agravado por los pagos cruzados.

   Por el delito de malversación lo condena por el elevado número de ayudas que concedió "disponiendo de los fondos vinculados al programa 31L con fines ajenos al fin público al que estaban destinados y el déficit que originó".

   A Antonio Fernández el tribunal lo condena por prevaricación por "elpapel relevante" que desempeñó tanto en la Consejería, como en el Consejo Rector del IFA, en relación con las ayudas y los convenios, y por la firma del convenio marco de 17 de julio de 2001 impartiendo directrices al que fuera director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero sobre la aplicación del mismo.

   Como presidente del IFA, firmó convenios particulares y tomódecisiones "tan importantes como la adoptada a partir de la sesión del Consejo Rector de 27 de mayo de 2003 de implantar el criterio de calcular las ayudas sociolaborales por lo que iba a recibir cada trabajador, y no el conjunto, aún cuando se pagase y se firmase el convenio por la totalidad o una parte, con lo cual se evitaba la deliberación y votación en el citado consejo de toda ayuda que superase el 1,2 millones de euros y, consecuentemente, su ratificación por elConsejo de Gobierno".

   A su vez, el juez destaca en la sentencia que intervino en la aprobación de los proyectos de presupuestos y modificaciones presupuestarias por el Consejo de Gobierno y participó en la toma de decisiones sobre los compromisos de ayudas.

   En cuanto a la malversación, el juez lo condena por "el gran número de ayudas que concedió, disponiendo y permitiendo que el director general de Trabajo dispusiera de los fondos vinculados al programa31L con fines ajenos al fin público al que estaban destinados".

   Por su parte, el tribunal considera que José Antonio Viera impulsó varias modificaciones presupuestarias e igualmente las posteriores que incrementaron los fondos del programa 31L; firmó el Convenio Marco de 17 de julio de 2001 e introdujo las transferencias de financiación al IFA, así como conoció e intervino en la gestión de ayudas singulares, dando instrucciones al director general de Trabajo para su concesión.

   A su vez, entiende que las actuaciones del condenado al frente del Consejo Rector "denotan una voluntad inequívoca de conceder las ayudas al margen de la legalidad vigente", permitiendo que Guerrero "dispusiera de los fondos vinculados al programa 31L con fines ajenos".

   A Juan Márquez lo condena por prevaricación al considerar probado que en los dos años en los que estuvo en el cargo como director general de Trabajo, desde 2008 a 2010, "siguió concediendo ayudas, utilizando el mismo mecanismo que su antecesor, participó en la elaboración del presupuesto para el año 2009 y en la tramitación de tres modificaciones presupuestarias y también recurrió al uso de los pagos cruzados".

   Del mismo modo, lo condena por el delito de malversación al considerar que dispuso "de los fondos vinculados al programa 31L también con fines ajenos".

GUERRERO, EL PRIMERO QUE PISÓ LA CÁRCEL

   Guerrero fue el primero que pisó la cárcel cuando la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, ordenó su ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza el 10 de marzo de 2012 como presunto autor de hasta seis delitos, en concreto sendos delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho, así como dos de falsedad en documento oficial y un último delito de falsedad en documento mercantil.

   Tras aquella decisión, el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social permaneció durante más de siete meses en la cárcel de Sevilla I hasta el 22 octubre, cuando abandonó la prisión después abonar 50.000 euros de fianza, volviendo a la cárcel en marzo de 2013 y saliendo tres meses después.

   Por otro lado, Javier Guerrero está condenado por la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla a cinco años y nueve meses de prisión y a diez años de inhabilitación absoluta por los delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad en documento oficial en concurso medial por las contrataciones vinculadas con la empresa Umax Informática y Consultoría, una sentencia que está recurrida y que también condena a Juan Márquez a una pena de cinco años y tres meses de cárcel y nueve años de inhabilitación absoluta.

   Por su parte, Antonio Fernández ingresó en prisión preventiva el 24 de abril de 2012 y salió en el mes de agosto de ese mismo año tras pagar una fianza de 450.000 euros. En aquellas fechas, su abogado, Alfonso Martínez del Hoyo, remarcó que el pago de esta fianza, que se abonó en metálico, fue posible gracias a la "ola de solidaridad" que protagonizaron tanto "amigos de Fernández como ciudadanos anónimos", que, "de forma voluntaria" y desde que se conoció la cifra a la que ascendía esta fianza, que "excedía sus posibilidades económicas", fueron aportando "pequeñas cantidades" hasta que se logró reunir la suma total.

   En su auto de prisión, la juez Alaya consideró que el exconsejero "habría hecho una dejación absoluta de las funciones que le correspondían, generando las lamentables consecuencias que se han producido de enriquecimiento injustificado para unos y de empobrecimiento para las arcas de la comunidad autónoma andaluza por el despilfarro continuado de fondos públicos".

   En total, tras la sentencia de la 'pieza política' del caso ERE 19 de los 21 ex altos cargos juzgados han resultado condenados, diez de ellos a penas de prisión, nueve únicamente a la inhabilitación, entre los que se encuentra el expresidente Manuel Chaves, y sólo dos, el exinterventor general de la Junta Manuel Gómez y el exjefe del Gabinete Jurídico Francisco del Río, han sido absueltos de todos los delitos.