CEA reclama seguridad jurídica y "prudencia" en las medidas laborales y fiscales "para no obstaculizar" la recuperación

El presidente de la CEA, Javier González de Lara, en la sede de la patronal andaluza en una foto de archivo.
El presidente de la CEA, Javier González de Lara, en la sede de la patronal andaluza en una foto de archivo. - María José López - Europa Press
Publicado: jueves, 28 octubre 2021 16:15


SEVILLA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) ha reclamado este jueves seguridad jurídica y "prudencia" en las medidas laborales y fiscales "para no obstaculizar la recuperación", una vez que se han conocido los datos de la Encuesta de Población Activa correspondiente al tercer trimestre de 2021, que ha registrado en nuestra comunidad 41.100 desempleados más que
el trimestre anterior (4,74%), y 23.000 menos que el año pasado (-2,47%).

Así, la tasa de paro en Andalucía se sitúa en el 22,41%, siendo la comunidad autónoma que más aumentó el desempleo en el último trimestre. De este modo, y aunque en términos interanuales la situación haya mejorado, los datos "son peores que los del segundo, coincidiendo, como reflejaban las cifras de Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) de septiembre, el término de la campaña de verano", afirma la patronal en un comunicado.

Respecto a los ocupados, Andalucía registra un total de 3.147.500; son 7.200 ocupados menos que el trimestre pasado (-0,23%). En la comparativa interanual, son 162.300 ocupados más (5,44%). Andalucía es la Comunidad con el mayor descenso de ocupados respecto al segundo trimestre.

Para la CEA, estos datos de la EPA demuestran la necesidad de "cautela" sobre la intensidad de la recuperación de la economía española ante la incertidumbre futura; "datos que avalan igualmente la prudencia con la que se ha de adoptar cualquier medida de acompañamiento en la salida de la crisis para que la recuperación se consolide".

En el marco de las futuras reformas estructurales, laboral y fiscal, para la patronal andaluza urge aportar seguridad jurídica y confianza eliminando todos los elementos de incertidumbre, rigidez e incremento de costes que pueden lastrar las decisiones empresariales e inversoras para impulsar la dinamización de la actividad económica y del empleo.