CÓRDOBA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -
Responsables de los sindicatos UGT y CCOO de Córdoba se han concentrado este lunes en la Plaza de las Tendillas de la capital cordobesa en protesta por las tres últimas muertes contabilizadas en la provincia como accidente laboral, con dos fallecidos por caída desde de altura y otro más en accidente de tráfico en servicio.
Según han informado en un comunicado conjunto ambos sindicatos, durante la concentración, los responsables de Salud Laboral de CCOO y UGT han recordado a la Junta de Andalucía que "el plan de choque aprobado hace un año, y que expira a final de julio, incluía un mapa de siniestralidad laboral del que, por el momento, no se sabe nada".
El secretario de Salud Laboral de CCOO de Córdoba, Aurelio Martín, ha señalado que "llevamos escuchando desde hace tiempo a la Administración decir que la siniestralidad laboral está bajando en nuestra provincia" y, "si miramos los datos fríamente, efectivamente, tenemos un 4% menos de accidentes laborales con bajas en el período de enero a mayo, con respecto al año anterior, pero tenemos que ahondar un poco más en las cifras para darnos cuenta de la de la realidad de que los accidentes graves, que simplemente por causas del azar no llegan a ser mortales, se están incrementando".
De hecho, "en 2022 los sindicatos denunciamos que estaba habiendo una infra declaración de este tipo de accidentes por parte de las mutuas. Ese año, en el periodo de enero a mayo, se habían declarado 25 accidentes graves, y tras nuestra denuncia en 2023 se declararon 41, y en este 2024 ya llevamos 43 accidente graves, lo que nos lleva a pensar que esa disminución de los accidentes está en los accidentes leves", de los que "muchos quedan sin denunciar y, por lo tanto, no cuentan en la en las estadísticas".
Por su parte, el secretario de Salud Laboral de UGT Córdoba, Jaime Sarmiento, ha lamentado "que se sigan produciendo fallecimientos en el trabajo que siempre entendemos pueden ser evitables si se establecen y cumplen los protocolos debidos de prevención de riesgos", y ha avisado a las empresas que no las lleven a cabo a que "podrán tener una sanción que va más allá de lo civil, con la aplicación del Decreto 2/23 de mayo del pasado año, así como el Decreto 486/97, ya que podrían incurrir en delitos y, en ese caso, se enfrentarían a posibles penas de cárcel".
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