Anticorrupción pide a la juez que prorrogue otros 18 meses la instrucción del caso ERE

SEVILLA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la juez María Núñez Bolaños que prorrogue otros 18 meses la instrucción del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta de Andalucía, que comenzó a instruir Mercedes Alaya en enero de 2011, hace ya más de seis años.

En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público recuerda que la magistrada dictó un auto el 3 de marzo de 2016 por el que declaró la causa de especial complejidad y señala que el plazo de inicial instrucción de 18 meses finalizaría durante el presente mes de junio.

La Fiscalía, por ello, solicita a la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla que prorrogue el plazo de instrucción por otros 18 meses "al estimar razonablemente que la investigación no podrá completarse en el plazo inicial de 18 meses".

La juez ha dictado una providencia, fechada el 2 de junio y a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que da traslado del escrito de la Fiscalía a las partes personadas en el procedimiento a fin de que se pronuncien sobre la petición para prorrogar "el plazo de la complejidad".

En un auto fechado el 3 de marzo de 2016, la juez declaró la causa compleja al considerar que en la misma "se investigan numerosos hechos punibles, involucrando a gran cantidad de investigados", lo que "exige la realización de pericias o de colaboraciones recabadas por el órgano judicial que implican el examen de abundante documentación, precisando de la revisión de la gestión de personas jurídico-públicas y privadas".

De este modo, la instructora ponía de manifiesto en el auto que "es indudable que procede acceder a la petición" formulada por el Ministerio Público, y ello "a pesar de las alegaciones de las partes y del tiempo transcurrido desde su incoación".

En este sentido, tanto la Junta de Andalucía, que ejerce la acusación en el caso ERE, como las defensas de algunos investigados, entre ellos el abogados Carlos Leal y los extrabajadores de Vitalia Jesús Bordallo y Antonio Albarracín, se opusieron en su día a la petición de Anticorrupción para que la juez declarase de especial complejidad la causa.

En un escrito, la Junta se opuso al entender que "la única virtualidad de la declaración de instrucción compleja es ampliar el plazo de la misma, lo que no resulta necesario en este caso", pues la redacción literal del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en su apartado número 1 "establece que se podrá declarar la instrucción compleja cuando, por circunstancias sobrevenidas a la investigación, esta no pueda razonablemente completarse en el plazo estipulado".

En el escrito elevado al Juzgado, los fiscales Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández Guerra pidieron declarar compleja la causa al amparo de lo establecido en la Disposición Transitoria Única de la Ley 41/2015 y de conformidad con lo establecido en el artículo 324.1 y 2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En este sentido, los representantes del Ministerio Público solicitaron a la magistrada que declarase la causa de los ERE irregulares como de instrucción compleja "al estimar razonablemente que la investigación no podrá completarse en el plazo mínimo estipulado de seis meses, al concurrir los motivos reseñados en el apartado 2 del reseñado artículo en sus letras b, c, d y f".

De este modo, la Fiscalía Anticorrupción considera que, tal y como establece la Ley, el caso tiene por objeto numerosos hechos punibles, involucra a gran cantidad de investigados o víctimas, exige la realización de pericias o de colaboraciones recabadas por el órgano judicial que impliquen el examen de abundante documentación o complicados análisis y, por último, precisa de la revisión de la gestión de personas jurídicos-privadas o públicas.

Hay que recordar que el caso ERE acumula decenas de personas investigadas y cumplió el pasado mes de enero seis años de instrucción, ya que la investigación la inició la juez Mercedes Alaya, ahora en la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla, en enero de 2011.