El Boletín Oficial del Parlamento publica este viernes el dictamen de la comisión de investigación de formación

SEVILLA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía (BOPA) ha publicado este viernes el dictamen de la comisión de investigación sobre el presunto fraude de las ayudas a la formación, aprobado el pasado 29 de marzo en el Pleno de la Cámara, sin señalar a ningún responsable político, quedando eximidos los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Los puntos que señalaban las responsabilidades políticas tanto de los expresidentes de la Junta como de sus subordinados fueron votados aparte a petición del PSOE-A. Los socialistas votaron en contra de toda responsabilidad política, mientras que PP-A y Cs las exigieron, Podemos declinó participar en la votación, e IULV-CA no entendió "el sentido del voto" y no votó, pidiendo posteriormente repetir la votación, a lo que el presidente del Parlamento, Juan Pablo Durán, se negó.

El resto del dictamen salió adelante con los votos de PSOE-A y Cs, el rechazo de PP-A e IULV-CA, mientras que Podemos decidió igualmente no ejercer su derecho al voto. De este modo, al aprobarse el dictamen, no se sometieron a votación los votos particulares que han mantenido los grupos y en los que se pedía la responsabilidad política de la presidenta de la Junta, Susana Díaz.

De este modo, la comisión de investigación tras más de un año y medio de trabajo se saldó sin ningún responsable político, a pesar de que en el dictamen aprobado previamente por la comisión, se recogía que Chaves y Griñán "han sido responsables de los nombramientos de los diferentes titulares de la Consejería competente y han ejercido la superior dirección y coordinación de todas las Consejerías, y como tales son responsables".

Junto a Chaves y Griñán también figuraban como responsables políticos todas las personas titulares de la Consejería de Empleo y las personas titulares de la Viceconsejería competente en materia de Formación Profesional para el Empleo, desde 2002 hasta el 4 de mayo de 2012.

De igual modo, también se rechazó considerar responsables de las incidencias e irregularidades detectadas a todas las personas titulares de la Dirección del Servicio Andaluz de Empleo (SAE); a las personas titulares de las Delegaciones territoriales de la Junta de Andalucía con competencias en Formación para el Empleo; y a las personas titulares de las Delegaciones provinciales del SAE.

Se incluían además como responsables en iguales términos a las personas titulares de las Secretarías Generales con competencias en Formación para el Empleo y a las personas titulares de las Direcciones Generales con competencias en Formación para el Empleo.

De igual modo, y con los únicos votos del PSOE-A, la Cámara rechazó que existiera falta de medios materiales y humanos en la gestión de todos los procedimientos en todo el recorrido de esta política pública, "así como, en muchos casos, las carencias de formación y experiencia necesaria".

DIFICULTADES ORGANIZATIVAS

La única crítica a la gestión de la formación que el PSOE-A apoyó, junto a Cs, y por tanto salió adelante, fue la referida a las dificultades organizativas y al retraso en la comprobación y justificación de los expedientes de subvenciones.

No obstante, se rechazó lo relativo al no seguimiento y evaluación de las acciones formativas; la falta de control exhaustivo de las ayudas en todas sus fases; la ausencia de criterios uniformes en todas las provincias para la concesión, la justificación y revisión de las subvenciones; la falta de comprobación exhaustiva, en la fiscalización, de la elegibilidad de los gastos; y la no comprobación, en algunos casos, de forma sistemática, en la fiscalización de la elegibilidad de los gastos.

Junto a ello, se rechazó también que la Junta no haya llevado a cabo la debida vigilancia y control que debiera ejercer cualquier responsable político, institucional sobre sus subordinados, como recogía el dictamen aprobado por la comisión; y que existiera una actitud "proactiva" de la Consejería de Empleo para averiguar si los beneficiaros dedicaron el dinero recibido a la acción subvencionada.

Se eliminó también del dictamen aprobado en comisión la referencia sobre que es "un hecho" todo lo acontecido en el plano administrativo y judicial sobre el exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda, así como en torno a sus diferentes empresas ligadas a la formación profesional; y las alusiones a la "descertificación" de fondos europeos.

RECOMENDACIONES

Sí salio adelante en su integridad el preámbulo y la introducción, así como la mayoría de las recomendaciones. Entre ellas, se aprobó exigir al Gobierno de la Nación el desarrollo de la nueva ley de formación profesional para el empleo, aprobada en septiembre de 2015 y que está a falta de desarrollo reglamentario, por lo que no ha podido ser aplicada; así como también la aprobación de una Ley Andaluza de Formación profesional para el Empleo, que en la línea de la legislación básica estatal, recoja las singularidades propias de la Comunidad.

También se propone la realización de estudios previos rigurosos de las tendencias y necesidades del mercado laboral, de tal manera que la oferta de los cursos sea producto de dicho estudio, con la consiguiente comprobación y valoración real y efectividad de la empleabilidad; y la puesta en marcha de evaluaciones finales individualizadas, que permitan evaluar el resultado del impacto de la política pública en términos de empleo.