Aquaes o Emproacsa harán en Córdoba por dos millones la conexión de emergencia en superficie de La Colada-Sierra Boyera

CÓRDOBA 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La sociedad estatal Aquaes o la Empresa Provincial de Aguas de Córdoba (Emproacsa) serán las encargadas, con financiación del Gobierno de España, de ejecutar, "con un coste aproximado de dos millones de euros", la "conexión de emergencia en superficie" entre los embalses de La Colada y de Sierra Boyera, para asegurar así el abastecimiento de agua potable al Norte de Córdoba, contando o no para ello con el apoyo económico de la Junta de Andalucía, que aún no ha concluido la conexión entre ambos embalses, que declaró de Interés Autonómico en 2020.

Así lo ha anunciado este lunes la subdelegada del Gobierno central en Córdoba, Rafaela Valenzuela, precisando que, "si una administración se inhibe", aún siendo su competencia, en este caso la Junta, no lo va a hacer así el Gobierno de España, que no perderá "ni un minuto más en intentar darle solución a este problema", porque, según ha argumentado, "las competencias no pueden ser un arma arrojadiza entre instituciones para eludir responsabilidades", y menos aún cuando se trata de algo tan básico como el suministro de agua.

Así lo hará el Gobierno central, que ya cuenta para ello con el apoyo de la Diputación de Córdoba, a través de Emproacsa, que ya está pidiendo presupuestos, para saber la disponibilidad, plazos de entrega y costes, de las tuberías que se precisarán para llevar a cabo esta conexión de emergencia en superficie, estando además la institución provincial dispuesta, no solo a dar apoyo técnico al Gobierno de España, sino también financiero, para ejecutar "lo antes posible" esta obra.

Ello se hará en base al proyecto, "como única solución de emergencia más rápida, y provisional, hasta que se concluya la obra de la Junta", que han propuesto los técnicos de las confederaciones hidrográficas del Guadiana y del Guadalquivir, a las que pertenecen La Colada y Sierra Boyera, respectivamente, junto a técnicos Emproacsa "y de la Junta de Andalucía", que se reunieron la pasada semana en la Subdelegación del Gobierno en Córdoba.

Sin embargo, según ha lamentado Valenzuela, fueron luego responsables políticos de la Junta los que argumentaron en una posterior reunión "no tener competencias para declarar dicha situación de emergencia", por lo que el Gobierno de España encargó un informe a la Abogacía General del Estado, que determina que "son competentes para declarar la actuaciones de emergencia, tanto la Diputación de Córdoba y la Junta de Andalucía como el Gobierno". Del mismo modo, el informe destaca que "se debe de buscar la solución más eficaz, actuando bajo el principio de celeridad"

A este respecto, la subdelegada ha reiterado que "las competencias no son algo para que nos arrojemos las instituciones a la cabeza unas a otros, y eludamos responsabilidades, sino que es una manera de articular el Estado de las autonomías".

"No podemos confundir a los ciudadanos en un tema tan serio como es el del agua --ha proseguido--, pues el espíritu al que anima y obliga la Constitución es el de colaborar entre todas las instituciones lealmente. Todas debiéramos tener un único objetivo, que es servir a la ciudadanía lo más eficazmente posible".

Por ello, ante la actitud de la Junta y dada "la urgencia del problema que supone que la actual sequía deje sin abastecimiento de agua a los vecinos del Norte de la provincia de Córdoba, el Gobierno de España ha decidido actuar, y como anunció el sábado el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, será el ejecutivo central el que financie el bombeo de agua del trasvase".

En este punto, Rafaela Valenzuela ha dicho esperar, igual que se ha puesto al servicio de esta emergencia la Diputación de Córdoba, que la "Junta de Andalucía también se sume y colabore", sobre todo teniendo en cuenta que "la única solución de emergencia posible usará parte de las infraestructuras que son dependientes de la Junta, como son las conducciones ya existentes", y que tiene pendiente terminar.

También ha recordado que el próximo jueves habrá una reunión con todos los alcaldes de la zona Norte, a los que se les trasladarán las conclusiones del informe de la Abogacía del Estado y se les explicará en qué consistirá esta obra provisional, cuyo coste aproximado puede rondar los mencionados dos millones de euros.