Cano Bueso ve un "probable ilícito penal" la filtración del Presupuesto aunque cree "bastante difícil" saber su autoría

JAÉN 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Consultivo de Andalucía, Juan Cano Bueso, ha admitido este jueves que será "bastante difícil" identificar a quienes hayan podido "filtrar" la documentación relativa al Anteproyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2014, si bien ha avanzado que por su parte "no va a quedar la voluntad de perseguir conductas" que, a su juicio, "desde luego son ilegalidades administrativas y probablemente ilicítos penales".

Así lo ha indicado Cano Bueno en declaraciones a Europa Press antes de impartir una conferencia en la sede de la Diputación de Jaén bajo el título 'España ante la cuestión territorial', tras ser cuestionado sobre la polémica generada a raíz de que esta semana la vicesecretaria de Organización del PP andaluz, Ana Corredera, avanzase en una rueda de prensa que la Junta va a "congelar de nuevo" la Patrica y a "mantener los recortes" a los empleados públicos en 2014 según tenía "constancia" por el anteproyecto de Ley presentado al Consejo Consultivo.

De esta manera, el presidente de este organismo ha confirmado la apertura, ordenada por él mismo, de "una investigación reservada para indagar las posibles responsabilidades de quienes hubieran podido ser autores de la filtración", si bien ha confesado ser consciente de que "en el mundo de la comunicación fluida" como, en su opinión, es el actual, "ello será bastante difícil".

En todo caso, Cano Bueno ha insistido en "condenar la filtración", remarcando que el Consejo Consultivo es "un órgano que se maneja con criterios de confidencialidad, neutralidad e independencia", de forma que "la filtración de un documento hace un daño a la institución en términos de credibilidad y fiabilidad".

Por ello, ha lamentado que, "en este caso el PP, como podía haberlo hecho otro partido", se haya valido de esa filtración, tras la cual aprecia un comportamiento que "condena rotundamente" porque con él se "viola el deber de confidencialidad al que están obligados todos y cada uno de los consejeros a observar en el manejo de los documentos para evacuar sus dictámenes", ha concluido.