SEVILLA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -
Los sindicatos CCOO y Ustea han manifestado "su rechazo contundente al 'pin parental' que la Junta pretende implantar en Andalucía", toda vez que han exigido "la inmediata retirada del acuerdo entre el consejero de Educación, Javier Imbroda, y Vox", mientras que UGT ha pedido explicaciones al consejero sobre este asunto y ha solicitado una reunión de Mesa Sectorial "para ser informados en qué términos se ha firmado dicho acuerdo".
Así, en un comunicado, CCOO señala que "este miércoles se ha conocido la firma de un acuerdo por el que se va a implantar el 'pin parental' en los centros educativos andaluces", al tiempo que afirma que "ello es fruto de los favores que el consejero de Educación debe pagar a Vox por el apoyo a su investidura, aunque este acuerdo suponga un empeoramiento de la educación e infravalorar, pisotear y cuestionar la labor del profesorado".
En este sentido, según el sindicato, "el 'pin parental', que en realidad es un 'veto parental', supone un ataque frontal a la libertad de cátedra y de enseñanza, pues ataca los principios en los que se fundamenta la docencia".
Para la responsable de Mujer, Igualdad y Política Social de la Federación de Enseñanza de CCOO Andalucía, María Trinidad Montes, "es una situación no nueva que ha adoptado nuevas formas, en línea con el concepto manipulado de libertad de las familias, para someter la profesión docente a intereses ideológicos, políticos y religiosos, siendo una estrategia que fomenta la desconfianza de un sector de la sociedad hacia el colectivo docente".
Desde el sindicato se recuerda que la profesión docente "es altamente creativa y compleja y requiere tanto de alto grado de autonomía para su ejercicio como del apoyo y confianza de la sociedad". Tanto es así, que "hay que considerar al profesorado como un agente clave en los procesos de construcción de una sociedad más justa, libre y democrática, y el veto parental supone un ataque a estos fundamentos y a su trabajo", agrega.
Para el sindicato, "el 'veto parental' que se va a implantar en Andalucía es otra vuelta de tuerca más en la política de desacreditación de la profesión docente, siendo uno de los principales problemas con los que se encuentra la escuela, pues el profesorado no se siente valorado ni respaldado en sus decisiones, sino cuestionado y fiscalizado".
Además, según Montes "no se trata de una simple autorización para el acceso a una actividad, sino vetar actividades que forman parte del contenido curricular del plan de un centro educativo destinado a la formación igualitaria e inclusiva".
CCOO exige también al Consejero de Educación "hacer su trabajo y convocar el Observatorio Andaluz de la Convivencia Escolar, pues querer privar al alumnado de contenidos orientados al respeto de la diversidad generará interferencias graves en la normal convivencia en los centros educativos".
"Por todo, CCOO no cejará en su empeño de frenar las actuaciones de las organizaciones de la extrema derecha que, con iniciativas como el veto a determinados contenidos impartidos dentro del horario lectivo, pretenden acabar con los consensos sociales y educativos y desprestigiar y limitar la labor del profesorado", concluye Montes.
Por su parte, Ustea añade que "ante este grave ataque al profesorado, alumnado y a la educación pública en su conjunto", exige al consejero de Educación "que, de manera inmediata, retire su firma del lamentable acuerdo que se ha hecho público, manifestando su compromiso claro y rotundo de no implantar una medida tan lesiva para la educación pública y para los derechos tanto de trabajadores y trabajadoras de la enseñanza como para el alumnado".
También solicita que "se den por extinguidos" el punto 13 del acuerdo de investidura entre PP y Vox, "en el que se refleja que los padres puedan excluir a sus hijos de la formación no reglada por actividades complementarias o extraescolares cuando sean contrarias a sus convicciones", así como el punto correspondiente del acuerdo de presupuestos para el año 2021 entre PP, Cs y Vox, "en el que se concreta el establecimiento de una autorización expresa de las familias para la participación de sus hijos en actividades complementarias".
"Insistimos en que la ley protege el interés superior de los menores, es decir, prevalece el derecho a acceder al currículo completo, y las actividades complementarias forman parte de ese currículo", agrega Ustea, que considera, por tanto, "que desde el Gobierno de nuestra comunidad y desde la propia Consejería de Educación se está sometiendo al profesorado a una situación de vulnerabilidad y extendiendo sobre el conjunto de los profesionales docentes la oscura sospecha y presunción de adoctrinadores en supuestas ideologías de género".
Por su parte, desde UGT señalan que "desde que comenzó la legislatura del Gobierno actual en Andalucía se
ha hablado mucho sobre el llamado 'pin parental'" y desde UGT
"adquirimos, en Mesa Sectorial celebrada a principios de 2019, el
compromiso del propio Consejero de Educación de que no iba a
firmar ningún acuerdo sobre este tema", indican.
UGT EXIGE REUNIÓN DE LA MESA SECTORIAL
Sin embargo, "en el día de ayer sorprendentemente pudimos comprobar, a través de los medios de comunicación, que se ha llevado a cabo la firma de este acuerdo", lamentan en un comunicado desde el sindicato, y añaden que "no han sido informados en Mesa Sectorial sobre esta cuestión", por lo que, en la mañana de este jueves, desde UGT han solicitado por registro de la Consejería de Educación una reunión de Mesa Sectorial "para ser informados en qué términos se ha firmado dicho acuerdo".
"En UGT podemos estar de acuerdo en que la participación de las
familias sea significativa pero no podemos consentir incrementos de
carga de trabajo para el personal docente", agregan. Por tanto, desde FeSP UGT Andalucía "reivindicamos a la Administración la mencionada reunión para poder estar informados de primera mano y poder actuar consecuentemente si afecta negativamente a las condiciones laborales de los docentes andaluces".
Por último, el secretario de comunicación de ANPE-Andalucía, Antonio Brea, indica a Europa Press que "desde el desconocimiento del contenido concreto del acuerdo, desde ANPE no tenemos inconveniente en la implantación de mecanismos que faciliten la comunicación entre los centros educativos y las familias, pero nos opondremos a aquellos que puedan servir para una intromisión de las mismas en la planificación pedagógica realizada por el profesorado".