Cámara de Cuentas cifra en 302 millones el desfase entre presupuesto de la Junta en vivienda y rehabilitación y gastos

SEVILLA 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Cuentas de Andalucía ha cifrado en 302,1 millones de euros el "desfase" entre la dotación presupuestaria del programa 43A de la Consejería de Fomento y Vivienda sobre 'Vivienda, rehabilitación y suelo' y los gastos generados por la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) en los programas de gestión delegada --actuaciones realizadas por cuenta de la Consejería--, de forma que a cierre de 2011 estaba cuantificado en 256,6 millones y se ha incrementado a cierre de 2015 un 18 por ciento hasta 302,1 millones.

En su informe de fiscalización sobre dicho programa, correspondiente a 2015, la Cámara de Cuentas, en materia de auditoría financiera, apunta que los estados del programa 43A "expresan la imagen fiel de la ejecución del presupuesto de 2015, de conformidad con la norma y con los principios contables y presupuestarios", salvo por una serie de salvedades, toda vez que "no se ha facilitado la cuenta financiera a la que se han imputado el presupuesto de gastos del programa 43A, lo que ha imposibilitado la verificación de los gastos".

Además, considera que "la imputación en el presupuesto por el importe neto de los ingresos y gastos de las fianzas por arrendamiento y suministros resulta contraria al principio de presupuesto bruto" y además ha indicado que "los compromisos derivados de la concesión de préstamos reintegrables no han sido reflejados en su totalidad en la liquidación del presupuesto de gastos".

En materia de cumplimiento de la legalidad, la Cámara de Cuentas también considera que las actividades realizadas de las áreas de transferencias, subvenciones, devolución de fianzas, contratación, encomiendas y convalidación de gastos del programa presupuestario 43A del ejercicio 2015 "resultan conformes con la norma de gestión de fondos públicos".

No obstante, entre las salvedades en este apartado, el ente ha indicado que la justificación de las transferencias nominativas de 2015 a AVRA para actuaciones del programa de ayudas Renove a la rehabilitación de edificios y del programa de rehabilitación integral, renovación urbana y erradicación del chabolismo, "se basa en certificaciones de pagos que no acreditan la realización de la actividad".

Asimismo, ha apuntado que la cobertura indirecta del déficit de los programas de gestión delegada incluidos en el Programa de Actuación, Inversión y Financiación (PAIF) de AVRA, mediante subvención nominativa de las cuotas por amortización de los préstamos suscritos, "no se considera adecuada, en la medida en que no exige para su justificación la acreditación de la aplicación a la finalidad establecida de los fondos obtenidos con los préstamos subvencionados".

Apunta "desfases" en las ayudas para subsidiación autonómica de cuotas de los préstamos hipotecarios al promotor de viviendas, por "exceso entre la subvención justificada y la efectivamente aplicada, por importe acumulado de 614.000 euros".

El informe apunta que en las subvenciones estatales al promotor de viviendas y alojamientos protegidos, las ayudas a inquilinas en situación de vulnerabilidad, las subvenciones para la adecuación funcional básica de viviendas y al programa de subvenciones para la rehabilitación autonómica y transformación de infravivienda, "se observa incumplimiento del plazo máximo de resolución y notificación".

Ha apuntado que en las subvenciones para la rehabilitación autonómica y la transformación de infravivienda "no consta el desarrollo con carácter previo a la concesión, de los criterios, como cumplimiento de principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación".

Por otro lado, el informe indica que el programa de rehabilitación del patrimonio de interés arquitectónico y las actuaciones singulares en centros históricos o ámbitos urbanos de fragilidad medioambiental "no se han adaptado a la normativa de subvenciones y ayudas públicas, a la que debería adecuarse".

El informe apunta que en la tramitación de las encomiendas a la AVRA para actuaciones singulares en centros históricos o ámbitos urbanos de fragilidad medioambiental, "no se justifica el carácter extraordinario o coyuntural ni las razones de economía, eficacia o eficiencia que motivan recurrir a la misma".

RETRASOS Y FALTA DE VERIFICACIÓN

El informe asimismo ha apuntado que los libramientos pendientes de justificar del programa presupuestario 43A, "a cierre de 2015 acumulan una demora superior a cuatro años desde el vencimiento del plazo límite y ascienden a 4,3 millones", tras lo que apunta que "si bien constan requerimientos de justificación, dada la antigüedad de los vencimientos, el riesgo de prescripción es muy elevado, debiendo analizarse si procede o no la exigencia de reintegro o depuración de saldos".

El ente fiscalizador considera que la tramitación de expedientes de subvención y subsidiación a promotores de vivienda "adolecen de falta de verificación del coste de la actuación subvencionada".

Asimismo, en la convocatoria 2014 de subvenciones a personas en vulnerabilidad para el alquiler, "se observan retrasos en la publicación de las bases, concesión de subvenciones, justificación, revisión de justificaciones y la exigencia de reintegro, que inciden en el elevado índice de incumplimientos por beneficiarios".

Además de estos análisis, el ente fiscalizador ha hecho un seguimiento de aspectos del programa 43A destacados en un informe de 2012 sobre fuentes de financiación y gestión de recursos humanos de AVRA, correspondiente a 2011, donde se apunta que el desfase entre la dotación del programa 43A y los gastos generados por AVRA ha subido a cierre de 2015 un 18 por ciento, hasta los 302,1 millones.

RECOMENDACIONES

El ente fiscalizador efectúa una serie de recomendaciones en este informe, como es "comprobación las justificaciones presentadas por AVRA de las transferencias nominativas destinadas a intermediación en el marco de programas de rehabilitación integral, renovación urbana, erradicación del chabolismo y ayudas Renove para la rehabilitación, cuya justificación se base en pagos o abonos efectuados a los beneficiarios, para verificar si dichos pagos se basan en gastos realizados".

También recomienda una regulación del programa de rehabilitación del patrimonio de interés arquitectónico de titularidad municipal "que garantice los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación".

El informe también pide la reducción de plazos mediante la agilización de los procedimientos para publicar la normativa de las diferentes subvenciones, así como la tramitación y resolución de solicitudes. También recomienda una adecuación de las convocatorias de subvenciones a la dotación presupuestaria existente.

Además recomienda la publicación de los criterios para la asignación de actuaciones por municipios, previa a la concesión de ayudas de rehabilitación autonómica y transformación de infravivienda.

También demanda una aplicación "sistemática" en la tramitación de expedientes de subvención, de procedimientos que "garanticen un control de la concurrencia de subvenciones destinadas a esa finalidad, a efectos de verificar su compatibilidad y que el importe acumulado no exceda del coste de la actividad subvencionada".

El ente fiscalizador también recomienda un marco regulatorio de las actuaciones singulares en centros históricos o ámbitos urbanos de especial fragilidad medioambiental del programa regional de espacios públicos de titularidad municipal, "acorde con la normativa sobre subvenciones y ayudas públicas".

Reclama además fórmulas para la valoración de la proposición económica "sencillas y de fácil interpretación", y la contratación de los servicios de redacción de proyectos y de estudios de seguridad y salud del programa de rehabilitación autonómica, una vez garantizada la disponibilidad presupuestaria.