Ayuntamiento de Granada y Federación de Hostelería rechazan el registro de viajeros impulsado por el Gobierno

GRANADA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo (PP), ha encabezado este martes una reunión con la Federación de Hostelería y los directores de los principales hoteles de la ciudad en la que se ha expresado el "rechazo contundente" a la nueva iniciativa del Gobierno que obliga a los establecimientos hoteleros a registrar los datos de los clientes.

Esta medida, parte del Real Decreto 933/2021, sigue generando un amplio malestar entre los empresarios turísticos, ya que consideran que no solo afecta a la operativa de los negocios, sino que también pone en peligro la privacidad de los clientes.

Durante el encuentro, al que también han asistido el portavoz del Ayuntamiento, Jorge Saavedra, y el concejal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Granada, Juan Ramón Ferreira, la alcaldesa ha compartido con los representantes del ramo hotelero y la Federación de Hostelería su "preocupación" por la implementación de esta medida, que a su juicio "se sumará a las dificultades económicas y operativas que ya atraviesa el sector turístico debido a la coyuntura económica y social".

La alcaldesa ha mostrado su apoyo a los profesionales del sector y ha reiterado el compromiso del Ayuntamiento de Granada para defender los intereses de los empresarios locales, en particular los que conforman el sector de la hostelería.

Desde el Ayuntamiento granadino inciden en que la normativa, que exige que los hoteles registren información detallada sobre los clientes, "incluyendo datos sensibles, ha generado una gran controversia en todo el país. España recibió en 2023 más de 85 millones de turistas internacionales, cifra que superó las expectativas y posicionó al país como uno de los destinos turísticos más visitados del mundo".

Recuerdan que el turismo es uno de los "pilares fundamentales de la economía española", aportando una parte significativa al Producto Interno Bruto (PIB) y generando millones de empleos directos e indirectos y que en Granada "el impacto es igualmente crucial, ya que el turismo representa una fuente esencial de ingresos para la ciudad".

En este contexto, Marifrán Carazo ha señalado que las pequeñas y medianas empresas hoteleras "se verían gravemente afectadas por la nueva legislación, que impone una serie de obligaciones burocráticas complejas y onerosas, especialmente para los establecimientos de menor tamaño".

La implementación de esta normativa también ha levantado preocupaciones sobre la protección de la privacidad y los derechos fundamentales de los turistas, tanto nacionales como internacionales, pues la recopilación y almacenamiento de datos podría vulnerar las normativas europeas de protección de datos.

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Granada presentará una moción en el próximo pleno solicitando la derogación del Real Decreto 933/2021 y la apertura de un diálogo con el sector turístico para buscar soluciones consensuadas.

MOCIÓN

Según el texto de la moción, la aplicación de este Real Decreto "no solo podría perjudicar la competitividad de los destinos turísticos españoles, sino también poner en riesgo el empleo de millones de personas vinculadas al sector turístico". Además, se subraya que la normativa impone un desafío logístico y financiero significativo a los pequeños y medianos empresarios, quienes no tienen la capacidad tecnológica ni los recursos para cumplir con estas nuevas obligaciones sin afectar su operativa.

La moción plantea que, tras la derogación del Real Decreto, se establezca un nuevo marco normativo más flexible y equilibrado, que permita a los operadores turísticos cumplir con las normativas de seguridad sin comprometer la viabilidad económica de sus negocios ni la seguridad de los datos personales de los viajeros.

Durante la reunión, la alcaldesa ha reafirmado su "firme compromiso con la defensa del sector turístico de Granada, cuyo dinamismo es clave para el desarrollo económico de la ciudad". "El turismo es el motor económico de Granada. No podemos permitir que una medida tan perjudicial para la privacidad y los intereses del sector afecte a miles de trabajadores y empresarios que dependen de este motor para subsistir", ha afirmado.