CCOO acusa a la Junta de "blindar" a directivos de la FPS y Satse se suma a UGT al avisar de "irregularidades"

SEVILLA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

CCOO Andalucía ha criticado este martes que el personal de la Fundación Progreso y Salud (FPS) formará parte del Instituto de Salud de Andalucía (ISA) en una "situación de desigualdad laboral grave", dado que "no cuenta con un convenio colectivo que regule sus relaciones laborales". Así, la central sindical ha advertido de que la Junta "está blindando" a seis directivos de esta Fundación para que "sus puestos se puedan convertir en puestos asociados a contratos indefinidos ordinarios". Sobre este particular, sobre el que alertó hace días UGT Andalucía, el sindicato de Enfermería Satse se suma a los avisos de "posibles irregularidades" en estas seis contrataciones.

Desde la Consejería de Salud explicaban recientemente a Europa Press que "la extinción de los contratos directivos es necesaria y ajustada a derecho, como lo es la necesidad de dotar de jefaturas de área a la actual Fundación Progreso y Salud, y la cobertura de dichos puestos se hará bajo los principios requeridos de igualdad, mérito y capacidad". La plantilla de la Fundación, aclaran las fuentes, se subrogará al Instituto, lo que "garantizará la continuidad de los más de 400 profesionales de la Fundación".

Tal y como ha detallado CCOO en una nota de prensa, la creación del ISA supone la fusión de dos organismos de la Junta --(FPS) y la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP)--. A esa fusión, los trabajadores de la FPS "van en una situación desfavorable, ya que, a diferencia de los que vienen de la EASP, no tienen un convenio colectivo que regule sus relaciones laborales". De este modo, ha afirmado que este personal pasará a formar parte del ISA, en una "situación de desigualdad laboral grave que no se ha querido corregir".

Asimismo, han recordado que el personal de la FPS no tiene convenio colectivo porque, "desde hace cinco años, la Consejería de Hacienda y los organismos encargados han bloqueado la negociación del que se había firmado", alegando que suponía un "incremento de masa salarial". "Sin embargo, a los mismos que celosamente vigilaban y bloqueaban todo incremento de masa salarial que pudiera mejora la situación del personal, no les ha temblado la mano a la hora de tomar medidas que garanticen el futuro de directivos", ha aseverado el portavoz de la FSS-CCOO-A, Luis González.

Según el sindicato, "estos seis directivos --cuyos contratos de alta dirección debían extinguirse con la creación del ISA--, han merecido toda la protección" de la Junta para que "sus puestos se puedan convertir en asociados a contratos indefinidos ordinarios", es decir, jefaturas de servicio. "Para poder dar la oportunidad a estos directivos de mantener sus puestos no ha habido problema en manejar las cifras". Según los datos de un informe perteneciente a la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, "se justifica una necesaria organización institucional, sin aumento de masa salarial", ha añadido González.

Además, según la memoria de creación del ISA, el ahorro que "supuestamente se iba a generar la extinción de estos seis contratos de alta dirección", permitiría la dotación económica para la convocatoria de nuevos puestos que serían ocupados por personal funcionario, por lo que también la estructura del ISA "sale perjudicada" por esta actuación de reorganización. En este contexto, uno de los centros de investigación que gestiona FPS la dirección "ni siquiera ha admitido tramitar una reestructuración de plantilla por las necesidades y evolución del centro, en la que se proporcionaba a sus trabajadores un proceso de mejora para prestar un servicio de mayor calidad a los investigadores, adaptando los costes a la masa salarial existente, sin que hubiera aumento alguno".

Por su parte, según Satse, la Fundación ha realizado "una serie de maniobras" en el proceso de contratación que "podría favorecer a un grupo determinado de directivos" y ha recordado que estas contrataciones, según el proyecto de decreto de los estatutos del Instituto de Salud de Andalucía, "deberían emplearse para el nombramiento de personal funcionario necesario para su correcto funcionamiento". El Sindicato de Enfermería ha enviado escritos a la consejera de Salud, Rocío Hernández Soto; al gerente de la Fundación Progreso y Salud, Gonzalo Balbontín, y al secretario general de Salud Pública e I+D+I de la Consejería de Salud y Consumo, Isaac Túnez Fiñana, solicitándoles información sobre el proceso "a fin de aclarar lo ocurrido y depurar responsabilidades".

Satse ha considerado que estas prácticas no solamente pondrían "en entredicho la transparencia y la equidad" en el acceso al sistema público andaluz, sino que también "afectarían directamente al prestigio" de la Fundación Progreso y Salud. "Es fundamental --en opinión del sindicato-- garantizar que los procesos de contratación en el sector público se basen en criterios de mérito, capacidad y transparencia, tal y cómo se exige al resto de trabajadores de la Fundación Progreso y Salud".