SEVILLA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -
Las secretarias generales de CCOO-A y UGT-A, Nuria López y Carmen Castilla, respectivamente, han pedido al Gobierno de la Nación y a la Junta de Andalucía que devuelvan a los trabajadores, a través de un plan extraordinario de formación, "los más de 1.000 millones de euros" que han sido retraídos de sus nóminas para formación durante el periodo en el que estas políticas han estado paralizadas en la Comunidad.
Así se han pronunciado ambas durante su participación en los Desayunos Fórum Europa. Tribuna Andalucía, a los que ha asistido una importante representación del Gobierno andaluz, con el vicepresidente de la Junta y consejero de Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, Manuel Jiménez Barrios, a la cabeza, y también representantes de los partidos políticos y de organizaciones sociales y económicas.
Nuria López ha lanzado esta propuesta durante su intervención inicial en los desayunos aunque durante el coloquio ha insistido en la misma. Según ha explicado, este dinero "finalista" no se ha gastado en la formación de los trabajadores especialmente en Andalucía, tal y como se ha denunciado por parte de la Defensoría del Pueblo.
Por ello, ha reclamado tanto al Gobierno de España como a la Junta la devolución de este dinero, "necesario para aumentar la productividad de nuestras empresas y porque los trabajadores andaluces durante estos cinco años hemos perdido pie con el resto de trabajadores del país, donde sí ha habido formación".
"Queremos que haya un acuerdo entre las dos administraciones en torno a la puesta en marcha de un plan extraordinario para desarrollar las sinergias a las que los trabajadores se van a tener que enfrentar por esos procesos de automatización y digitalización, teniendo las mismas oportunidades", ha destacado.
Carmen Castilla, que ha dicho estar totalmente de acuerdo con la iniciativa mencionada por López, ha indicado que se trata de unos fondos con carácter finalista que no han ido a las políticas de formación durante un determinado periodo. "Es un dinero que se retrae de las nóminas para la formación como derecho fundamental que tienen los trabajadores", ha apuntado.
Junto a ello, la máxima dirigente de UGT-A ha destacado los datos que apuntan la existencia de un paro estructural en Andalucía, "muchas veces motivado porque mucha juventud se marchó a la construcción y ahora es difícil buscarle una inserción en otro tipo de puestos más enfocados, por ejemplo, a la robotización o a una producción industrial 4.0".
LEY DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL
Durante estos desayunos informativos ambas dirigentes han coincidido también en la necesidad de que el Gobierno andaluz incluya en su calendario legislativo para 2018 la puesta en marcha de una ley de representación institucional "con todas las garantías", siendo Andalucía "de las pocas comunidades que aún no cuentan con esta normativa", según ha señalado Carmen Castilla.
"Queremos participar en el diseño público de las políticas, lo que ahora es voluntad del gobierno de turno", ha apuntado López, quien ha reclamado un calendario cierto para la puesta en marcha de una normativa que dé "legalidad clara de cómo son los procedimientos". "Ya vamos tarde", ha advertido la representante sindical de CCOO-A.
Por otro lado, ambas representantes han lamentado además que "haya que estar muy encima" del Gobierno andaluz para la aplicación del acuerdo alcanzado sobre cláusulas sociales. Según ha apuntado López, hace ya un año de su aprobación, "un acuerdo novedoso y muy bueno, y la Junta tiene que trabajar más para que se lleve a efecto.
Finalmente, tanto López como Castilla han mostrado su respeto a todos los movimientos sociales que han surgido en los últimos tiempo, como por ejemplo las mareas, aunque han querido dejar claro que los sindicatos son los "representantes legítimos" de los trabajadores. Para la secretaria general de CCOO-A, "muchas veces estos movimientos están alentados desde posiciones políticas que pretenden distorsionar".