CCOO urge que se acorte el plazo para la entrada de vigor de la Ley de Participación Ciudadana y pide más concreción

UCA-UCE estima que el texto es "confuso" respecto a la posibilidad de complementar las acciones ciudadanas a escala individual y colectiva

SEVILLA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO ha urgido a que "se acorte el plazo para la entrada de vigor de la Ley de Participación Ciudadana" y ha pedido más concreción.

El sindicato, en comparecencia parlamentaria para valorar el Proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, saluda la iniciativa de elaborar la norma, "insistentemente demandada por las organizaciones sociales", pero reivindica más concreción. "Estamos ante un proyecto de Ley incompleto, insuficiente y una falta de concreción tal, que dificulta la materialización del derecho de participación que se pretende regular", ha indicado la secretaria de Política Social y Migraciones de CCOO-A, Rosa Berges.

En ese sentido, CCOO califica de "preocupante" el plazo de año y medio establecido para su entrada en vigor "cuando en los borradores era de un día" y solicita que se fije un plazo "acorde a una Ley que carece de complejidad técnica pero que regula derechos básicos para la ciudadanía".

Berges ha comparecido en el Parlamento andaluz para valorar el proyecto de Ley de Participación Ciudadana y, tras valorar la iniciativa de elaborar una norma "demandada con urgencia" por las organizaciones sociales y que "afecta al derecho básico de las personas de intervenir en la vida política, económica, cultural y social", Berges ha puesto de relieve algunas cuestiones que el sindicato entiende que hay que modificar.

El sindicato, que parte de la premisa de que es necesaria una "participación efectiva" de la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones de los asuntos públicos para que el sistema democrático pueda sostenerse y paliar la desafección hacia la política y la desvaloración de lo público, considera "indispensable" que esta Ley fije unos requisitos o criterios objetivos de participación en los distintos niveles en los que se vaya a articular. "Es indispensable establecer garantías a favor de la constitución, desarrollo y vigencia de los cauces de participación ciudadana", ha añadido.

En ese sentido, Berges ha puntualizado en su intervención que "resulta llamativa la supresión en este proyecto del principio de rendición de cuentas, control y seguimiento, en virtud del cual las administraciones públicas y entidades responsables de gestión serán evaluadas por la ciudadanía a través de los mecanismos de participación, máximo cuando en borradores anteriores si aparecía".

"No alcanzamos a entender esta supresión que choca con la relevancia e importancia social que este tema ha alcanzado entre la ciudadanía", apostilla la dirigente de CCOO.

Por otra parte, el sindicato ha pedido que la Ley "se acompañe de un sistema de ayudas económicas adecuado a la finalidad de la norma, que permita el ejercicio de la participación ciudadana de manera real y efectiva en el desarrollo de las políticas públicas y de la acción de gobierno y en las decisiones que afectan a su vida cotidiana".

La falta de concreción de la Ley es para CCOO "uno de los aspectos en los que más flaquea", ya que para la central es "preocupante" que una Ley de este calado que "carece de complejidad técnica u organizativa pero da respuesta a derechos básicos de la ciudadanía tenga un periodo de 18 meses para entrar en vigor, cuando en borradores anteriores era de un día".

Asimismo, el sindicato lamenta el "abuso que se hace de la remisión al desarrollo normativo y reglamentario de sus contenidos". "Esa falta de concreción, que hace que ni siquiera se establezcan plazos para el desarrollo reglamentario de la Ley, le hace perder en autoridad y estima social", apostilla Berges.

Frente a ello, el sindicato ha instado al Gobierno andaluz a fijar un plazo para su entrada en vigor acorde a las características de la norma y más en consonancia con la normal producción legislativa, "que entendemos debe ser el habitual de 20 días que regula nuestro Código Civil".

POSICIÓN DE UCA-UCE

Por su parte, el presidente de la Unión de Consumidores de Andalucía (UCA-UCE), Juan Moreno, ha hecho una valoración general positiva del proyecto de Ley de Participación Ciudadana de Andalucía, pero estima que el texto legislativo objeto de discusión "es confuso respecto a la posibilidad de complementar o hacer simultáneas las acciones ciudadanas ejercidas a escala individual y colectiva a través de entidades de participación ciudadana".

UCA-UCE echa de menos un análisis previo de la realidad del tejido asociativo andaluz, y del papel que han desempeñado y actualmente desarrollan las organizaciones andaluzas.

Juan Moreno ha recordado que las demandas sociales de los últimos años "apuntan a la necesidad de reforzar la posición de la ciudadanía con nuevas formas más directas de participación, y la articulación de nuevos cauces de información, conocimiento y motivación". UCA-UCE hace suyas esta reivindicaciones y por ello estima "muy oportuno" el nuevo texto legislativo presentado en esta materia.

Recuerda que en los últimos años la comunidad autónoma "ha avanzado en el desarrollo de instrumentos de participación tales como las consultas populares locales, la Iniciativa Legislativa Popular, o la reforma del Reglamento de este Parlamento de Andalucía, dando cabida a la figura del Escaño 110".

No obstante, considera que estos avances "se han revelado insuficientes y la ciudadanía andaluza y sus organizaciones representativas demandamos un nuevo instrumento de rango legal llamado a dar respuesta a las nuevas necesidades de participación y profundización democratica, algo que esta ley está llamada a concretar y materializar".

Así, UCA-UCE valora la iniciativa puesta en marcha por el Gobierno andaluz para abordar la elaboración de esta Ley de Participación Ciudadana.

No obstante, UCA-UCE plantea algunas dudas y propuestas de mejora respecto a las proposiciones de este Proyecto de Ley. En este sentido cree que la participación ciudadana ejercida a nivel individual directamente o de forma colectiva a través de entidades de participación ciudadana "no deben plantearse como alternativas excluyentes, sino complementarias" y estima que el texto "es confuso a este respecto".

Asimismo, en línea con lo en su día planteado por el Consejo de las Personas Consumidoras y Usuarias de Andalucía, UCA-UCE manifiesta la necesidad de "vertebrar medidas de apoyo y seguimiento a la participación para que ésta pueda ser de calidad y cuente con la suficiente dotación presupuestaria". También ve importante que "se indiquen los plazos que delimitan y comprometen temporalmente los desarrollos reglamentarios a los que se hace mención".

Por otro lado, UCA-UCE echa de menos un análisis previo de la realidad del tejido asociativo andaluz, y el papel que han desempeñado y actualmente desarrollan las organizaciones andaluzas, "cuantificando su relevancia social y su capacidad de acción, muy mermada en los últimos tiempos".