CCOO-A defiende a los sindicalistas imputados en la nueva pieza de los ERE y ve "forzada" la inclusión de Carbonero

SEVILLA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Sindical de CCOO Andalucía ha defendido este jueves a los sindicalistas imputados en la nueva pieza de los ERE tras un auto de la juez María Núñez Bolaños y ha considerado "excesivamente forzada" la inclusión del que fuera secretario general del sindicato, Francisco Carbonero, en el mismo.

Así lo ha señalado el sindicato en un comunicado tras el auto de la juez María Núñez Bolaños en el que ha abierto una nueva pieza separada en relación con las ayudas sociolaborales concedidas durante la crisis de la minería de la Faja Pirítica de Huelva y donde ha incluido como investigados en la misma a dos ex altos cargos que formaban parte del Gobierno de José María Aznar en 2003, a seis ex altos cargos de la Junta y a los ex secretarios generales de UGT-A, Manuel Pastrana, y de CCOO-A, Francisco Carbonero.

De esta manera, el sindicato ve la inclusión como investigados de algunos sindicalistas como "totalmente innecesaria y fuera de lugar" siendo, a su juicio, "aún mas injustificable la inclusión de quienes no han tenido, como se refleja en el propio auto, ninguna actuación directa, salvo la de actuar como representante legal en la constitución de una asociación requerida por la Administración central y autonómica".

CCOO Andalucía ha indicado que el auto dictado "no constata actuación personal alguna en hechos que sean constitutivos de delito alguno" y ha aclarado que "la actuación de todos los miembros de este sindicato ha sido como representantes de la Federación Minerometalúrgica", estructura sindical a la que estaban afiliados los mineros de la Faja Pirítica de Huelva y para seguir el ejercicio del mandato constitucional de defensa de los intereses de los trabajadores, recogidos en los artículos 7 y 28 de la Constitución Española, "tal y como se ha hecho en muchas otras empresas por todo el territorio español".

De esta manera, CCOO-A ha apuntado que la actividad de los sindicalistas ha sido la instada por la Administración central y autonómica, y "supervisada por ellas en todo momento". Asimismo, la organización sindical ha considerado "más que extraño" que se señalen como investigados tan solo cinco beneficiarios de una actuación que alcanzó a mas de 700 trabajadores, "máxima prueba de la inconsistente existencia de irregularidades". El sindicato ha hecho hincapié en que "toda la actuación del sindicato ha sido instada y refrendada por las administraciones públicas".

"DEMOSTRAR HONESTIDAD Y HONORABILIDAD"

Asimismo, CCOO-A ha advertido de que la inclusión del que fuera secretario general de la organización, Francisco Carbonero, se realiza de forma "excesivamente forzada", pues "su única actuación ha sido haber firmado en nombre de la Confederación la constitución de una asociación de trabajadores, a petición de la Administración central y autonómica, sin haber participado en ninguna otra actividad".

Por último, CCOO-A ha mostrado "su total y absoluto" apoyo a los hoy señalados porque "siempre han actuado en defensa de los derechos de los trabajadores" y por ello ha anunciado que realizará "todas las acciones necesarias para demostrar la honestidad y honorabilidad de los compañeros en su labor sindical".

Cabe recordar que en un auto fechado el día 26 de junio, al que ha tenido acceso Europa Press, la juez de Instrucción número 6 de Sevilla incluye en esta nueva pieza separada de los ERE a la ex secretaria general de Empleo y la ex directora general de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Carmen de Miguel García y Soledad Córdova Garrido, respectivamente.

Asimismo, y por las ayudas concedidas en 2003 a los trabajadores de cinco compañías mineras de la Faja Pirítica, la juez acuerda investigar a los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández; al exviceconsejero del ramo Agustín Barberá, y a los ex directores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Daniel Alberto Rivera y Juan Márquez, además de a diez sindicalistas, cinco trabajadores incluidos como 'intrusos', un abogado y un mediador de seguros.