Aviso del Gabinete Jurídico a la Junta: suprimir o reducir funciones del SAS por duplicidad con el Instituto de Salud

SEVILLA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía advirtió al Gobierno autonómico, en su informe al anteproyecto de ley de creación del Instituto de Salud de Andalucía, de una posible redundancia de las funciones del propio Servicio Andaluz de Salud (SAS) y este futuro organismo en su condición común de agencias administrativas.

Los juristas autonómicos, en la hipótesis de una pretendida "gestión racional de los recursos públicos" con la puesta en marcha de una nueva agencia administrativa, sugirieron "o bien suprimir o reducir debidamente las funciones de la agencia ya existente (Servicio Andaluz de Salud), según señaló el letrado Eufrasio Javier Lomas en un informe de 30 de marzo de 2022.

Ese texto jurídico, al que ha accedido Europa Press, le recomendaba al Gobierno andaluz que revisara que "no se produce duplicidad alguna entre los fines y funciones de las dos agencias administrativas (Instituto de Salud de Andalucía y Servicio Andaluz de Salud) que vendrían a coexistir en el ámbito de la salud en Andalucía".

El Consejo de Gobierno aprobó el martes, día 17, el anteproyecto de ley de creación del Instituto de Salud de Andalucía con el propósito de absorber a dos organismos ya existentes, como la Escuela Andaluza de Salud Pública y la Fundación Progreso y Salud, así como la Secretaría General de Salud Pública e I+D+i en Salud de la Consejería de Salud, para avanzar en la reducción de entes administrativos, según argumenta el Gobierno andaluz.

La Abogacía de la Junta de Andalucía consideró "aconsejable o bien definir con mayor precisión los fines de la nueva agencia que se pretende crear", o en su defecto, esa merma de atribuciones del SAS para que así el Gobierno andaluz siguiera las premisas de la Ley de la Administración de la Junta de Andalucía (LAJA), tras evocar "la evitación de duplicidades en la creación de entidades instrumentales de la Administración de la Junta de Andalucía, un principio que preside la organización y el funcionamiento de la misma".

De las entidades que integrarán el futuro Instituto de Salud, la Escuela Andaluza de Salud Pública es una sociedad mercantil con participación mayoritaria del Gobierno andaluz, mientras que Progreso y Salud es una fundación.

La Ley de la Administración de la Junta de Andalucía define las agencias como "Administración institucional dependiente de la Administración de la Junta de Andalucía", que tiene "personalidad jurídica pública", mientras que la sociedad mercantil y la fundación "tienen personalidad jurídica privada, por lo que en ningún caso podrán disponer de facultades que impliquen ejercicio de autoridad".

El Gabinete Jurídico propone al Gobierno andaluz, al hilo de la derogación de los artículos 46,47 y 48 de la Ley 16/2011 de Salud Pública de Andalucía, sobre el Centro de Investigación de Salud Pública de Andalucía, la Escuela Andaluza de Salud Pública y el Observatorio de Salud Pública de Andalucía, para que "en atención a los fines y funciones que el Instituto asume, se procediese a la modificación de la citada Ley 16/ 2011 introduciendo una regulación, siquiera sucinta, sobre el mencionado Instituto y su papel en el marco de la organización de la salud pública en la Junta de Andalucía".

El anteproyecto de ley establece que "el funcionamiento efectivo" del Instituto de Salud de Andalucía arrancará con la entrada en vigor del Decreto del Consejo de Gobierno que apruebe sus estatutos, que deberán estar redactados a los seis meses de la vigencia de la futura ley.

UN PRESUPUESTO MÍNIMO DE 51 MILLONES PARA EL INSTITUTO DE SALUD

El Instituto de Salud de Andalucía nacerá con un presupuesto anual mínimo de 51,37 millones, aunque esa cifra podría superar los 70 millones de euros, cantidad que supondría sumar los presupuestos de explotación y capital de los organismos que reunirá: la Fundación Andaluza Progreso y Salud y la Escuela Andaluza de Salud Pública, así como la dotación presupuestaria de la Secretaría General de Salud Pública e I+D+i en Salud de la Consejería de Salud.

En la memoria económica que hizo la Consejería de Salud en mayo de 2021 se indicó que "para el normal desarrollo de sus actividades, el Instituto Andaluz de Salud contará con el siguiente presupuesto anual de explotación", que situaba en esos 51,3 millones, cuyo desglose sería: 28,67 millones para gastos de personal; los gastos de explotación, de 10,98 millones; los aprovisionamientos, 2,61 millones; unas transferencias corrientes de 7,93 millones; y unas amortizaciones de 1,1 millones.

Pero en esa previsión de presupuesto no incluía la incorporación de un órgano directivo que hoy forma parte de la Consejería de Salud, como es la Secretaría General de Salud Pública e I+d+i.

Según el Presupuesto de Andalucía de 2023, la Fundación Progreso y Salud tiene un presupuesto de explotación de 30,81 millones de euros; en el caso de la Secretaría General de Salud Pública e I+d+i su dotación es de 29,49 millones; y el de la Escuela Andaluza de Salud Pública asciende a 12,11 millones, partidas que de sumarse implicarían que las cuentas del Instituto de Salud de Andalucía arrancarían en 72,41 millones.

En cuanto a los gastos de personal de estos organismos, el de la Fundación Progreso y Salud es de 17,64 millones; en la Escuela Andaluza de Salud Pública, ese gasto es de 9,37 millones, mientras que en la Secretaría General de Salud Pública e I+d+i, son de 3,3 millones de euros. El apartado de personal de estos tres entes suman en estos momentos 30,31 millones.

FUENTES DE FINANCIACIÓN

Además de esa suma habría otros conceptos de ingresos que incluir en ese futuro presupuesto del Instituto de Salud de Andalucía con el matiz de que "en tanto no se configure una sección propia en la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía" y "hasta que se realicen las operaciones necesarias para la modificación de los correspondientes créditos por la Consejería competente en materia de hacienda".

En el anteproyecto de Ley se explica que la financiación del Instituto de Salud de Andalucía, junto con su dotación presupuestaria en las cuentas de cada ejercicio, se nutrirá de "las subvenciones o dotaciones presupuestarias que, con cargo al presupuesto de cualquier otro ente público o privado, pudieran corresponderle".

A esto habría que sumar "los ingresos como contraprestación por las actividades que pueda desarrollar en virtud de contratos o convenios para otras entidades públicas o privadas o personas físicas", junto con "los ingresos como contraprestación por las actividades que pueda desarrollar en virtud de disposiciones legales que establezcan la afectación de dichos ingresos a los fines del Instituto".

De igual forma el anteproyecto contempla que el Instituto de Salud de Andalucía pueda recibir "ingresos devengados por la explotación o uso de sus soluciones, aplicativos o desarrollos tecnológicos" y también "el producto de la enajenación de los bienes y valores que constituyan su patrimonio".

Otros ingresos posibles previstos legalmente son "el rendimiento procedente de sus bienes y valores", además de "las aportaciones voluntarias, donaciones, herencias, legados y cualquier otra transmisión a título gratuito de particulares o empresas privadas", junto con "cualquier otro ingreso público o privado que pudiera corresponderle conforme a la legislación vigente" y "cualquier otro recurso que se le pueda atribuir".