Asperger Andalucía conmemora el Día del Síndrome reclamando la discapacidad social y luchar contra el acoso escolar

SEVILLA 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Andalucía se ha sumado este jueves a la conmemoración del Día Internacional del Síndrome de Asperger, una jornada instituida en 2007 para dar visibilidad a este colectivo y a sus demandas, y que anualmente tiene lugar cada 18 de febrero. En un acto institucional en el que ha participado su vicepresidenta primera, Ana María Mestre, la Cámara autonómica ha expresado un año más su respaldo a las familias y las propias personas Asperger, un trastorno del neurodesarrollo incluido en el espectro autista acerca del cual todavía hoy existe un significativo desconocimiento en la sociedad.

Ana María Mestre ha recibido al presidente de Asperger Andalucía, Rafael Jorreto, quien ha sido el encargado de leer el manifiesto elaborado para la ocasión, en un acto al que han asistido también el director general de Personas con Discapacidad, Pere Calbó, la coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Mujer, Mercedes Soriano, el adjunto al Defensor del Pueblo Andaluz, Jaime Raynaud, así como una representación de diputados de los distintos grupos parlamentarios y un amplio grupo de personas en el espectro autista y sus familias.

En su intervención en este acto institucional, Rafael Jorreto, dando voz a las más de 1.700 familias de nuestra comunidad que se agrupan en Asperger Andalucía, ha reivindicado, de nuevo, el necesario reconocimiento de este síndrome como discapacidad social o psicosocial, lo cual permitiría el establecimiento de medidas de apoyo para facilitar la autonomía y la independencia de las personas Asperger y poder salir del hogar familiar si lo desean. Si estas personas se quedan fuera de la protección que les otorga el certificado de discapacidad o el reconocimiento de la dependencia -ha expresado Jorreto- se despoja a personas y familias de las herramientas necesarias para desarrollar su proyecto de vida y de participación en la comunidad.

El presidente de Asperger Andalucía ha lamentado asimismo la "falta de iniciativa de la administración y la falta de colaboración de los centros escolares ante la lacra del acoso escolar". El colectivo Asperger sufre acoso escolar casi en su totalidad, mostrando graves secuelas a corto y largo plazo. De hecho, el índice de suicidio en estas personas es significativamente mayo que el de la población general, correlacionándose el aumento de intentos e ideaciones en la franja etaria que coincide con la etapa de educación secundaria.

"Urgen campañas de concienciación y unas leyes efectivas contra el acoso escolar que no acaben culpando a las víctimas", ha asegurado Jorreto antes de denunciar la falta de implicación activa de los profesionales de la educación que en ocasiones detectan las familias de personas en el espectro. "La discapacidad no existe cuando el entorno es solidario; mientras tanto, necesitamos leyes de protección", ha recalcado el presidente de Asperger Andalucía, quien ha insistido en la necesidad de realizar "una exhaustiva revisión de los protocolos de acoso escolar y suicidio en el ámbito educativo por su manifiesta inoperancia".

Asimismo, ha agradecido a la Consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Patricia del Pozo, que haya tomado en consideración las propuestas para prohibir los móviles en los centros educativos y la posibilidad de implantar videovigilancia en los patios de recreo, realizadas por la Federación en una reunión mantenida el pasado octubre.

El escaso conocimiento de las particularidades del síndrome de Asperger, que no es un problema de salud mental ni una discapacidad intelectual como a menudo y erróneamente se cree, se traduce para las personas con esta condición en graves y continuados obstáculos para conseguir la inclusión laboral en los ámbitos tanto público como privado. Por ello, ha demandado Jorreto, las administraciones públicas deben "priorizar la inserción laboral de un colectivo con un nivel de más del 80% de desempleo" así como eliminar "barreras incluso a nivel institucional".

En este sentido, Jorreto ha anunciado una reunión la próxima semana con la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, con el fin de solicitar la creación de un cupo específico en las convocatorias de oposiciones de la Junta de Andalucía, teniendo muy presente que "esta casa, el Parlamento de Andalucía, demostró que sí se puede, en una pionera y valiente iniciativa puesta en marcha dos años atrás". E igualmente ha aplaudido a la Cámara autonómica el gesto de haber sido la primera en el conjunto nacional que se manifestó a favor del reconocimiento del síndrome de Asperger como discapacidad psicosocial.

El 13 de mayo de 2021, el Pleno del Parlamento andaluz expresó su "respaldo al reconocimiento a nivel estatal" de dicha iniciativa, de forma que "repercuta no sólo en la posibilidad de acceso al empleo público, la promoción y la mejora de la calidad de vida del colectivo de personas con TEA y síndrome de Asperger, sino también en el cumplimiento, más real y efectivo, del principio de inclusión social que todas las administraciones estamos llamadas a cumplir".

Esa declaración institucional reconocía además la discriminación que sufren las personas con Asperger: "Al no tener ni discapacidad intelectual ni enfermedad mental, sólo pueden acceder al cupo de discapacidad general que no está adaptado a este estilo cognitivo particular, de forma que quedan de facto marginadas del acceso al empleo público dentro de su propio cupo de discapacidad psíquica".

El manifiesto de la Federación Andaluza de Síndrome de Asperger Tras la intervención de tres personas que han dado testimonio de sus vivencias sobre el acoso escolar y laboral, el propio Rafael Jorreto ha leído el manifiesto oficial tras la intervención de la vicepresidenta primera del Parlamento, en el que se hace hincapié en el "necesario reconocimiento de la discapacidad psicosocial". "Ninguna persona en el espectro autista debería quedar sin el derecho a la protección por discapacidad y/o dependencia, puesto que, sin ésta, se despoja a personas y familias de las herramientas fundamentales para desarrollar su propio proyecto de vida y de participación en la comunidad".

"Por ello, exigimos el establecimiento de medidas de apoyo que nos permitan ejercer nuestra ciudadanía plena como personas de pleno derecho", reclama el manifiesto.