La defensa de Rivera denuncia de nuevo el "tratamiento diferenciado y completamente desproporcionado" que sufre el ex director general
SEVILLA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha iniciado este jueves el juicio promovido contra el ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Daniel Alberto Rivera y un ex sindicalista de CCOO, por presuntos delitos de prevaricación y malversación en los más de 9,76 millones de euros concedidos por la Junta de Andalucía al margen del "procedimiento legal", para pólizas de seguro de rentas de trabajadores andaluces de la empresa Fertiberia incluidos en los expedientes de regulación de empleo (ERE) acometidos por tal entidad.
En esta primera sesión, destinada a las cuestiones previas, las defensas de ambos acusados han pedido suspender la vista hasta que pesen sobre la mesa las nuevas sentencias que debe emitir precisamente la Sección Primera de la Audiencia, a requerimiento del Tribunal Constitucional (TC), sobre la causa judicial del mecanismo o "procedimiento específico" de financiación orquestado para canalizar fondos de la Junta de Andalucía para sufragar los ERE fraudulentos y ayudas arbitrarias y sin publicidad.
Ello, después de que el Constitucional estimase parcialmente los recursos de amparo de los expresidentes socialistas de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, entre otros acusados en aquella pieza "política" o troncal de la macro trama, anulando las condenas que les impuso la Sección Primera de la Audiencia y ratificó el Tribunal Supremo; y ordenando a dicha instancia provincial que dicte nuevas sentencias incorporando el nuevo criterio introducido al asunto por el TC.
Según ha expuesto por ejemplo la defensa del acusado Juan Antonio F.G., otrora secretario de Organización, Finanzas y Comunicación de la Federación de Industrias, Textil, Químicas y Afines de CCOO; la decisión del Constitucional "es de aplicación real y directa" en esta pieza separada, reclamando así la suspensión del juicio para que haya plenas "garantías" para los acusados.
LA SITUACIÓN DE RIVERA
Tiempo atrás, recordémoslo, la abogada defensora de Rivera, Silvia López, lamentaba en el juicio por otra pieza separada de los ERE que, tras su exclusión de la pieza principal o "política" del "procedimiento específico" de financiación de los ERE, Daniel Alberto Rivera afronte su inculpación en unas 50 piezas separadas correspondientes a las ayudas en cuestión financiadas con cargo a dicho mecanismo de financiación, con peticiones de pena de una media de seis años de cárcel, lo que suma a unas solicitudes de condena que llegan a unos 300 años de prisión.
La letrada de Rivera ha ahondado este jueves en ese mismo aspecto, avisando de que su defendido sufre un "tratamiento diferenciado y completamente desproporcionado", porque a otros acusados por esta macro trama se les "aplica la doctrina del delito continuado" afrontando una única pena por el asunto, mientras este exdirector general de Trabajo tiene por delante "un número indeterminado de procedimientos" judiciales.
Es más, la abogada defensora ha expuesto que en esta causa de las ayudas a Fertiberia procede la "absolución" directa de Daniel Alberto Rivera, porque el mismo figura por los pagos formalizados durante su etapa como director general de Trabajo y los hechos están marcados así por una misma "identidad" con relación a la causa del "procedimiento específico", cuyas actuaciones fueron sobreseídas respecto a Rivera.
"IDENTIDAD DE OBJETO" Según ha remarcado, en el caso concurre una "identidad de objeto" respecto a los hechos abordados por la causa y sentencia del "procedimiento específico", señalando además la "posible influencia" en el asunto de las nuevas sentencias que ha de emitir la Sección Primera de la Audiencia sobre dicha pieza troncal o principal de esta macrocausa, lo que le llevaba a reclamar como mínimo la suspensión de la vista hasta ser formalizadas tales nuevas resoluciones.
Ante estas cuestiones previas, el tribunal ha manifestado su intención de emitir una resolución de las mismas antes de que el próximo martes 12 de noviembre continúe la nueva sesión del juicio, señalando además la posibilidad de aplazar la reanudación de las sesiones hasta pronunciarse sobre estas cuestiones previas.
Al comenzar la vista ha quedado además de relieve la inexistencia ya de cargos con relación al que fuera tercer acusado, el ex directivo de la consultora Vitalia Vida Antonio Albarracín, quien ni siquiera ha asistido a la vista. En concreto, la Sección Séptima de la Audiencia ordenó apartarle de la causa tras recurrir este acusado el auto de transformación de las diligencias en procedimiento abreviado dictado por el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, según han informado a Europa Press fuentes del caso.
En su escrito de acusación, la Fiscalía califica los hechos como un presunto delito continuado de prevaricación en concurso con un delito continuado de malversación con relación al acusado otrora sindicalista de CCOOO; y de la misma naturaleza pero sin el carácter continuado respecto al exdirector general de Trabajo Daniel Alberto Rivera, reclamando para el primero siete años de cárcel, el mismo periodo de inhabilitación especial y 17 años de inhabilitación absoluta; y para Rivera cinco años de cárcel, el mismo plazo de inhabilitación especial y 12 años de inhabilitación absoluta.