Investigan los movimientos en dos cuentas bancarias del PSOE por el caso 'Madeja'

SEVILLA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Nacional ha solicitado los movimientos existentes en dos cuentas bancarias en las que figura como titular el PSOE en el marco de la denominada operación 'Madeja', donde se investiga el pago de comisiones a cambio de la adjudicación de contratos públicos a través de una "organización criminal jerarquizada que tendría como centro" a la empresa Fitonovo.

En un auto fechado el pasado día 18 de octubre, al que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado del juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, pide los movimientos registrados en varias cuentas bancarias ligadas a los exalcaldes de Algeciras (Cádiz) Diego Sánchez Rull y Tomás Herrera.

Asimismo, pide los movimientos registrados en cuentas del exconcejal de Vía Pública en el Ayuntamiento de Sevilla y expresidente de 'Unidad' Manuel Gómez Lobo y de Antonio Miguel Ruiz Carmona, que desempeñó el cargo de técnico asesor del Área de Infraestructuras para la Sostenibilidad en el Ayuntamiento hispalense.

Entre las cuentas que el magistrado ordena indagar, se encuentra una de la que es titular el PSOE y donde figura como persona autorizada Diego Sánchez Rull, y una segunda cuenta también titularidad del PSOE en la que está autorizado el propio Manuel Gómez Lobo, según avanza este martes 'ABC'.

El juez ha tomado esta decisión tras recibir una serie de informes en los que funcionarios del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la Unidad Central de Coordinación en materia de Delitos contra la Hacienda Pública de la Agencia Tributaria, en funciones de auxilio judicial, solicitaban la "práctica de diligencias para indagación de posibles ingresos no declarados".

Estos informes, a su vez, versaban sobre los "flujos de efectivo y cambios patrimoniales" de Gómez Lobo entre los años 2004 y 2009 y del resto de investigados en los años 2010 y 2011.

La investigación de la operación 'Madeja' fue abierta por la juez Mercedes Alaya, que en junio de 2015 elevó el sumario a la Audiencia Nacional, tal y como le había solicitado la Fiscalía en un escrito en el que argumentaba que "el fraude producido ha tenido un notorio alcance, con grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil y en la economía nacional, lo que determina el informe favorable de la Fiscalía a la competencia a los Juzgados Centrales de Instrucción".

Ya en septiembre de 2015, el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata se declaró competente para investigar estas diligencias, en las que están siendo investigadas un total de 96 personas, entre las que se encuentran funcionarios de 14 administraciones públicas como el Ministerio de Fomento, las juntas de Andalucía y Extremadura, el Gobierno de Canarias y varias diputaciones y ayuntamientos.